Petro protagoniza escándalo por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

MIAMI.- El expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia por las declaraciones de Deicy Jiménez, una joven que asegura haber mantenido una relación íntima con él y recibido contratos con entidades públicas durante ese período. Su testimonio, publicado el 25 de octubre por la revista SEMANA, incluye señalamientos sobre presuntos abusos de poder, encuentros sexuales vinculados a contratos estatales y solicitudes relacionadas con sustancias ilícitas.

El caso ha trascendido el debate político. La Fiscalía General de Colombia abrió una indagación por posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior Gobierno, mientras la Corte Suprema de Justicia citó a Jiménez para escuchar su testimonio.

La existencia de contratos públicos y las diligencias de las autoridades son hechos verificables. En cambio, las circunstancias en que se habrían otorgado, la supuesta participación de Petro y las demás conductas denunciadas requieren corroboración independiente.

La controversia también ha puesto bajo escrutinio fotografías aportadas por la joven, la divulgación de información personal y las reacciones de antiguos aliados del expresidente.

¿Quién es Deicy Jiménez?

Jiménez trabajó mediante contratos de prestación de servicios con entidades del Estado. En una entrevista con Vicky Dávila, periodista y presidenta de SEMANA, afirmó que conoció a Petro en 2019, cuando era congresista, y que mantuvo con él una relación durante varios años.

Según su versión, el político le facilitó oportunidades de contratación y habría utilizado mecanismos semejantes con otras mujeres. También aseguró que Petro le solicitó adquirir y transportar cocaína, una acusación grave que exige comprobación judicial.

Jiménez calculó que entre 30 y 40 mujeres habrían atravesado situaciones similares y sostuvo que algunas continuaban vinculadas a instituciones como la Presidencia, el Congreso y la Superintendencia de Salud. Afirmó, además, que varias temían hablar por presuntas presiones, intimidaciones o amenazas.

La denunciante cuestionó a mujeres identificadas con el feminismo afín al petrismo y aseguró que algunas habían asistido a las fiestas descritas. Sin embargo, en ese intercambio no identificó personas concretas ni aportó pruebas suficientes para atribuir responsabilidades individuales. Sus afirmaciones tampoco demuestran por sí solas la existencia de una red organizada.

Contratos públicos

Uno de los puntos centrales es que Jiménez sí tuvo vínculos contractuales con entidades estatales. SEMANA publicó información sobre contratos en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Entre las personas mencionadas figura María José Pizarro, senadora y aliada de Petro. Jiménez aseguró haber trabajado mediante un contrato relacionado con su despacho y sostuvo que Pizarro sabía que llegaba recomendada por el entonces mandatario. También mencionó a Armando Benedetti, de quien dijo que conocía la supuesta recomendación, aunque no creía que supiera los detalles de su relación íntima.

Es indispensable diferenciar los registros administrativos, que permiten comprobar los contratos, de la acusación de que estos fueron concedidos como contraprestación por encuentros sexuales. Esa relación necesita evidencia adicional.

A ello se suma una presunta certificación de experiencia laboral expedida en Irán, que Jiménez habría utilizado para acreditar requisitos en procesos de contratación. Su autenticidad, la entidad emisora y su utilización concreta deben contrastarse con el documento original y los expedientes. La sola presentación de una certificación no demostraría una adjudicación irregular.

Las denuncias no proceden únicamente de Jiménez. El 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), afirmó ante la Comisión Segunda del Senado que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Petro para facilitar encuentros con el entonces mandatario.

Ríos anunció que acudiría a las autoridades, pero no identificó públicamente a las mujeres ni presentó durante su intervención los expedientes que permitirían comprobar el señalamiento. Sus declaraciones y el testimonio de Jiménez deben examinarse por separado: las cifras de 48 y de entre 30 y 40 mujeres no pueden sumarse sin determinar si aluden a las mismas personas.

¿Quién recomendó y autorizó las contrataciones? ¿Qué labores se realizaron? ¿Existieron presiones o intervención irregular de funcionarios? Son interrogantes que requieren expedientes, comunicaciones y testimonios, no conclusiones anticipadas.

Fotografías y datos

Jiménez acompañó su relato con fotografías, capturas de conversaciones y otros materiales que, según ella, respaldarían sus afirmaciones. Una revisión comparativa con imágenes públicas de Petro identificó similitudes en una camisa de cuadros rojos y blancos, un bolso oscuro y un maletín.

Esas coincidencias justifican verificaciones adicionales, pero no prueban por sí solas propiedad, presencia física ni autenticidad de los hechos denunciados. Para establecer conclusiones sería necesario examinar archivos originales, fechas, procedencia y circunstancias de las imágenes.

