Junts, que está presidido desde el exterior por el expresidente catalán Carles Puigdemont, para evitar su procesamiento en España por sedición, rompió con Sánchez por incumplimiento de acuerdos que le otorgaron los votos necesarios en el Congreso para ser reelegido presidente en 2023.
La compleja manera como España escoge sus presidentes, que dista del voto directo que otros países democráticos aplican, permitió a Sánchez ser reelegido entonces, sin haber sido el más votado en las elecciones populares, con el ‘sí’ de al menos 175 escaños en el Congreso nacional.
El PP, que fue el partido más votado, con Alberto Núñez Feijóo al frente, no tuvo la misma suerte porque no logró reunir los 175 apoyos necesarios.
Hoy, tras perder los cinco diputados de Podemos hace un año y ahora los siete de Junts, el Gobierno de coalición de Sánchez cuenta con 163 escaños frente a 170 que suman el Partido Popular (PP) y VOX, nueve del grupo mixto independiente y los siete de la agrupación de Puigdemont.
Sánchez, que reitera “no habrá elecciones hasta 2027”, o sea que no adelanta el proceso a pesar de la pérdida de apoyos y escándalos de corrupción, procura sostenerse, aunque pierda sus propuestas en el Congreso.
Pero, aun así, no hay posibilidad de presentar una moción de censura fructífera, eso que llamamos impeachment en Estados Unidos, porque los socios de gobierno en el Congreso no la secundarían ya que perderían los beneficios que obtuvieron.
A prueba
La primera prueba de fuego sucedió con la propuesta del PP que buscaba suprimir la fecha del cese definitivo de explotación de centrales nucleares. Junts, que acababa de romper con el PSOE, se abstuvo y la enmienda no fue aprobada.
No obstante, en las filas del PSOE, según se aprecia en comentarios, saben que un rechazo sostenido de Junts y Podemos, que ambos suman 11 escaños, supone un bloqueo de la legislatura difícil de prolongar.
“Sabemos que Sánchez reitera, una y otra vez, que no convocará elecciones antes de 2027. Pero también sabemos que él acostumbra a decir una cosa hoy y hacer otra mañana”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Ferran Espaser, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España.
En efecto, desde que Sánchez impulsó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, sus cambios de opinión suman muchos.
“Primero, que no negociaría ni con los separatistas catalanes ni vascos, y negoció. Segundo, que no pactaría con Pablo Iglesias y Podemos, y pactó por tal de ser presidente. Y así, sucesivamente en otros aspectos”, subrayó.
Hombre astuto, capaz de acomodar sus ideas a las circunstancias, por tal de mantenerse al frente del Gobierno, reacciona como quien oye llover cuando le acusan de corrupción.
“Fue la cuestión de corrupción precisamente lo que facilitó a Sánchez la toma del poder hace siete años, cuando el PP fue inculpado por corruptela y acusó a Rajoy de hacerse de la vista gorda”, recordó el profesor emérito.
No obstante, el catedrático, que reconoce haber votado el gobierno socialista, aseguró que “no esperaba ver a Sánchez en una situación similar a la del PP”, en 2018.
“Tal vez no lo sepa. Tal vez no se dé cuenta, pero Sánchez está destruyendo al PSOE”, añadió.
Corrupción
El inesperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la subsiguiente publicación de conversaciones telefónicas aseguran que, además de otros casos abiertos de corrupción, el diputado y número tres del PSOE y principal gestor de las negociaciones con los separatistas catalanes, Santos Cerdán, habla con funcionarios sobre repartos de dinero y favores a cambio de facilitar la concesión de grandes contratos con el Gobierno español.
Entre los funcionarios que salen a flote en las grabaciones resalta el célebre ministro de Fomentos José Luis Ábalos, que recibió en secreto a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene prohibición de entrada a Europa, en un salón protocolar en el aeropuerto de Madrid el 19 de enero de 2020. Caso que aún no ha sido cerrado.
A esto suman el peso del caso Koldo, el asesor político Koldo García Izaguirre, que era secundado por Ábalos, ambos cesados tras el escándalo.
Koldo, junto con otras 10 personas, es procesado por dirigir una presunta «organización criminal», formada para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros, unos 64 millones de dólares al cambio, durante la pandemia de coronavirus.
Entre tanto, el Tribunal Supremo enjuicia, nada más ni nada menos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta filtración de un correo electrónico a la prensa que implica al novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, la fiscalía española mantiene abierto el expediente judicial contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que es licenciada en mercadeo y experta en recaudación de fondos para organizaciones no lucrativas, por un complejo caso de tráfico de influencias relacionadas con millones de euros que la aerolínea Air Europa recibió.
Los implicados niegan las acusaciones y Sánchez asegura que ni el partido ni el gobierno es corrupto.
No obstante, tanto la oposición como sus aliados exigen algo más que explicaciones, ya que aún no se sabe cuán arraigada pudiera la corrupción estar dentro de la administración de Sánchez.
De cualquier manera, sean declarados culpables o no, el Gobierno de Sánchez está a prueba e irónicamente la palabra final pudiera estar en manos de los votos de Puigdemont y su partido político Junts en el Congreso, los mismos que impulsaron un plebiscito independentista inconstitucional en Cataluña en 2017 y que fueron apresados o simplemente huyeron.
