El tribunal determinó que la revocación del estatus migratorio se ejecutó sin debido proceso ni revisión individual, obligando a revertir la medida para un grupo específico de beneficiarios
Este martes 31 de marzo se revocó la decisión de cancelar el parole a migrantes admitidos en EEUU a través de CBP One.
COLLAGE DIARIO LAS AMÉRICAS MIAMI. – Una jueza federal en Boston, Massachusetts, ordenó este martes 31 de marzo revertir la cancelación masiva del parole otorgado a migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One, al concluir que la medida fue ejecutada de forma ilegal por la administración de Donald Trump.
El fallo responde a una demanda colectiva presentada tras la decisión gubernamental de notificar, en abril de 2025, a más de 900.000 personas que su permiso quedaba sin efecto y que debían abandonar el país de inmediato. La mayoría de los afectados procedía de Venezuela, Cuba y Haití.
Según la corte, la revocación del estatus migratorio se realizó sin respetar garantías básicas del proceso legal. La jueza determinó que las autoridades federales no evaluaron los casos de manera individual, sino que aplicaron una terminación generalizada del parole, excediendo el alcance de sus facultades.
La decisión judicial obliga ahora a restablecer la situación migratoria de los demandantes incluidos en la clase certificada, aunque el alcance del fallo no es universal.
El beneficio aplica únicamente a quienes ingresaron tras programar su cita mediante CBP One, recibieron parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025, fueron notificados por correo electrónico de su cancelación en abril de 2025 y permanecen actualmente en territorio estadounidense.
El caso se convierte en un nuevo punto de tensión en el debate sobre las políticas migratorias recientes, especialmente en torno al uso del parole humanitario y los mecanismos digitales de admisión implementados en la frontera.
La resolución también refuerza el criterio judicial de que las decisiones migratorias de amplio alcance deben cumplir con estándares mínimos de revisión individual y debido proceso, incluso en contextos de alta presión sobre el sistema fronterizo.
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