Denuncian acoso del régimen de Maduro contra quienes colaboran con la CPI

"Rechazamos la campaña de criminalización y desprestigio que las actuales autoridades del país realizan contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los exámenes preliminares abiertos actualmente sobre el país", precisa un comunicado emitido por la ONG Provea.

En el año 2018, la Fiscalía de la CPI anunció el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017, por lo cual, diferentes personalidades políticas y sociales, han suministrado información para que diera inicio a una investigación formal sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país caribeño.

En el marco de ese proceso, el Fiscal Karim Khan realizó una visita a Venezuela, del 1 al 3 de noviembre, que finalizó con el cierre del examen preliminar y el inicio de la fase de investigación.

"Su presencia ha motivado una intensa estrategia de propaganda a través del sistema nacional de medios públicos. Como lo refleja el documento oficial 'Venezuela Garante de DDHH', uno de los componentes de la campaña es la criminalización y desprestigio de quienes han remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos", precisa el escrito.

Las ONG denuncian que la política sistemática del régimen venezolano de "restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela".

"Los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son insuficientes, y sólo responden a la intención de las autoridades de simular que existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes para impartir justicia. Esta campaña de descrédito busca atemorizar a las víctimas para inhibirlas que continúen suministrando sus testimonios.", agrega la misiva.

En ese sentido, instan a la CPI a realizar un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo cual refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma, del cual forma parte el Estado Venezolano.

Finalmente, responsabilizan al régimen de Maduro de cualquier acción contra la vida, libertad e integridad de quienes están siendo criminalizados por suministrar información a los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos y exhortan a la comunidad internacional a continuar observando detenidamente la situación de derechos humanos en Venezuela.

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FUENTE: REDACCIÓN