Y los asesinos del terremoto del 24/J ¿Van a volver a quedar impunes?

¿Se seguirá repitiendo, tal patrón, en la evasión de responsabilidades derivadas de los sismos del pasado 24 de junio, cuyas devastaciones se pudieron evitar o al menos morigerar?

Para muestra un botón:

Las viviendas del urbanismo que lleva el remoquete de “Ciudad Chávez”, sector Playa Grande, La Guaira, que alojaron a un considerable número de damnificados por el mismísimo deslave de 1999, apuntan en similar sentido. Las 3.136 unidades de la citada urbanización quedaron despanzurradas, “patas arriba”, dejando en evidencia que fueron enclavadas o erigidas, sin fundaciones o cimientos, sobre suelos evidentemente sedimentarios, propensos a la licuefacción durante eventos sísmicos. Proveerlas de sus cuadrículas o respectivas zapatas era sencillo, pero Chávez y sus compinches decidieron que la inversión no valía la pena. Total, las vidas que iban a poner en peligro eran las de unos “pata en el suelo”.

La culpa gravísima, que pesa en primera instancia contra “Summa Inversión Turística S.A.”, no se agota ni en la responsabilidad contractual, decenal (artículo 1.637 del Código Civil de Venezuela), ni en las cotas de un homicidio culposo, sino en lo que se califica en materia penal, como “dolo eventual”. Quiere decir, la consecuencia jurídica que se genera, cuando determinada persona o grupo de éstas, realizan una acción a sabiendas de la posibilidad cierta de provocar un resultado delictivo y que a pesar de ese riesgo, deciden continuar sin parar mientes en las consecuencias. Hablamos de una conducta tan o más asesina pero con diferentes matices del llamado dolo directo (v.gr. cuando alguien le dispara a la cabeza de otro ser humano). Es decir, los ejecutores del “dolo eventual” no persiguen de manera específica, matar o asesinar, pero les resulta indiferente, en lo absoluto, si tal resultado se llegase a concretar a causa de sus acciones u omisiones.

A partir de las anteriores premisas los directivos, ingenieros y quizás, hasta los accionistas de la referida constructora escogida “por el dedote zurdo” sin licitación pública, del entonces Presidente, así como sus ministros, directores sectoriales, ingenieros municipales, que contrataron y/o proyectaron y/o inspeccionaron y/o impulsaron la construcción de semejantes viviendas —lástima que Chávez Frías se encuentre en la Quinta Paila porque siempre quisimos verlo preso— se equiparan a los homicidas en primer grado, con penas que pueden alcanzar el máximo en Venezuela, de 30 años de cárcel.

Las capturas de los responsables y el resarcimiento de las víctimas no es sencillo. Agrega complejidad y dificultad que “Summa Inversión Turística, C.A.” sea una empresa constituida en Turquía, que ni siquiera sé domicilió en Venezuela. En cuanto a sus compinches locales, gozan y seguirán gozando de la impunidad que se les ha brindado, a lo largo de los últimos 27 años, prevalidos de su filiación política.

Y por cierto, después de dos semanas del pasado 24 de junio ¿Qué acciones concretas han desplegado la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para castigar a los presuntos asesinos o para tutelar los derechos de las víctimas, incluidos sus deudos, de esta nueva tragedia?

Creo tenerlo dicho: La llamada RoboLución roba para vivir y vive para robar. De solo oír la palabra “catástrofe” los roboLucionarios de pura cepa, comienzan a salivar y a dejar caer sus babas, porque para ellos equivale a otra oportunidad para la colusión.

La única posibilidad para los afectados de recibir Justicia, es la convocatoria a elecciones libres, creíbles, generales, que renueven, cuanto antes, no solo la presidencia de la República, sino todos Poderes Públicos. Lisonjear a los usurpadores o sacarle partido a la usurpación, en lugar de coadyuvar con la democratización de Venezuela, es hacerse cómplice de semejante escoria.

@omarestacio

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