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LA HABANA. Eran las 7 y 58 de la mañana del pasado 8 de enero, recuerda Iliana Hernández, periodista sin mordaza y activista anticastrista, cuando tres oficiales de la Seguridad del Estado tocaron a la puerta de su casa en Cojimar, pueblo pesquero localizado en el este de La Habana, para efectuar un registro en la vivienda.

Terminado el registro, los oficiales confiscaron diversos objetos personales y de trabajo. “Encabezaban el operativo un mayor que dijo llamarse Alejandro, Armando y la teniente coronel Kenia, bien conocidos por reprimir a periodistas independientes y opositores. Me quitaron mi teléfono y mi computadora. No me dieron ningún documento de [orden de] ocupación, cosa que es ilegal”, cuenta Iliana.

Luego, Hernández fue trasladada en carácter de detenida a una unidad policial, donde le dijeron que esa medida había sido tomada bajo el amparo del decreto Ley 370, aprobado en julio de 2019 por la monocorde Asamblea Nacional [Parlamento unicameral]. Esa herramienta jurídica, que ha sido denunciada por medios alternativos y periodistas independientes, regula el uso de internet en Cuba y sanciona con elevadas multas -de 3.000 a 10.000 pesos (125 a 400 dólares)- a los ciudadanos que alojen sitios web en servidores foráneos.

En el caso específico de Iliana, la policía política, pretende procesarla según dicen, por “difundir, a través de las redes públicas, informaciones contrarias al interés social”. Ella ha denunciado la imposición de una multa de 3.000 pesos, moneda nacional, que podría duplicarse si no la pagaba antes del jueves 13 de febrero.

Según la reportera, colaboradora desde 2018 del portal CiberCuba, el “procedimiento de la multa es ilegal. En la unidad policial me dijeron que me aplicaban el decreto Ley 370, que nada tiene que ver con el delito de receptación con el que intentan procesarme”, explica Iliana y añade:

“El lunes 10 de febrero vino una señora de la oficina de multas de mi municipio a decirme que si no pagaba la multa el 13 de febrero se me duplicaba a 6.000 pesos porque ya se cumplía un mes. Pero le dije que ahora mismo estoy en un proceso penal y le mostré la fianza. No me pueden condenar dos veces por lo mismo. Yo desconocía lo de la multa, pues en la unidad no firmé ningún acta o documento. Pero de la oficina de multas, aunque tampoco entienden el procedimiento, me dicen que la multa está ahí y debo de pagarla”.

Iliana señala que va a denunciar su caso. “Es probable que no sirva de nada, porque vivimos en una dictadura, pero al menos queda constancia de que en este país no hay derechos para nadie. Ya es demasiado el abuso, sobre todo con las mujeres periodistas y opositoras. Estamos totalmente indefensas ante la ley. No me voy a callar nunca, voy a seguir reportando esa otra Cuba que la propaganda del régimen quiere esconder”

Iliana Hernández, quien además está “regulada” por las autoridades de la Isla, que le han prohibido viajar al exterior a pesar de tener ciudadanía española, junto al periodista independiente Boris González y la activista Nancy Alfaya, han sido los primeros disidentes a los cuales se les aplica el decreto Ley 370.

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Iliana Hernández, opositora y periodista independiente en Cuba.

Iliana Hernández, opositora y periodista independiente en Cuba.

Cuba es el único país del hemisferio occidental donde la oposición es ilegal. Las instituciones legislativas cuentan con diversas leyes para sancionar la disidencia y el ejercicio de la libertad de expresión. La más contundente es la Ley 88, implementada en febrero de 1999 por el difunto dictador Fidel Castro y que aplica sanciones que van desde los 20 años de privación de libertad hasta la pena de muerte, solo por oponerse al régimen o escribir en un medio extranjero sin permiso de las autoridades verde olivo. Bajo la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, fueron condenados a prisión, 75 opositores pacíficos y periodistas independientes en la nefasta oleada represiva conocida como Primavera Negra de marzo de 2003. La mencionada ley, aún está vigente.

Después de que Castro I se apartó del poder por enfermedad, y designara a dedo a su hermano Raúl, la estrategia gobernante cambió. Aumentaron las detenciones breves y las sanciones que no sobrepasan los dos años de prisión, excepto contados casos.

