Once años después de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, el mundo puede respirar más tranquilo. El Acuerdo de París sobre cambio climático, el más ambicioso acuerdo ambiental logrado hasta la fecha, obtuvo el pasado viernes en la sede de la ONU en Nueva York su primer gran logro, después que 175 países firmaran el documento negociado previamente en la capital francesa y en el que se optó por otra fórmula que no por cautelosa es menos comprometida: que cada país dé cuenta periódicamente de sus deberes de reducción de emisiones.
Lo pactado en París puede resumirse en un freno del calentamiento global a niveles inferiores a dos grados centígrados comparados con la temperatura de la era preindustrial. Hace una década, algunos pensaron que ese objetivo era modesto, pero según la acreditada consultora, “Bloomberg New Energy Finance”, el coste de combatir el cambio climático supondrá 12,1 billones de dólares durante los próximos 25 años para los 195 países que adoptaron el compromiso de París.
Nunca antes un pacto internacional había despertado el interés de tal número de países (60 líderes mundiales asistieron al evento) para firmarlo en el primer día. Pero lo más importante comienza ahora, ya que para que el acuerdo entre en vigor se necesita que al menos 55 Estados, que sumen en total el 55% de las emisiones globales, completen el proceso de ratificación de este acuerdo mundial para atajar el calentamiento desencadenado por las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cualquier caso, aunque sea sólo el principio de un proceso que todavía tiene que superar varios obstáculos como es el hecho de que los países necesitan que el texto sea aprobado por sus respectivos parlamentos, se trata del comienzo de una nueva etapa en los esfuerzos internacionales para limitar el aumento de la temperatura del planeta.
Este tratado internacional abre un camino pero los compromisos deberán traducirse en hechos. Concretamente, los dos mayores contaminadores del mundo, Estados Unidos y China, se comprometieron a completar el proceso de ratificación este año y, en el caso de Pekín, antes de la cumbre del G20 prevista para septiembre.
Además de superar el fracaso que supuso los anteriores intentos para fijar metas obligatorias individuales a cada país -el Protocolo de Kioto apostó por esa fórmula y solo logró cubrir el 11% de las emisiones mundiales-, el Tratado de París tiene como prioridad establecer una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo “muy por debajo” de los dos grados, en relación a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5, lo que "reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático" con medidas para combatirlo, siempre que ello "no comprometa la producción de alimentos".
En el caso de Francia, país anfitrión del tratado y que ha abanderado las negociaciones de este primer acuerdo global contra el cambio climático, confía que su Parlamento autorice la ratificación “de aquí al verano”, según dijo el presidente, François Hollande.
Por supuesto que los recelos persisten. En este sentido, los discursos de los líderes mundiales recalcaron el sentimiento de urgencia para actuar contra el calentamiento global y la necesidad de ir más allá de los compromisos del Acuerdo de París que entrará en vigor en 2020, retos que por sí solo no son suficientes para lograr el objetivo de los dos grados.
Sin embargo, la prueba decisiva sobre el éxito o fracaso de los acuerdos será la eficacia de los mecanismos de revisión al alza de los deberes medioambientales cada cinco años, además de una serie de herramientas de transparencia que deberá velar cada país para intentar que el control sea lo más efectivo.
El reparto de la carga de la UE aún no está establecido por países -las negociaciones comenzarán en julio en el seno de la Comisión Europea-, aunque desde la Oficina Española de Cambio Climático estiman que los países miembros de la Unión Europea tendrán que asumir un esfuerzo que supondrá triplicar el que ya existe para 2013-2020, que es reducir un 10% sobre 2005, y ahora podría ser de entre un 25-30%. Un tema complejo que habrá que debatir teniendo en cuenta todos los factores: PIB, emisiones por habitante, tipo de economía, energías alternativas versus combustibles fósiles y el coste beneficio derivado de cada una de las circunstancias de los 28 Estados miembros.
Las voces más críticas advierten de un posible regateo de emisiones entre países, lo que podría crear el efecto conocido como fuga de carbono (carbon leakage), que implica que el ejercicio de una política climática más estricta en un país hace que la actividad productiva y sus emisiones asociadas migren a otros países con tecnología más ineficiente, lo que causaría en éste último un aumento de las emisiones totales.
La exigencia de que los países pobres tomen también compromisos de reducción tiene lógica y urgencia, en la medida en que son las economías emergentes las que contribuirán más al aumento de gases de invernadero. Lo que no impide que se coordinen de forma incontestable todas las políticas climáticas a nivel nacional y se garantice el rigor y la eficacia de todas ellas.
Pero el hecho cierto es que siguen siendo los países más industrializados lo que han creado el problema y los que deben establecer mayores compromisos.
Por ello, que nadie se llame a engaño. No pueden tener potestad moral las naciones más ricas para exigir medidas de equilibrio a los demás, si antes no se comprometen a hacer el esfuerzo al que se comprometieron en Kioto bajo un acuerdo de mínimos y que aún no han cumplido de manera vinculante y responsable.
La ONU ha hecho múltiples esfuerzos de voluntad medioambiental, pero los acuerdos alcanzados hasta la fecha no son suficientes para hacer frente al desafío más importante de los próximos años: el calentamiento global y el aumento de las condiciones climáticas extremas que amenazan la seguridad alimentaria. En esta tarea deben implicarse a fondo todos los países. Una voluntad que se demuestra enfrentando responsabilidades complejas como las que sin duda tendrían que afrontar durante el proceso de ratificación de los acuerdos suscritos en París.
