Crece la violencia contra venezolanas refugiadas en Perú y Colombia

LIMA.- Las cientos de miles de mujeres venezolanas que han huido a Colombia y Perú de la crisis humanitaria provocada en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, también deben enfrentar una creciente violencia contra las venezolanas refugiadas en sus países de destino, asegura un informe de Amnistía Internacional (AI).

En Colombia los casos reportados de violencia contras las mujeres refugiadas aumentó de 166 casos en 2017, a 2.430 casos en 2018 y 4.165 en 2020, un salto de 2.400% en tres años. En cuanto a Perú los reportes van de 1.384 casos registrados en 2019 a 1.818 durante el año 2021, un aumento de 31%.

Y estos datos, advierten los especialistas de Amnistía, deben tomarse con cuidado porque “son mínimos respecto a la realidad”, debido a que hay niveles muy altos de subregistro por miedo de denunciar, la falta de información de las víctimas, los estereotipos o la falta de acceso a la justicia. “Es preocupante pero aún esas cifras (de reportes) son muy bajas y no reflejan la triste realidad”, indica Adeline Neau, investigadora de Amnistía Internacional.

Se estima que en Perú y Colombia hay cerca de 1,64 millones de mujeres venezolanas que califican como refugiadas. Los entes multilaterales calculan que 6,1 millones de venezolanos, entre hombres, mujeres y niños, han salido de su país hasta mayo de 2022.

El Estudio de AI sobre la situación en Colombia y Perú considera que hay “violencia en todos los espacios”, que engloba tanto espacios físicos como las esferas familiar y laboral. Las venezolanas refugiadas son “objeto de agresiones y violencia sexual en los espacios públicos, tanto en las ciudades de acogida donde viven como en la ruta migratoria”, y esto incluye “captación para fines de explotación laboral o sexual desde Venezuela” en pasos fronterizos.

Desde el ámbito familiar la violencia proviene de parejas o exparejas, tanto venezolanas como nacionales colombianos o peruanos, y se ejerce a través “del control de la vida de las mujeres y en la violencia económica y familiar”.

Y sobre el área laboral, AI indica que las mujeres venezolanas deben enfrentar la violencia de estereotipos cuando se les niegan oportunidades por su nacionalidad o edad. Asimismo, la falta de redes de apoyo familiares, dice Amnistía, promueve el trabajo informal en las calles muchas veces con los hijos, donde se exponen a distintas formas de violencia y explotación laboral o sexual. “Ante la precarización laboral, otras mujeres también han optado por dedicarse al trabajo sexual”, señala el estudio.

En cuanto a la protección estatal, “Amnistía Internacional considera que Colombia y Perú son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar, en la práctica, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres refugiadas venezolanas y el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género”.

Se enumeran razones como ausencia de protección efectiva o de procesos de regularización migratoria, obstáculos para acceder a la justicia y a los servicios de salud. La impunidad y percepción generalizada de falta de funcionamiento de la justicia -para venezolanas y locales- desincentivan las denuncias por violencia de género, explica Amnistía. En general, existe una amplia percepción de que las mujeres refugiadas no tienen el mismo derecho que la población.

Adeline Neau apunta que “Colombia y Perú no están garantizando el acceso a la justicia”. Y si bien para las mujeres peruanas ya es difícil denunciar, “para las mujeres venezolanas lo es aún más, porque no es su país y por su nacionalidad”. Esto empeora porque “las mujeres no tienen información sobre sus derechos a causa de la criminalización y estigmatización que existe hacia los venezolanos en Perú”.

Asegura también que hay víctimas que callan y no acuden a la policía “porque temen que los detendrán”, y que organismos públicos como los cuerpos de seguridad, la Fiscalía, o de Salud o Migración tampoco ayudan a garantizar sus derechos por que no tienen capacitación ni formación para atender a los refugiados.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú, afirma que “en Perú la Ley de Migraciones dice que el enfoque tiene que ser de derechos, (pero) ahora mismo hacia las personas refugiadas hay una mayor criminalización de la migración”. Y pone dos ejemplos sobre ellos: una expulsión forzosa de un grupo de mujeres -que incluía a venezolanas y ecuatorianas- en Tumbes, en la frontera norte de Perú, por carecer de papeles migratorios al día, en una acción ocurrida hace algunas semanas sin debido proceso o derecho a la defensa, y que incluyó la separación de madres e hijos, según Navarro.

El otro ejemplo es una modificación a la Ley de Migraciones, en trámite en el Congreso peruano, en la que “se hace un vínculo entre seguridad (ciudadana) y migración, y de nuevo se criminaliza a los migrantes”.

Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones en distintas categorías para atajar el creciente incremento de la violencia contra las mujeres migrantes: acceso a la protección internacional, a la justicia, a la atención y prevención de la violencia basada en genero, el acceso a la salud, combatir la estigmatización y discriminación, y para la cooperación internacional.

Se sugiere “reforzar y ampliar la difusión de información para personas venezolanas sobre el acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria”, haciendo énfasis en evitar el miedo de las personas de acercarse a las instituciones por riesgo de detenciones y deportaciones a Venezuela.

Sobre el acceso a la justicia se deben “implementar campañas masivas de información sobre las rutas de atención en casos de violencia de género” y establecer “protocolos sólidos para la atención de los casos de violencia de género que aborden la policía, fiscalías, instituciones de migración y salud”.

En cuanto al aspecto sanitario se resalta que debe establecerse “atención en salud integral para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, independientemente de su estatus migratorio”, sobre todo velando que la atención no sea condicionada a una denuncia, y que los servicios de salud derivados de la violencia de género sean considerados como emergencia, con programas de auxilio psicológico y acompañamiento psicosocial.

Otras recomendaciones también son una mejor recopilación de datos sobre la violencia de género mediante el registro de datos, para poder prevenir la violencia de género; y el combate a la estigmatización y discriminación, empezando por las autoridades hasta el más alto nivel, para que eviten un lenguaje que desacredite a las personas venezolanas.

La investigación de Amnistía Internacional se realizó durante el primer semestre de 2022, a partir de 45 entrevistas y siete grupos focales de mujeres refugiadas venezolanas; y de 17 solicitudes de información oficial, no todas satisfechas.

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