CARACAS.- Cuarenta y cuatro medios impresos dejaron de circular en Venezuela de forma definitiva desde 2013, y otros 14 cesaron sus labores de forma temporal. De esa cifra, 30 han salido de circulación este mismo año 2018 y 10 de ellos anunciaron cierre total de operaciones. Es decir, ni siquiera abrigaron la posibilidad de emigrar a internet. Estas son las cifras que proporciona el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en su balance semanal del 8 de octubre, cuando cerraron Tribuna Popular y El Luchador.

Según reseña Transparencia Venezuela, estos números dejan claro que el fin de la prensa, luego de diversos patrones de asedio, se corresponde con el desplome que sufre todo el sistema empresarial venezolano, como consecuencia de las mismas medidas de persecución y control político, ideológico y, por supuesto, económico que ejerce el régimen de Nicolás Maduro.

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Asimismo, precisa que tras el cierre de medios impresos se asomó una estructura que buscaba asfixiar económicamente a los periódicos bajo un principio doctrinario de control, que no ha sido ajeno a todo el aparato productivo nacional, aunque hasta ahora los medios se negaban a admitir la bancarrota. Pero las bombonas de oxígeno dejaron de funcionar para los medios, así como ocurre en los hospitales.

El CEAM pierde los papeles

En la mayoría de los casos de cierre de medios de comunicación se repite el patrón de un sistema legal discrecional, que permite abrir procesos administrativos y penales con consecuencias desproporcionadas para las empresas, gerentes, propietarios y periodistas, junto a un control de divisas institucionalizado que desde el comienzo dejó por fuera de las prioridades a los insumos de imprenta, no por un "olvido" inexplicable, sino como una política deliberada, intencional, que concretó esa exclusión a través de la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), que centralizó el monopolio de las divisas preferenciales para la importación de las materias primas.

El CEAM fue el arma para castigar a medios que tuvieran líneas editoriales contrarias al régimen venezolano, recompensar amigos, y por otra parte cobrar peajes y desviar bienes hacia el mercado negro.

Cada crisis de papel y cada escollo económico venían acompañados de una baja en el tiraje y la paginación, el cierre paulatino de subproductos como revistas o suplementos, al punto de que hubo medios que reportaron a Transparencia Venezuela, que teniendo pautas publicitarias no las pudieron publicar por falta de papel. En un país en el que la caída brutal de la economía afectó los presupuestos para la publicidad y relaciones públicas, eso es un contrasentido. Y una catástrofe.

Actualmente, con una economía en quiebra, Maduro desempolva el viejo Invepal, una empresa expropiada por fallecido presidente Hugo Chávez de las que se han recibido numerosas denuncias por corrupción, con la promesa de producir el papel que el CEAM ya no puede comprar.

Publicidad no hay

Miguel Henrique Otero, empresario y editor del diario El Nacional, considera que los regímenes de Chávez y Maduro han hecho desaparecer por lo menos el 60% del sector privado. "Obviamente esa es la mayor caída de la publicidad. También ha desaparecido la publicidad oficial".

Otero agrega, que "nadie tiene recursos para hacer un estudio de mercado. Los medios en Venezuela viven en modo sobrevivencia". Tampoco hay hay forma de saber hacia dónde van los gustos o tendencias de los lectores, porque la hiperinflación lo pulveriza todo.

Un representante de una de las más grandes agencias publicitarias del país, declaró para Transparencia Venezuela que, cuando era ejecutivo de medios manejó una campaña para el 50º aniversario de Pampero, y en un día publicó más de 100 avisos. "Esto ha cambiado tanto que ahora no compramos periódicos para revisarlos en la oficina, porque es un costo. El año pasado los usábamos solo para avisos de participación funeraria".

Los anunciantes públicos también están restringidos. Hay un descenso en la liquidez del régimen para invertir en grandes campañas, y ahora aprovecha sus espacios impuestos por la ley para tener sus cuotas dentro de los medios.

Periódicos y periodistas sin transporte

Muchos han sido testigos de cómo el parque automotor que movilizaba a los periodistas a sus pautas se fue convirtiendo en chatarra por falta de repuestos, por escasez de vehículos nuevos en el mercado (para acceder a un carro chino había que estar conectado con el régimen), o simplemente por falta de capital para reinvertir en un negocio que dejaba de ser rentable.

Yosselyn Torres, experiodista de Tal Cual residenciada ahora en Argentina, también acusa recibo de los problemas de movilidad como una traba para el trabajo, y advierte que los reporteros dedican más tiempo en resolver esos problemas que en lograr la eficiencia.

Se destruyeron equipos de trabajo, computadoras quedaron obsoletas, cámaras sin posibilidades de reparación, mucho menos de reposición, y la distribución y venta de ejemplares se convirtió en una quimera. Salir a transportar periódicos devino en un oficio de alto riesgo. Un caucho estallado en medio de una carretera baldía se convirtió en una tragedia anunciada.

