El narcotráfico y la minería ilegal superan al petróleo como fuente de ingresos de Venezuela

CARACAS - Mientras el régimen de Nicolás Maduro –y ciertos actores que aún se hacen llamar oposición– insisten en culpar a las sanciones internacionales por la crisis venezolana, los datos recogidos por SOSOrinoco tras ocho años de investigación cuentan una historia diferente. En 2024, los ingresos generados por el narcotráfico y la minería ilegal superaron con creces los provenientes del petróleo, que durante décadas fue la base de la economía nacional.

Según estimaciones de Transparencia Venezuela y SOSOrinoco, el narcotráfico produjo unos 8.200 millones de dólares, y la minería ilegal de oro, al menos 4.800 millones. A estas cifras se suman ingresos incalculables derivados del contrabando de diamantes, coltán y tierras raras, extraídos de forma ilícita y sin ningún control ambiental o institucional. En contraste, los ingresos petroleros –históricamente columna vertebral del país– apenas alcanzaron los 8.000 millones de dólares.

No se trata solo de un cambio de proporciones económicas. Lo que ha ocurrido es más profundo: Venezuela ha dejado de ser una economía disfuncional para convertirse en una economía criminal. La ilegalidad no solo domina, sino que define las prioridades y estructuras del poder. La opacidad, la corrupción, el saqueo institucionalizado y la represión no son efectos colaterales, sino herramientas deliberadas de un sistema que ha encontrado en la criminalidad su única vía de sostenibilidad.

El país se ha convertido en un nodo estratégico del crimen transnacional. Empresas fachada, redes de contrabando y mecanismos de triangulación financiera operan desde y hacia países como Colombia, Brasil, República Dominicana, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia. A través de estos circuitos, los cargamentos de drogas y minerales producidos extraídos ilegalmente en Venezuela son integrados a los mercados globales, muchas veces con la complicidad o indiferencia de bancos e instituciones internacionales.

A Nicolás Maduro y su entorno no les interesa una economía formal, regulada o productiva. La legalidad les resulta inconveniente porque impone límites, controles y obligaciones. Las actividades ilegales, por el contrario, permiten flujos millonarios opacos, sin fiscalización ni rendición de cuentas. Son estas ganancias ilícitas las que financian el aparato de represión, lubrican las lealtades internas y, por ende, sostienen el poder de la élite usurpadora.

Venezuela ya no es un simple país de tránsito para la droga

El caso de PDVSA es ilustrativo. Su colapso no fue causado por las sanciones, como insisten en repetir. Comenzó en 2003 con el despido masivo de más de 21.000 profesionales –ingenieros, técnicos y gerentes– y continuó con años de saqueo institucional y desprofesionalización. Bajo Maduro, la petrolera fue reconvertida en una gigantesca lavandería de dinero sucio. Hoy, sus instalaciones son desmanteladas y vendidas como chatarra por militares vinculados a redes de narcotráfico y minería ilegal. Diversas fuentes han señalado que estos desmontajes buscan además encubrir la exportación de drogas y minerales. Lamentablemente PDVSA ha contado con socios occidentales que miran para el otro lado y así refuerzan este círculo de ilegalidad.

Venezuela ya no es un simple país de tránsito para la droga: se ha convertido en un centro de producción de cocaína, a partir de pasta de coca importada de varios países andinos. Laboratorios modernos, protegidos por cuerpos de seguridad del Estado, operan en varias regiones del país. Utilizan incluso la infraestructura logística de la arruinada industria petrolera para facilitar el movimiento de mercancías ilícitas.

La minería ilegal, cada vez más integrada al narcotráfico, devasta vastas zonas del sur del país. Áreas protegidas y territorios indígenas han sido arrasados por actores armados —incluidas guerrillas extranjeras— y cuerpos represivos del propio Estado. La deforestación, los desplazamientos forzados, la violencia y la destrucción de culturas ancestrales son el precio pagado por comunidades enteras.

Y, sin embargo, la narrativa oficial –y la de algunos voceros de conveniencia– sigue centrada en las sanciones. Se pretende convencer a la comunidad internacional de que el colapso venezolano es producto de medidas externas, cuando la verdad es que el país fue desmantelado desde dentro. La economía criminal no es una consecuencia: es un diseño.

«El país exige algo más profundo y urgente: la restitución plena de la legitimidad democrática que ya se expresó en las urnas el 28 de julio de 2024».

Quienes abogan por el levantamiento de sanciones sin condiciones, sin compromisos claros de reforma institucional, ignoran –o eligen ignorar– que el régimen ya opera con una economía paralela, ilegal y altamente lucrativa. Esa economía no alimenta al pueblo ni genera empleos dignos. Solo sostiene la permanencia de una cúpula autoritaria, que se beneficia del sufrimiento de millones.

Los datos son irrefutables. Venezuela no puede seguir atrapada en diálogos estériles ni en las indulgencias de quienes prefieren cohabitar con el crimen antes que enfrentarlo. El país exige algo más profundo y urgente: la restitución plena de la legitimidad democrática que ya se expresó en las urnas el 28 de julio de 2024, y un nuevo pacto con la ley, la justicia y la dignidad. Se necesita un Estado de derecho que funcione, instituciones que no obedezcan al poder sino a la Constitución, y una economía capaz de crear riqueza de forma sostenible, proteger el medio ambiente y servir a la ciudadanía, no a una estructura mafiosa que ha convertido al país en un territorio hostil, empobrecido y, para millones, simplemente inhabitable.

¿Sanciones? La verdadera sanción contra el pueblo venezolano es la continuidad de una narcodictadura que destruye al país desde sus cimientos, convierte los recursos naturales en armas de sometimiento y ha reemplazado la prosperidad por un crimen sostenido, organizado y con cómplices de lo más variopinto.

FUENTE: Con informe de The Objetive / Cristina Vollmer de Burelli