Otro frente es la divulgación de datos personales de la denunciante. Surgieron cuestionamientos al periodista Daniel Coronell por información que presuntamente permitiría identificarla y conocer aspectos de su entorno familiar. Dávila también advirtió sobre la circulación de fotografías e información relacionada con la vivienda de la familia de Jiménez.

Corresponde establecer qué publicó cada persona, si los datos ya eran públicos y si existen amenazas vinculadas a su difusión. No sería correcto atribuir automáticamente a Coronell amenazas o consecuencias de publicaciones de terceros. La protección de quienes denuncian posibles abusos de poder debe conciliarse con la verificación rigurosa de los hechos.

"Cortina de humo"

La controversia reactivó declaraciones del exsenador Gustavo Bolívar, aliado de Petro. En una entrevista publicada por SEMANA el 7 de enero de 2023, Bolívar denunció presuntas prácticas de explotación sexual contra mujeres vinculadas laboralmente al Congreso. Afirmó que varias habían relatado presiones para mantener encuentros sexuales mediante contratos de corta duración y aseguró que conocía a los congresistas involucrados.

El 22 de octubre de 2026, ante los señalamientos sobre 48 mujeres presuntamente contratadas durante el gobierno de Petro, Bolívar calificó el asunto en X como una "cortina de humo" y destacó lo que consideraba logros de esa administración.

Su reacción fue anterior a la entrevista de Jiménez del 25 de octubre, por lo que no puede presentarse como una respuesta directa a su testimonio. Sin embargo, plantea una pregunta: ¿por qué quien denunció en 2023 posibles abusos sexuales vinculados a contratos públicos desestimó de ese modo nuevas acusaciones de naturaleza semejante?

El 9 de enero de 2023, la Procuraduría General anunció una indagación previa por las denuncias de Bolívar. Él confirmó posteriormente que compareció dos veces ante ese organismo y tres ante la Fiscalía. Falta esclarecer públicamente qué resultado tuvieron esas actuaciones y si se investigó o sancionó a alguna persona.

Se trata, no obstante, de episodios distintos. No existe evidencia presentada aquí que permita vincular a Petro con la presunta red denunciada por Bolívar en 2023.

Fiscalía y Corte Suprema

El 26 de octubre se conoció que la Fiscalía abrió una indagación por posibles irregularidades en contratos otorgados a mujeres durante el gobierno de Petro y anunció diligencias con antiguas funcionarias de la Presidencia. Dos días después, SEMANA informó que la Corte Suprema de Justicia había citado a Jiménez como testigo.

La apertura de una indagación y la citación de una testigo no equivalen a una declaración de culpabilidad. Las autoridades deberán comprobar si existieron vinculaciones irregulares, quiénes las autorizaron y supervisaron y qué relación, si alguna, tuvieron con los encuentros denunciados.

Una hipótesis por investigar es la eventual existencia de un mecanismo coordinado para ofrecer contratos a cambio de favores sexuales. Determinarlo exige diferenciar relaciones consentidas de posibles situaciones de coerción, explotación o abuso de autoridad. Las acusaciones sobre cocaína, consumo o transporte de sustancias requieren, a su vez, pruebas independientes y no pueden considerarse parte de una misma estructura sin demostración.

SEMANA informó que otras mujeres estarían aportando datos y nombres de presuntas intermediarias. De corroborarse, esa información podría contribuir a establecer responsabilidades, pero hasta ahora no está judicialmente demostrada la existencia de una red de prostitución, explotación sexual o tráfico de drogas dentro del anterior Gobierno.

Sin respuestas

El caso de Deicy Jiménez no puede reducirse a una discusión sobre la vida privada de un expresidente. El interés público surge de las denuncias de posibles abusos de poder, uso de recursos estatales, irregularidades contractuales y riesgos para quienes deciden declarar.

La gravedad de los señalamientos exige investigaciones rigurosas, respeto a la presunción de inocencia y derecho de respuesta para todos los involucrados. Las fotografías deben examinarse en su contexto; los contratos, contrastarse con sus expedientes; y las declaraciones, verificarse con pruebas independientes.

Las autoridades también deben explicar qué ocurrió con las denuncias de explotación sexual formuladas en 2023. La pregunta de fondo es si durante el ejercicio del poder se utilizaron cargos y recursos públicos para obtener beneficios personales, quiénes pudieron facilitar esas conductas y qué controles funcionaron o fallaron.

Las respuestas deben provenir de pruebas verificables y decisiones institucionales, no de la confrontación política ni de la exposición de las personas que denuncian. Sin embargo, la ausencia de conclusiones judiciales hasta el momento tampoco permite descartar la veracidad de los señalamientos ni restarles gravedad.

Por el contrario, exige que sean investigados hasta esclarecer los hechos, establecer eventuales responsabilidades y determinar si detrás de estas denuncias existieron prácticas de abuso de poder y utilización indebida de recursos públicos.

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