El embargo implementado parcialmente por la administración de Eisenhower en 1960 y aplicado con mayor rigor por Kennedy en 1962 es, gústenos o no, una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos.
Se instauró como respuesta a las confiscaciones sin compensaciones de Fidel Castro. Desde luego, también fue un arma de presión económica de la Casa Blanca, para intentar desestabilizar el estado de cosas en la Isla.
Están los que consideran al “bloqueo”, como le llama el régimen, extraterritorial, injusto o ineficaz. Entre las estrategias coercitivas de los gobiernos, los embargos económicos son una táctica frecuente.
Fueron utilizados contra la Sudáfrica del apartheid y ahora mismo están vigentes restricciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por su anexión de Crimea.
La base militar no es ilegal
A Washington le asiste el derecho de no negociar, conceder créditos o vender productos estadounidenses a una nación que considere hostil. Ya el tema de la Base Naval de Guantánamo es diferente.
Intentaré ser objetivo. Un segmento amplio de los cubanos, de cualquier tendencia política, está a favor de la devolución de la base a Cuba. Por supuesto, los medios oficiales cuentan la historia a su manera.
La base militar no es ilegal. La Estación Naval en la Bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados Unidos obtuvo el control de Cuba al término de la Guerra hispano-estadounidense. El Gobierno norteamericano obtuvo un arrendamiento perpetuo que comenzó el 23 de febrero de 1903, con la firma por parte de Tomás Estrada Palma, primer presidente electo de la República de Cuba, del Tratado cubano-estadounidense. El arrendamiento consta en los apartados I y III de dicho tratado:
Artículo I. La República de Cuba arrienda por el presente a los Estados Unidos por el tiempo que las necesitare para el objeto de establecer en ellas estaciones carboneras o navales, las extensiones de tierra y agua situadas en la isla de Cuba.
Artículo III. Si bien los Estados Unidos reconocen por su parte la continuación de la soberanía definitiva de La República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, la República de Cuba consiente, por su parte, en que, durante el período en que los Estados Unidos ocupen dichas áreas a tenor de las estipulaciones de este convenio, los Estados Unidos ejerzan jurisdicción y señoríos completos sobre dichas áreas.
Una vez terminada la Guerra, la isla fue ocupada militarmente por Estados Unidos (1899-1902). Y como protectorado estadounidense, Cuba incorpora a su Constitución un apéndice o agregado que quedó conocido como Enmienda Platt. Entre otras cosas, el Tratado cubano-estadounidense establecía que Estados Unidos tendría completo control y jurisdicción sobre la Bahía de Guantánamo, con el propósito de operar estaciones navales y de embarque, y reconocía que Cuba mantenía su soberanía.
En 1934, un tratado reafirmó el derecho de que Cuba y sus socios comerciales pasaran a través de la bahía guantanamera; modificó el pago anual de una renta de 2.000 dólares en monedas de oro (unos 4.085 dólares estadounidenses de entonces) y agregó el requerimiento de que el fin de esta renta requeriría el consentimiento de ambos gobiernos, o el abandono de la propiedad por Estados Unidos.
Desde la llegada al poder de Fidel Castro, Cuba solamente ha cobrado una renta de alquiler, por considerar ilegítima la base. Otro litigio a negociar. Castro no es un nacionalista a ultranza.
En 1962, de manera secreta, emplazó en Cuba 42 cohetes nucleares soviéticos que pusieron al mundo al borde una conflagración mundial. Sin contar con el pueblo cubano, autorizó la estancia de bases militares soviéticas. En la provincia de Cienfuegos, en el centro de la isla, hubo un destacamento naval y al sur de La Habana, una brigada mecanizada con tanques y artillería que en la jerga oficial se denominaba Centro de Estudios No. 11.
Lourdes, para el espionaje soviético
Donde hoy radica la Universidad de Ciencias Informáticas, estuvo enclavada una base de espionaje rusa para el seguimiento y escucha por medios electrónicos del ejército y la aviación de Estados Unidos.
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Conocida como Lourdes, hasta su cierre en 2001, los servicios especiales de Castro compartieron información sensible sobre Estados Unidos con el imperio soviético primero y luego con la Rusia de Vladimir Putin. El alquiler no era gratis: Moscú le pagaba a Cuba 200 millones de dólares anuales.
Ahora, con el resurgimiento de la expansión imperial rusa tras la anexión de Crimea, las autoridades de las dos naciones han contemplado el despliegue nuevamente de bases militares en Cuba. Aunque de momento todo queda en el campo de la especulación política.
Cuando en el otoño de 2001, a raíz de los atentados del 11-S, la administración de George W, Bush decidió abrir una cárcel para supuestos terroristas en Guantánamo, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, le envió una nota al Gobierno cubano, contando los pormenores y la estrategia a seguir en la futura prisión.
Fidel Castro reconoció la deferencia diplomática. El 11 de enero de 2002, el periódico Granma publicaba en su primera página una declaración dirigida a la opinión pública nacional e internacional. Para sorpresa de los lectores, el Gobierno de Cuba apreciaba la información previa suministrada, y decía que había tomado nota con satisfacción "de las declaraciones públicas de las autoridades norteamericanas en el sentido de que los prisioneros recibirán un tratamiento adecuado y humano, que podrá ser controlado por la Cruz Roja Internacional. Aunque no se conoce con precisión el número de prisioneros que allí serán concentrados, estamos en disposición de cooperar con los servicios de asistencia médica que fuesen requeridos, programas de saneamiento y de lucha contra vectores y plagas en las áreas bajo nuestro control que circundan la base".
Solo después de que se conocieran las torturas y flagrantes violaciones de los derechos humanos a detenidos en cárceles de Abu Ghraib, en Irak, y en Guantánamo, el régimen comenzó a juzgar en duros términos los métodos estadounidenses para combatir el terrorismo.
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Resumamos. A pesar de la manipulación oficial sobre el tema, una mayoría de cubanos está a favor de la devolución de la Base Naval de Guantánamo. La instalación carece de importancia militar y estratégica para Estados Unidos. Si damos crédito a Cubadebate, una página del Gobierno cubano, el mantenimiento de esa base le cuesta cerca de 1.000 millones de dólares anuales al contribuyente estadounidense. Desde 2009, el presidente Obama tiene la intención de cerrar la prisión. Hasta ahora no ha tenido éxito.
Tras el nuevo panorama político abierto el 17 de diciembre de 2014, cobra fuerza la posibilidad de que las dos partes se sienten a negociar el futuro de la base. Serenamente, sin confundir soberanía nacional con ideología, irrespeto a los derechos políticos y falta de libertad de expresión.
La Base Naval de Guantánamo debe ser devuelta a la isla. Pero nunca más Cuba debiera emplazar centros militares extranjeros en su territorio ni sus tropas participar en guerras fuera de sus fronteras. A menos que en un plebiscito democrático el pueblo elija esa opción.