Con la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel, “un delfín” que Castro II preparó durante dos décadas, se mantienen las detenciones a corto plazo, pero el régimen comenzó a aprobar decretos que les permiten sancionar herramientas contestatarias utilizadas en manifestaciones artísticas y medios periodísticos no controlados por el Estado.

En un intento por recuperar el control monolítico sobre la información y la cultura, se aprobó sin demasiadas fanfarrias e incluso, en contra de muchos intelectuales oficialistas, una ley de cine, también el decreto 349 que regula quién es o no es artista para el régimen y posteriormente el decreto Ley 370. El propósito es frenar el auge del arte y el periodismo libre con el único propósito de obstaculizar la libertad de pensamiento en Cuba.

Según el testimonio de una fuente en el Ministerio del Interior [ministerio que controla los órganos represivos del régimen], “la tensa situación económica y el recrudecimiento del bloqueo a Cuba por parte de la administración Trump, han creado un escenario complicado. El Gobierno tiene planes de contingencia para frenar el activismo disidente y el auge de periodistas y artistas independientes. Planes que van desde intimidar y acosar a esas personas para que desistan de su labor, hasta conseguir que emigren como exiliados. Al Gobierno le preocupa la inmediatez informativa y el uso de las redes sociales de ciertos periodistas, ‘youtubers’ e ‘influencers’ locales. No quiere, que en caso de un estallido social, informen para el mundo. Igualmente pretenden detener y cortar posibles nexos de periodistas estatales, figuras de la sociedad civil, académicos e intelectuales de prestigio con instituciones internacionales que antaño eran aliadas del proceso revolucionario cubano”.

Otra estrategia consiste en procesar a periodistas y activistas por delitos comunes, manipulando y distorsionando los hechos. Al director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, una agencia que ha producido más de 6.000 contenidos audiovisuales y que radica en Guantánamo, hace poco se le prohibió viajar a Estados Unidos bajo una supuesta amenaza hecha por la madre de su hija menor. Después de mantenerlo cinco días detenido, la fiscalía archivó la denuncia, al ser desmentida la acusación por los mismos familiares de su ex mujer. “Pero crean un precedente, al tratar de incriminar a los disidentes y periodistas independientes por supuestos delitos comunes. Es una manera de desprestigiarnos. De asesinar nuestra reputación”, declaró Lobaina.

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Fotografía del periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina con una bandera cubana publicada el 14 agosto de 2019 en su página de Facebook.

Fotografía del periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina con una bandera cubana publicada el 14 agosto de 2019 en su página de Facebook.

Boris González Arenas, uno de los más lúcidos articulistas de la prensa independiente, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que el jueves 6 de febrero, a las tres de la tarde “tres policías vestidos de civil y sin orden de detención me sacaron por la fuerza de mi casa, donde yo me encontraba con mi esposa y su mamá de 68 de años”

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Boris González Arenas, articulista de la prensa independiente.

Boris González Arenas, articulista de la prensa independiente.

Estuvo más de seis hora detenido en una fétida mazmorra en la unidad policial ubicada en Zapata y C, Vedado. A Boris le llamó la atención que no fue interrogado por ningún agente de la Seguridad del Estado. “Mi primera salida de la celda fue para hablar con un supuesto funcionario del Ministerio de Comunicaciones, cuyo nombre soy incapaz de reproducir, pero podría ser Yosedandy o Yordenady. Su función era aplicarme una multa de 3.000 pesos bajo el acápite del decreto Ley 370. La segunda entrevista fue con Adiel Félix García Sánchez, jefe de sector de la policía en el barrio donde resido, quien con una sonrisa soberbia me impuso otra multa por no acudir a otras citaciones y me levantó un acta de advertencia”.

Un acta de advertencia en Cuba es el primer paso que posteriormente permite a las autoridades sancionarte a dos y cuatro años de prisión por 'peligrosidad delictiva'. Entrevistado por el portal Cubanet, Gozález Arenas contó: “Cuando le dije al chofer que esos tipos (los ‘segurosos’) estaban persiguiendo a los que criticábamos que tres niñas murieran, el chofer me preguntó: ¿Y eran tus hijas? En esa pregunta quizás hay indolencia e ignorancia, pero nos recuerda que la Seguridad del Estado cubano goza de esa impunidad porque tiene a otros que les siguen el juego".

En medio del descontento social, las grandes colas debido al desabastecimiento de alimentos, artículos de aseo y combustible, fiel a su estilo de ordeno y mando; el castrismo intenta acallar las voces del cambio, redoblando la represión.

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