La violencia es un síntoma inequívoco de la descomposición social de un país y Venezuela es un claro reflejo de ello. El 2016 cerró con el recrudecimiento de la criminalidad, en donde los delincuentes utilizaron con mayor frecuencia armamento de guerra, como las granadas; y los asesinatos múltiples se multiplicaron durante los doce meses.
De acuerdo con estadísticas que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la tasa de muertes violentas en el país ascendió a 91,8 por cada 100.000 habitantes, dando como resultado una cifra de 28.479 fallecidos en el 2016; de ellos 18.230 fueron tipificados oficialmente como homicidios; mientras que 5.281 personas murieron por resistirse a la autoridad, y permanecen en averiguaciones 4.968 muertes violentas.
A pesar de que las granadas son armamento de guerra reservado exclusivamente para uso de la Fuerzas Armas Nacionales de Venezuela, de acuerdo con la Ley de Armas y Explosivos, se ha hecho cada vez más común su uso por parte de delincuentes, siendo utilizado principalmente como ofensiva contra sedes policiales de todo el país, por su amplia una onda de acción de hasta 20 metros.
Hasta agosto de 2016 se habían contabilizado 32 ataques con granadas en el país causando la muerte de 49 personas, e hiriendo al menos 155. De esta manera, Venezuela permanece desde el 2015 como el país con más muertes por estallidos de granadas en toda Latinoamérica, según la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (Unlirec), seguida por Colombia y México.
El 34,38% de las explosiones de granadas ocurrió contra centros policiales, 31,25% muy cerca de enfrentamientos con cuerpos de seguridad, y 9,3% en cárceles, sin embargo también ha habido presencia de estos artefactos en robos, secuestros y situación de rehenes.
De acuerdo con información que suministró Javier Mayorca, periodista especializado en Criminalista al Observatorio del Delito Organizado dichas armas “salieron de inventarios que pertenecen a cuarteles del Ejército ubicados en el centro occidente de Venezuela“.
En cuanto a las masacres, donde suman tres, cuatro o hasta siete víctimas fatales en el mismo crimen ha habido un aumento. En 2016 al menos hubo 22 asesinatos múltiples cada mes, a pesar de que las más notorias y reportadas por la prensa nacional fueron tres: Tumeremo, en el sureste del país en el estado Bolívar (desaparición y asesinato de 28 mineros, el 4 de marzo); Barlovento, en el estado Miranda (desaparecidos y posteriormente encontrados en fosas comunes 12 jóvenes asesinados); y Cariaco al noreste del país, en el estado Sucre (nueve personas fueron asesinadas con disparos en la cabeza el 11 de noviembre).
En 80% de los casos donde hubo resistencia a la autoridad, las personas terminaron muertas. 15% de aumento en comparación de años anteriores, evidenciando un aumento de la violencia en la actuación de las autoridades policiales “tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales“, acota el informe de OVV.
Entre el temor y la aplicación de la justicia
El auge de criminalidad ha cambiado los hábitos de los venezolanos, quienes reportan miedo a ser víctima del delito y violencia nacional, siendo los más afectados aquellos que viven en sectores populares y de clase media, tomando medidas personales para la reducción el riesgo, con el encierro de la población, la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo.
Al anochecer las calles están desoladas y el uso del transporte público se reduce y las personas se resguardan en sus casas. De hecho, OVV destaca como preocupante cada vez más la cantidad de ciudades donde los grupos criminales ordenan toques de queda forzados, dichas acciones en los años anteriores estaban limitadas a pequeños espacios y ocurrían de manera encubierta, pero durante 2016 los delincuentes ocupan avenidas principales, de manera pública y notoria.
El transporte público y colectivo ha sufrido un descenso en su uso: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. Dejando cada vez más solitarias las carreteras y autopistas del país, siendo más fácil la propensión al delito.
Aunque muchos están atemorizados, otros han visto la necesidad de tomar la justicia en sus manos, incrementándose los linchamientos como práctica colectiva como represalia contra los ladrones comunes - ante la ausencia o deficiencia de las autoridades policiales - en donde cada semana se reportan entre uno y tres sucesos de este tipo con víctimas fatales, alcanzando la cifra de 156 eventos, en donde ya no se discrimina si el delincuente ha cometido un crimen fatal como asesinatos o violaciones sino que se condena con la misma suerte incluso a ladrones oportunistas, e incluso han caído como víctimas personas inocentes.
De hecho, los policías fueron asesinados masivamente ante el auge criminal. En Caracas en promedio 2,5 funcionarios de los cuerpos policiales fueron asesinados cada semana. En el resto de los estados centrales, en promedio murió un policía por semana
Mientras que también se incrementó el asesinato por encomienda o sicariato, delito no solo utilizado por delincuentes sino por ciudadanos desprotegidos queriendo encontrar una reparación o justicia expedita, de acuerdo a OVV cada semana del 2016 se cometieron entre uno y cuatro asesinatos que cumplen con las características de sicariato por su forma de ejecución.
Con cada vez más frecuencia los territorios controlados por los criminales se han ampliado causando el sometimiento de la población, y un desplazamiento territorial de los ciudadanos que al verse desprotegidos buscan en otras latitudes una oportunidad de establecerse. Siendo el 2016 un año de retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen en Europa y Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Perú que incluso otorgará permisos temporales a los venezolanos que hayan ingresado, de forma regular, a su país, antes del 1 de diciembre de 2016 y República Dominicana. Mientras que en Estados Unidos, su destino por tradición vacacional se ha convertido el principal lugar donde solicitan asilo, con al menos 10.221 peticiones el año pasado.
