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Tras resultar ganador en unas elecciones cuestionadas por la oposición, la Unión Europea, doce países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, Nicolás Maduro se dispone a continuar en la presidencia de Venezuela por otros seis años. Si bien ha prometido que su reelección será el inicio de un período de prosperidad, todo apunta a que al menos en el corto plazo, los venezolanos deben prepararse para una fase más aguda de la crisis económica.

La economía venezolana no crece desde 2014 y acumula seis meses en hiperinflación, pero lejos de comenzar a salir del túnel el país está a las puertas de un período de mayor escasez, incremento de los precios y persistencia de la recesión. Estas son las causas.

Menos dólares

En Venezuela 96 de cada 100 dólares provienen de las exportaciones de petróleo y la cantidad de barriles que se extrae diariamente cae vertiginosamente en un contexto de mala gerencia y falta de inversiones. En abril, de acuerdo con las cifras reportadas por el gobierno venezolano a la OPEP, la producción se ubicó en 1,5 millones de barriles diarios, cifra que se traduce en un declive de 4% respecto al mes anterior y de 22% respecto a octubre de 2017.

La consecuencia es que a pesar del rebote que han experimentado los precios del petróleo el país contará con menos divisas para que las empresas del sector privado importen materia prima e insumos, por lo tanto, continuará el declive de la oferta y la escasez de productos básicos en los mercados.

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, no descarta que la producción petrolera continúe en descenso y cierre este año en 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que el país generaba en 1998 cuando el chavismo llegó al poder.

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<p>Un tribunal ordenó a PDVSA pagar 2.040 millones de dólares en compensación a ConocoPhillips, la tercera mayor petrolera del mundo, ConocoPhillips</p><div><br></div>

Un tribunal ordenó a PDVSA pagar 2.040 millones de dólares en compensación a ConocoPhillips, la tercera mayor petrolera del mundo, ConocoPhillips

Nuevas sanciones

En agosto de 2017 Estados Unidos consideró como ilegítima la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y prohibió a sus bancos, empresas, particulares y en general a cualquier entidad financiar a PDVSA, la empresa petrolera en manos del estado venezolano, en operaciones con más de 90 días de vencimiento.

Esta medida limitó seriamente la posibilidad de Pdvsa de reestructurar su deuda o recibir crédito a largo plazo, pero permitía una serie de transacciones que alivian la estrechez de recursos. El lunes de esta semana, tras considerar la elección del pasado domingo como fraudulenta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó el cerco con nuevas sanciones.

Las medidas prohíben comprarle al gobierno venezolano (incluyendo a PDVSA) cuentas por cobrar o recibirlas como colateral para facilitar alguna transacción financiera. Tampoco está permitido participar en transacciones donde el gobierno venezolano venda o intercambie acciones de empresas públicas o mixtas, algo que restringe fuertemente el rango de actuación de Pdvsa para alcanzar acuerdos con socios estratégicos.

Los países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) también consideran fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro y decidieron tomar acciones que aumentan la presión en el flanco económico.

Nicolás Maduro ha desconocido a la Asamblea Nacional, que se encuentra bajo control de la oposición, y el Grupo de Lima anunció que solicitará “a las autoridades competentes de cada país que emitan y actualicen circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad”.

Además, el Grupo de Lima acordó “coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria”.

El control de precios

En un entorno donde el Gobierno se financia masivamente con la emisión de dinero y la oferta disminuye, el país entró en hiperinflación. Las proyecciones de Ecoanalítica señalan que al cierre de abril la inflación se ubicó en un promedio mensual de 80%, lo que arroja una tasa anual de 115.000%.

Ante este escenario Nicolás Maduro se dispone a reforzar el control de precios que está vigente desde 2003. Empresarios consultados advierten que lo previsible es que aumente la escasez porque solo por muy corto tiempo se podrá producir sin rentabilidad.

“Después del 20 de mayo vamos por las bandas criminales que roban al pueblo”, anunció Nicolás Maduro el pasado nueve de abril y el domingo advirtió que “la economía que tenemos no nos sirve, ha sido infectada de neoliberalismo y capitalismo salvaje”.

El 15 de mayo Kellogg’s anunció la decisión de cerrar sus operaciones en Venezuela ante el “actual deterioro económico y social”, aumentando la lista de empresas multinacionales que han salido de Venezuela.

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La deuda externa venezolana ha crecido a niveles insostenibles, de acuerdo a los actuales ingresos en divisas.
La deuda externa venezolana ha crecido a niveles insostenibles, de acuerdo a los actuales ingresos en divisas.

El default

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela registran que entre el tercer trimestre de 2004 y el tercer trimestre de 2014 la deuda por la emisión de bonos de la república y de Pdvsa se triplicó hasta ubicarse en 67 mil 714 millones, magnitud que luce inmanejable para la administración de Nicolás Maduro.

Entre noviembre y el cierre de la semana pasada el gobierno venezolano y Pdvsa acumulan atrasos en el pago de los intereses de sus bonos por el orden de 3 mil 500 millones de dólares y en el mercado financiero se comenta insistentemente que parte de los afectados han comenzado a organizarse para introducir demandas en Estados Unidos.

Tras el incumplimiento grupos de Inversionistas que tengan en sus portafolios bonos que representen al menos 25% del monto total de la emisión pueden solicitar la aceleración, es decir, exigir por adelantado el pago inmediato de toda la deuda. Si este evento se concreta quienes tienen otros bonos también pueden pedir la aceleración y entonces prácticamente habría que cancelar al instante todo lo adeudado.

Si las acciones legales avanzan no es descartable que los inversionistas intenten embargar activos de Pdvsa fuera de Venezuela o congelar cuentas por cobrar.

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