Vocación por el control pero no para producir

Los quioscos de periódicos se fueron quedando vacíos de prensa, solo cigarrillos detallados y chucherías ocuparon las estanterías de esos pequeños espacios fantasmas anclados en ciudades muertas, en pueblos sin alma. Las carencias del servicio eléctrico y los cortes de internet fueron también factores invariables en esta historia de destrucción masiva del aparato productivo nacional, que llegó hasta la prensa con mala saña y buen viento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estimó que en 2017 Venezuela cumplió cuatro años con una economía en recesión y una caída de 31,9% de su Producto Interno Bruto.

El Viernes Rojo fue el día en que el dictador Maduro anunció las nuevas medidas económicas basadas en la creación de un criptoactivo nacional, nuevos controles de precios, y la reconversión de la moneda, que le restó cinco ceros al bolívar. Se elevó el salario mínimo en 3.365 % para dar la idea de que, de la noche a la mañana, todos fueron ricos.

En Venezuela hay un mercado en bolívares y otro en moneda extranjera. Un transcriptor de textos cobra dos dólares por cada hora de audio; una cita médica oscila entre 30 y 100 dólares; una prótesis dental cuesta cerca de 1.000 dólares. Un inmueble puede estar entre 5 mil dólares en Valles del Tuy y un millón en La Lagunita. Los carros, los repuestos, incluso ciertos alimentos solo se consiguen en dólares. En un conocido supermercado de la calle 72 en Maracaibo hay una fila para los que pagan en dólares y otra para los que lo hacen en bolívares. Pero el régimen se hace la vista gorda y mientras tanto cobra a los privados las consecuencias de unas decisiones económicas basadas en controles que estimulan los mercados paralelos.

Las causas económicas del cierre de medios impresos, sostiene la economista Tamara Herrera, son las mismas que sufren otros sectores, "porque, en el caso de los medios impresos, no hubo ni remotamente el interés de negociar, ni alargar la vida de esos medios. Dentro de este modelo de economía sobre regulada, no hay ningún interés de promover el periodismo ni la libertad de expresión".

La censura financiera

Entre los patrones de violaciones más frecuentes a la libertad de expresión en Venezuela están las detenciones arbitrarias, el impedimento de cobertura, el robo de equipos, la destrucción de material, el desalojo de espacios o instituciones públicas, agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por fuerzas del orden público o grupos armados, discursos agraviantes, amenazas, marcos legales que legitiman la censura, ataques contra sedes y equipos de medios de comunicación, decomiso de pasaportes, entre otros. A estoy hay que agregarle la censura financiera.

Antonio Rubio Campana, director del Máster en Periodismo de Investigación de El Mundo España, quien vino a Venezuela para participar como presidente del jurado del Premio de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela, declaró que tiene clarísimo que, de todas las presiones sobre la prensa que vienen de diferentes maneras, la más poderosa es la censura económica "que conlleva que te puedan reducir el papel, te quiten la publicidad, te hagan una investigación sobre las personas que pueden dirigir un periódico, o buscan otras alternativas como las presiones tributarias u otras imposiciones económicas".

Este estrangulamiento es el que hace que algunos propietarios acaben vendiendo antes que perder todas sus inversiones, resultado a veces de una vida entera de trabajo. Compras a precios incomprensibles, confiscaciones, han dado paso a una cantidad de nuevos empresarios que lejos de capitalizar sus activos, han terminado de destruir el patrimonio para obtener beneficios inmediatos. Así ha pasado con fincas en plena producción, industrias, o medios como El Universal o el Grupo Últimas Noticias, para citar solo dos empresas de medios impresos cuyos nuevos gerentes llegaron ofreciendo villas y castillos y ahora solo administran ruinas de lo que antes fueron emporios de la noticia en Venezuela.

Deserción en salas de redacción

Los medios se fueron quedando desiertos. Periodistas buscando oportunidades de sobrevivencia abandonaron no solo sus puestos de trabajo sino el país. "Entre la inseguridad personal y los bajos salarios que se pueden pagar, retener el personal es prácticamente imposible", alega Miguel Henrique Otero.

Presidente y director de El Nacional exiliado en España por una demanda de Diosdado Cabello, Primer vicepresidente del PSUV y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se le pregunta si el marco legal influye en la independencia editorial de los medios, responde que habría que "empezar por decir que todo el comité editorial y la junta directiva de El Nacional tiene medidas cautelares de un juez desde hace cuatro años, lo cual mantiene a casi todos ellos en el exilio". Y que además la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), “ley para el control del espectro radioeléctrico, es discrecional y punitiva, y así mantiene autocensura masiva en la radio y la televisión.

