El Instituto Casla recibió informaciones sobre torturas y actos crueles sistemáticos contra los detenidos y urgió la presencia de la Cruz Roja y de la CIDH
Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención
Comité por la Libertad de los Presos PolíticosMIAMI.- El Instituto Casla dedicado a promover la democracia y defender los derechos humanos en América Latina, solicitó Asistencia y Acción Internacional Inmediata para los presos políticos civiles y militares recluidos en una cárcel militar de Venezuela, en salvaguarda de sus vidas ante graves denuncias de torturas, recibidas este viernes.
En un comunicado, la organización internacional que dirige la abogada Tamara Sujú pidió la presencia urgente de representantes de la Cruz Roja Nacional e Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH en el país.
También exige la liberación inmediata de todos los detenidos por el régimen en forma arbitraria, que permanecen en ese centro de reclusión, y su traslado urgente a hospitales.
Según el texto, los presos políticos civiles y militares recluidos en la cárcel ubicada en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en las afueras de Caracas, capital de Venezuela, son víctima de tortura física y psicológica que se manifiesta en golpizas con objetos contundentes, suspensión prolongada de sus cuerpos, suministro de alimentos en mal estado y privación “deliberada” de alimentos y de agua, entre otros tratos crueles.
En el ámbito de la tortura psicológica, se refirió a las "prácticas sistemáticas" de exposición permanente de luz blanca intensa, la interrupción deliberada del sueño, humillaciones “y mensajes destinados a destruir cualquier expectativa de libertad”, según comunicado difundido por la defensora de derechos humanos en su cuenta de X.
Afirmó que varios de estos hechos que ponen en peligro la vida e integridad física y mental de los presos políticos fueron constatados por los familiares, por lo cual exige una respuesta inmediata de las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La comunidad internacional tiene hoy la responsabilidad de actuar para evitar una tragedia mayor”, concluyó el comunicado, en momentos en que el régimen de Venezuela insiste en la represión. Familiares de detenidos por motivos políticos mantienen una protesta, desde este jueves, contra el diferimiento de la aprobación del proyecto de ley de amnistía en el que persiste la criminalización y no contribuye a la convivencia nacional.
FUENTE: Con información red X Tamara Sujú/Instituto Casla
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