Oposición apuesta a las garantías para elecciones en nuevo ciclo de diálogo con el chavismo

Dinorah Figuera, quien presidió el Parlamento de 2015 y dirige la representación opositora, señaló que está prevista la instalación de la mesa de libertades o garantías políticas y la libertad de expresión. Figuera y otros dirigentes participaron en un encuentro virtual con abogados del estado Mérida, en la región de Los Andes.

La dirigente dijo que "un sector" de la población venezolana pide que haya elecciones libres y la aspiración es que sea "lo más pronto posible". Agregó: "Apenas el 1 de agosto, nosotros asumimos esta responsabilidad y en el camino hemos trabajado muy duro en un proceso que no sólo es de diálogo. También tiene que ver con un proceso donde se dirimen aspectos con garantías en la construcción de un propósito común, pero con diferentes visiones".

El primer ciclo de diálogo con el oficialismo cerró el 12 de agosto. En el proceso no intervienen los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Las partes acordaron la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), durante años señalado por la oposición de servir al chavismo.

La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, sancionó hace unos días la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición que forma parte de la negociación llamó a la sociedad civil y a los juristas del país para que se incorporen a fiscalizar el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) y a integrar el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales (CIRC).

Serán designados 32 magistrados en seis salas, luego de una modificación legislativa con la que se incrementó el número de jueces en mayo.

Contra la represión

Por su parte, el dirigente opositor Sergio Vergara dijo que la mesa de diálogo hará foco sobre "los aspectos normativos" e "institucionales que tienen que ver con la represión", para revisar las leyes que fueron elaboradas "con la sola intención" de cercenar las libertades.

En este aspecto, refirió la Ley del Odio que propició muchas detenciones arbitrarias, y la Ley de la fiscalización y control de la ONG que castiga con penas de hasta 30 años de prisión o con multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios públicos.

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FUENTE: Con información de EFE/AFP