Ortega convoca a elecciones municipales bajo amenaza

Ortega eliminó en 2021 a los partidos políticos de oposición y encarceló a siete aspirantes presidenciales que competirían con él, a quienes condenó a largas penas que oscilan entre los 8 y 13 años de cárcel acusándolos de lavado de dinero y “traición a la patria” por hacer oposición al régimen.

Así, en ese contexto, Ortega y su esposa Rosario Murillo, se aseguraron un nuevo periodo presidencial — el sexto y cuarto consecutivo para Ortega, y el segundo para Murillo —, reprimiendo cualquier disidencia y en medio de un alto porcentaje de abstencionismo que superó el 80%, de acuerdo con organismos que monitorearon el proceso.

Más de 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar en estos nuevos comicios bajo “amenaza” en los 153 municipios del país donde se “elegirán” a alcaldes, vicealcaldes y concejales, según el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen sandinista.

La organización Nicaragua Nueva Generación, cuyo enfoque es la defensa de los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, denunció que funcionarios del CSE y de la llamada Unidad de Victorias Electorales (UVC), una estructura partidaria constituida por Ortega en todo el país en 2020, realizan visitas en los diferentes municipios del país casa a casa para preguntar a los habitantes sobre su disposición de ir a “votar” y al mismo tiempo advertir que de no acudir a las urnas tendrá consecuencias.

La penalidad será que no podrán tramitar o renovar licencias, cédulas de identidad, pasaportes y estarían sujetos a un aumento en los impuestos. “Esa es la información que nos han estado reportando desde los municipios”, reveló la organización.

La eliminación del padrón

Actualmente 141 alcaldías de 153, están en poder de Ortega. En 2021 el régimen dio de baja del padrón electoral a 755.450 ciudadanos sin explicar las causas. En 2021, el total de convocados a las elecciones presidenciales fue de 4.478.334 nicaragüenses. La cifra se redujo a 3.722.884 y es la masa llamada a votar.

Este año el régimen pretende aplicar la misma medida para obligar a los electores a acudir a las urnas bajo amenazas, el fin es evitar el alto porcentaje de abstencionismo que ha sido la tendencia en las últimas elecciones y empañó con mayor evidencia en 2021.

Grupos de oposición en el exterior están llamando a la población a no votar, a quedarse en casa con puertas cerradas para rechazar la “farsa electoral”, al tiempo que les exhortan a exigir de forma simultanea la libertad de los presos políticos y la apertura a una transición política.

Pero exigir la última demanda podría significar un riesgo para la población debido al estado policial que ha instaurado la dictadura, que mantiene a más de 230 opositores presos.

Daniel Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007 de manera consecutiva, se ha convertido en el gobernante con más tiempo en el poder en América Latina. Esta vez Ortega se podría asignar una mayor cuota de alcaldías debido a que de las 12 que no estaban en poder del FSLN, cinco les fueron arrebatadas en julio pasado al partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), que era el principal partido opositor y a quien Ortega despojó de la personería jurídica en agosto de 2021, inhabilitándole de participar en las elecciones presidenciales.

Actualmente esas cinco alcaldías están manos del FSLN, por lo que el total de comunas controladas por el sandinismo son 146.

Se espera que Ortega se asegure el control de todas las alcaldías de Nicaragua, y que le otorgue algunas concejalías como “premio” a los partidos colaboracionistas a quienes los nicaragüenses han bautizado como partidos “zancudos”.

La recompensa

Ortega también “premiará” esa complicidad de los partidos minoritarios con dinero.

“En un contexto donde no existe la competencia electoral, esta campaña solamente sirve para justificar el reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas (12,506,948 dólares) que reclamarán los partidos al finalizar su participación en un proceso sin condiciones ni garantías democráticas”, afirma la organización de monitoreo electoral Urnas Abiertas.

La campaña electoral inició el 20 de octubre, solo fue de 13 días, un hecho sin precedentes en el país que revela que el interés es simular que se cumplen reglas para “guardar” las apariencias y tener acceso a los millonarios fondos.

“La reforma electoral aprobada en mayo de 2021 eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso, tampoco quedó específicamente claro que para acceder a dicho reembolso se debe demostrar con factura los gastos en los que el partido incurrió”, precisó Urnas Abiertas. Agregó que la Contraloría no está obligada a hacer pública las facturas o los análisis bajo los que aprueban los reembolsos, según la normativa, “manejando esa información sin transparencia”.

Eso indicaría que los partidos colaboracionistas van a tener acceso a los millonarios fondos, aunque obtengan pocos votos, solo por contribuir a los planes de Ortega, control del país y permanencia en el poder.

“Durante todo el período de campaña hubo un notorio silencio, el ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica como deberían ser las elecciones, las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches, los mítines o caravanas en las calles son inexistentes y los pocos actos políticos registrados durante los dos últimos fines de semana no fueron masivos, la participación se limitó a actividades que no superaron a algunas decenas de personas”, afirmó el organismo de monitoreo.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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