Uber, Lyft y el compromiso moral

La Comisión de Miami-Dade puede declarar que cualquier proveedor de un servicio similar de transporte tendrá que cumplir con un mínimo de requisitos, desde la exploración de antecedentes penales hasta la adquisición de un seguro comercial contra accidentes, pero igualmente tendrá que tomar una decisión para atender las solicitudes de los taxistas tradicionales, que tienen que cumplir con regulaciones más estrictas y costosas.

No se trata de debatir sobre la legalidad de servicios que son ofrecidos a través de programas informáticos móviles, ni si son prestados por un individuo que trabaja por cuenta propia o son controlados por empresas intermediarias que operan desde paraísos fiscales. Ese debate está en manos de legislaturas superiores e incluso tribunales especializados.

Aquí sopesa la productividad y el ahorro que supone la prestación de ciertos servicios por internet y la adaptación de las leyes condales de Miami-Dade a los tiempos que suponen la era digital del siglo XXI.

También se aprecia el resultado positivo de esos servicios en la sociedad, desde su disposición y disponibilidad hasta el impacto provechoso que producen a diario.

No obstante, la disyuntiva va mucho más allá de la formalidad comercial que exige el cumplimiento de una serie de estándares y normas. Incluso sobrepasa el peso de la popularidad de un servicio que resulta más económico y práctico frente a otro que podría evocar más seguridad y experiencia.

Persiste el compromiso social y moral de asistir a quienes pagaron miles de dólares para obtener el aún existente permiso operacional de taxis, mientras hoy continúan asumiendo las altas facturas de seguro comercial y representan la única fuente de ingresos para sus familias.