La falta de bancos corresponsales ahoga al gobierno venezolano
04 de junio de 2018 - 16:06 - Por VÍCTOR SALMERÓN
Nicolás Maduro pide a los banqueros del país que comiencen a realizar transacciones con entidades financieras de Turquía, Rusia, India y China para efectuar pagos al exterior por esta vía.

@vsalmeron

CARACAS.- El pasado 29 de mayo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, les solicitó a los banqueros del país algo poco usual: "Pido la cooperación a la banca pública, a la banca privada, para abrir las corresponsalías. En países como China, India, Turquía, Rusia, países integrados al orden económico mundial y que abren posibilidades para que Venezuela pueda seguir manejando sus cuentas internacionales".

Los bancos corresponsales permiten que los países hagan pagos al exterior canalizando las transferencias de fondos, pero las sanciones de Estados Unidos y decisiones operativas de las entidades financieras norteamericanas y europeas con presencia global, han dejado a la administración de Nicolás Maduro con pocas opciones para realizar transacciones.

El cierre de puertas por parte de bancos que hasta hace poco canalizaban pagos del gobierno venezolano obedece a una serie de razones entre las que destaca que el 20 de septiembre de 2017 la Fincen, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que tiene como misión luchar contra el lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas, emitió una alerta a todas las entidades financieras sobre “la corrupción pública generalizada que impera en Venezuela”.

El oficio de la Fincen precisa que "de conformidad con las obligaciones regulatorias existentes, las instituciones financieras deben tomar medidas razonables acordes al riesgo para identificar y limitar cualquier contacto que puedan tener con fondos y otros activos vinculados a la corrupción pública" y señala como posibles vehículos de operaciones ilícitas a contratos de personas y empresas privadas con organismos del Estado venezolano.

A esto se añade que un grupo de altos funcionarios públicos de Venezuela han sido incluidos en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), lo que implica que bancos, casas de bolsa y demás entidades financieras tienen prohibido realizar transacciones donde los funcionarios mencionados tengan algún tipo de participación.

Banqueros venezolanos indican que ante el riesgo reputacional o de multas que implica operar actualmente con el gobierno de Nicolás Maduro, prácticamente todas las grandes entidades financieras norteamericanas y europeas están cerradas a la posibilidad de canalizar pagos provenientes de organismos del sector público como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) o la empresa Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca).

Fuentes bancarias afirman que ante la imposibilidad de recibir pagos provenientes del gobierno venezolano por las vías más convencionales, representantes de empresas ligadas al sector petrolero han viajado a ciudades árabes como Abu Dabi para abrir cuentas bancarias donde les es posible recibir transferencias provenientes de bancos rusos.

Hasta octubre del año pasado el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, canalizó pagos a través de Italbank, una pequeña entidad financiera off shore ubicada en Puerto Rico cuyo presidente es el empresario venezolano Carlos Dorado. Pero el oficial de cumplimiento de Italbank recomendó no continuar con estas operaciones y desde noviembre de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro tampoco cuenta con esta posibilidad para realizar transacciones.

Bajar los riesgos

A las condiciones específicas de Venezuela se añade que desde 2015 los bancos con presencia global comenzaron a aplicar lo que denominan el “De-risking” que consiste en cerrar el servicio de corresponsalía en países considerados de alto riesgo en cuanto a prácticas como la legitimación de capitales.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional señaló en 2016 que 75% de los grandes bancos globales habían cerrado cuentas de corresponsalía y en 2015 un sondeo del Banco Mundial a veinte entidades internacionales determinó que 15 de ellas habían recortado sus operaciones.

En octubre de 2017 José López, en ese entonces presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, advirtió que “hay consenso en que el De-Risking es una realidad en nuestra región, con efectos claramente indeseables. Impacta negativamente en la inclusión financiera tan necesaria para el desarrollo de nuestros países, debilita el crecimiento económico y afecta actividades legítimas”.

El financiamiento

Tras considerar ilegítimas las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 20 de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que incrementa las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro. La medida prohíbe a los bancos, empresas, particulares y en general a cualquier entidad de Estados Unidos participar en una serie de transacciones que permitirían financiar a corto plazo al gobierno venezolano, PDVSA -la empresa petrolera en manos del Estado- y el Banco Central.

Este paso se añade a las sanciones de agosto de 2017 cuando Washington condenó la “apropiación de poder” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente e imposibilitó la entrega de nuevo financiamiento en plazos superiores a 90 días en el caso de Pdvsa y de 30 días para el resto del sector público.

Con las nuevas sanciones al gobierno venezolano y todos sus organismos les es imposible vender sus cuentas por cobrar o entregarlas como garantía.

Además, les está prohibido vender, intercambiar o conceder en garantía acciones de empresas en las que el Estado tenga una participación de al menos 50%.

El analista financiero Leonardo Buniak explica que “PDVSA se ve afectada seriamente porque se le limita el uso de instrumentos financieros que son cotidianos para obtener financiamiento en el corto plazo; ya no puede hacer factoring, es decir, venderle a un banco una factura que va a cobrar en 60 o 90 días y recibir hoy el dinero aceptando un descuento”.

“Tampoco es posible que PDVSA coloque como garantía cuentas por cobrar para obtener un crédito de corto plazo a fin de recibir capital de trabajo y mantener las operaciones del día a día del negocio”, añade Leonardo Buniak.

Podría pensarse que las sanciones de Estados Unidos solo impiden operar con bancos y empresas de este país, pero la realidad es que las grandes entidades financieras de otras naciones que operan activamente en Estados Unidos también limitan sus transacciones con Venezuela a fin de proteger su presencia en un mercado estratégico.

Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, explica que “lo que observamos con las sanciones de agosto de 2017 es que los grandes bancos europeos con fuerte presencia en Estados Unidos adoptaron las medidas por igual. Los bancos asiáticos no las asumieron de este modo, pero cada vez están menos dispuestos a trabajar con Pdvsa y Venezuela”.

Leonardo Buniak considera que “es evidente que hay un efecto indirecto de las sanciones porque los grandes bancos y las empresas comienzan a evaluar si operar con Venezuela puede afectar sus negocios en Estados Unidos; además hay un riesgo reputacional que también se toma en cuenta”.

Sin dinero

Si bien la falta de bancos corresponsales y las sanciones de Estados Unidos afectan la fluidez de los pagos del gobierno venezolano, también hay que tomar en cuenta que el país prácticamente está en bancarrota. En Venezuela 96% de los dólares que ingresan a la nación provienen de las exportaciones de petróleo y tras no ahorrar durante el período de los altos precios del barril, multiplicar la deuda por cinco y despilfarrar el dinero en proyectos “socialistas” que no son capaces de exportar, Venezuela sufre una severa escasez de divisas que se traduce en la imposibilidad de pagar a tiempo sus obligaciones.

En este momento, tomando en cuenta a PDVSA, el estado venezolano está atrasado en el pago de tres mil millones de dólares correspondientes a intereses de bonos y al mismo tiempo ha recortado al mínimo la venta de divisas al sector privado, lo que se traduce en escasez de productos básicos como medicinas y alimentos.