MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
Especial

La clase política nicaragüense está de nuevo trastocada, días después de que Daniel Ortega, el presidente que controla todos los poderes del estado de Nicaragua, quitara por medio de la Corte Suprema de Justicia la personería jurídica al principal partido de opositor y se la otorgara a una facción que sería aliada del sandinismo.

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Días después de que la Coalición Nacional por la Democracia ratificó a Luis Callejas y a Violeta Granera como fórmula presidencial para los comicios de noviembre, la Sala Constitucional de la Corte resolvió quitarle la representación jurídica a Eduardo Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI) y dársela a la facción de Pedro Reyes, este último señalado por opositores de ser aliado de Daniel Ortega.

La Sala, dominada por magistrados sandinistas leales a Ortega, también ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE) en función de esta resolución, para permitir a los nuevos representantes del PLI a organizarse de caras a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo.

Composición fotogr'afica de Eduardo Montealegre y Pedro Reyes. (Cortesía)

El litigio judicial se finiquita seis años después y a las puertas de las elecciones presidenciales, luego que el CSE ya había reconocido a Montealegre como representante legal del PLI y eso provocó la inconformidad de las otras partes.

Con la designación del nuevo representante legal, los nombramientos de Callejas y Granera como candidatos a presidente y vicepresidente de la Coalición Nacional por la Democracia (CND) que lideraba el PLI de Montealegre, quedan sin efecto, a menos que la nueva facción de Reyes decida ratificarlos.

“Con esta sentencia, Daniel Ortega está tratando de darle un golpe de Estado a la oposición porque sabe que no puede derrotarla en las urnas. Los miembros de este partido y los ciudadanos nicaragüenses deben tener claro que el Partido Liberal Independiente no es una bandera o una casilla o un presidente, esos son accesorios”, dijo Montealegre en conferencia de prensa después de conocer la sentencia.

Montealegre anunció que este viernes se reunirán las estructuras nacionales del PLI y los miembros de la CND, para mantenerse en movilización contra la sentencia.

“Tarde o temprano la Corte Suprema de Justicia tendrá que revertir ese ilegal y absurdo fallo que abre las puertas a la inestabilidad, cierra totalmente el cauce institucional, porque genera una situación grave”, dijo Montealegre.

Por su parte Reyes, un apartado del PLI señalado por Montealegre de ser “títeres colaboracionistas” del Gobierno sandinista, celebró la sentencia a su favor y considera está apegada a derecho.

“Calzó el derecho con la política. En la sentencia nos han dado algo que corresponde estrictamente a la legalidad, estrictamente al Estado de Derecho”, aseguró Reyes a la prensa local, pero adelantó que buscará un acercamiento con Montealegre y otras dos tendencias distanciadas del PLI.

En Nicaragua, medios de comunicación opositores al Gobierno, consideraron como un tiro de gracia de Ortega a las elecciones y la democracia a cinco meses de los sufragios del próximo 6 de noviembre.

“Se le está pegando un tiro de gracia a la elección, porque este caso de la situación del PLI, el CSE ya lo había resuelto otorgándole a favor de Indalecio Rodríguez y Eduardo Montealegre”, dijo al diario local La Prensa, la expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya.

“Una elección cuando se realiza debe producir legitimidad de los electos, pero si el proceso está viciado no va tener esa legitimidad. Nos están poniendo innecesariamente en una posición descarrilada de la institucionalidad, no solo con impacto nacional, sino internacional”, lamentó Zelaya.

“Si te pones a pensar el presidente Ortega compite contra él mismo, es el árbitro y es todo, va a tener una Asamblea Nacional a partir del 11 de enero de 2017 que va escoger a próximos magistrados, ministerio público, va tener el ciento por ciento de espacios de cada una de las instituciones. Ya no hay en Nicaragua ningún mecanismo cívico para alternar el poder y eso significa que los consensos y alianzas en el sector económico se van a comenzar a resquebrajar”, dijo por su parte el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez.

La sentencia de la Sala, según el especialista, estuvo lleno de errores legales como el haberlo decidió casi seis años después y no a los 14 días de haber iniciado el litigio, según la ley.

Las principales cámaras empresariales valoraron que la estabilidad política ha sido afectada con la decisión del Gobierno de no permitir la observación internacional creíble y el fallo que afecta a la principal coalición opositora que lidera Montealegre.

“Creo que lo que ha pasado en los últimos días le resta credibilidad al proceso (electoral) y queda un ambiente de incertidumbre en el país, que no necesitamos”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), Roberto Sansón.

“Es una situación realmente grave porque provoca inestabilidad. El clima de negocios requiere estabilidad política y no se puede divorciar un aspecto de otro. Nicaragua es parte de una economía mundial y no somos una isla. Todo eso tiene repercusiones entre los organismos multilaterales”, expresó por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa privada (COSEP), José Adán Aguerri.

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