Yosselyn Torres trabajaba en Tal Cual cuando el teniente retirado y dirigente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, conductor de "Con el mazo dando", un programa que se transmite en al menos dos canales del Estado, amenazó con demandar al periódico por replicar el 27 de enero de 2015 un trabajo publicado en el ABC, en el que se hablaba de su presunta vinculación con el narcotráfico. Demanda que pronto se hizo realidad. Son 22 las personas (editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla) a quienes se les abrió juicio por el presunto delito de difamación agravada continuada.

Luego mientras era reportera de El Pitazo, tuvo un encuentro con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. "El Sebin me interrogó para que delatara a quienes obtuvieron un video del joven que disparó a agentes de seguridad del Banco Central de Venezuela en 2016. Me obligaban a revelar mis fuentes, y yo me negué. Me liberaron luego de cuatro horas de interrogatorio".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015 recomendó a Venezuela promover la derogación de las leyes que consagran este delito, cualquiera sea la forma en la que se presente, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.

El desmantelamiento sindical

Otra estrategia del Estado venezolano para quebrar el alma social ha sido el debilitamiento sindical independiente.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, describe cómo las leyes laborales y el intervencionismo sobre el aparato sindical han desmejorado la calidad de vida de los afiliados, y cómo el Estado socialista, en su vocación controladora, ha ido desdibujando los gremios independientes que antes podían negociar con sus patronos en nombre de los trabajadores.

"En Venezuela hay una flagrante violación a la autonomía sindical -dice. Desde el proceso mismo de constitución de una organización sindical, con el decreto de modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, el Estado se ha garantizado a sí mismo la potestad de decir este sindicato sí, este sindicato no, con la importancia que representa para el crecimiento profesional, económico y social de un trabajador poder actuar de manera organizada en el ejercicio de esos derechos”.

Un grupo sindical, explica Ruiz, no puede hacer elecciones si el Consejo Nacional Electoral no las convoca. El mismo órgano que rige las elecciones presidenciales de un país tiene que participar en las elecciones de un sindicato, sea un sindicato de empresa o un sindicato nacional.

Devorados por la hiperinflación

El control sobre las condiciones salariales no solo mantuvo en desventaja a los trabajadores, produciendo un éxodo masivo de periodistas hacia medios digitales que podían pagar mejor, sino también ante la hiperinflación, que mermaba cada vez más la capacidad de maniobra de los medios impresos y de pagar mejores sueldos. Cada decreto de aumento, al tiempo que dejaba a los trabajadores de la prensa y periodistas ganando salario mínimo, desangraba también a las empresas ya bastante anémicas económicamente hablando.

El Impulso.com publicó el 27 de junio de 2018 que 1.328 periodistas se han ido del país como consecuencia de la censura y las restricciones para ejercer la profesión.

Los medios también se fueron quedando sin periodistas experimentados, sustituidos por estudiantes, personas sin experiencia y con una formación en la mayoría de los casos deficiente. Dispuestos a trabajar por nada, o casi nada, y sin tener a nadie que los defienda.

Controlar lo que se dice

Los dividendos del cierre de medios no son malos para el régimen. Según Marcelino Bisbal, comunicador social con amplía trayectoria en Venezuela, para junio de 2018 el número de unidades comunicacionales en manos del Estado había aumentado y diversificado con "cinco canales de televisión, el circuito de Radio Nacional de Venezuela con 11 estaciones que se escuchan en todo el territorio nacional, periódicos de gran circulación como Correo del Orinoco y Ciudad CCS, desarrollo en los medios alternativos (también llamados del tercer sector) con 244 radios comunitarias y unas 36 televisoras comunitarias".

Estos hechos configuran un panorama de intento de desaparición, dominación y control progresivo de medios, así como un severo deterioro del derecho a la libertad de expresión e información, que la ONG Espacio Público retrata claramente en su Informe Anual 2017, en el que registra 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión, los datos más altos desde el año 2002.

En su Índice de libertades periodísticas 2017 IPYS Venezuela registró al menos 518 casos que acumularon 1.087 violaciones a la libertad de expresión.

En este clima de inseguridad laboral y empresarial, en el que periodistas y medios son cotidianamente blanco de ataques, y la hiperinflación afecta a los medios tradicionales que no pueden sostener sus operaciones, el ecosistema de medios en Venezuela ha venido mutando a la web, cuyos costos operativos son mucho menores. No obstante, es también cuestión de tiempo que en un país donde la desinversión en las plataformas de telecomunicaciones y los desproporcionados controles económicos sobre las operadoras, el acceso a la navegación también deje de ser libre. Mientras tanto, para eso están los bloqueos.

FUENTE: REDACCIÓN

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