Pago de la defensa de Maduro y Flores frena riesgo de nulidad del caso y acelera enojo en Venezuela

La decisión que fue notificada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al juez Alvin Hellerstein en una carta, en horas de la noche, resolvió el problema de la financiación de abogados privados Barry Pollack y Mark E. Donnelly, y también frena una causal de nulidad del proceso que podía presentarse en un futuro, según afirmó el abogado penalista Omar Estacio.

“A la fiscalía estadounidense le interesa preservar el desarrollo del caso y con estas licencias de la OFAC se resuelve el problema del pago de la defensa que estaba sembrando una causal de nulidad”, explicó.

Con esta nueva circunstancia, el juez Hellerstein continúa el proceso con los abogados privados de Maduro y Flores.

Pero en Venezuela, mientras tanto, crece el enojo generalizado por la decisión y la falta de información sobre de dónde saldrá el millonario pago de honorarios ante un presupuesto oculto en plena crisis económica.

Según informaciones no oficiales, los abogados Pollack y Donnelly, jefes de los equipos de defensa de Maduro y Flores, podrían cobrar un promedio de 5,000 dólares por hora que puede representar más de 100 millones de dólares.

En el país no hay recursos para las universidades públicas, según afirmó el ministerio de Educación Superior venezolano el mismo día, aunque dijo que no desconocía la situación.

Enojo en Venezuela

Los profesores universitarios de Venezuela son los más sensibles y afectados por el uso de dinero venezolano para la defensa de Maduro y Flores, pues llevan cuatro años sin aumento de salarios. Su pago no llega a dos dólares mensuales por la incontrolada devaluación.

“¿Con cuál cara se atreven a decirle a los maestros y profesores universitarios que para ellos no hay real, pero sí y bastante para la defensa de Maduro?”, reclamó Tulio Ramírez, profesor titular de Educación de la Universidad Central.

La indignación pulula en las redes y en cualquier ciudadano.

Arianna, de 68 años de edad, pensionada y paciente cardiovascular de un hospital público en la capital, manifiesta su rabia porque “la salud de los venezolanos no le importa al Estado y encima tenemos que pagarles los abogados a esa gente cuando uno tiene pagar absolutamente todo en un hospital”.

Ella está a la espera de que le coloquen un marcapaso que compró con ayuda de su familia en 12,000 dólares porque el “Seguro Social ya no los da” y hace una rifa para conseguir otros 5,000 dólares para cubrir los gastos de la cirugía en el hospital. “¿Y quién me paga a mí o a otros pacientes como yo esos estos gastos?”, se preguntó.

“¿Y con qué dinero vamos a pagar nosotros a los abogados de Maduro con esta crisis que tenemos?”, dijo Joao, un ferretero bien informado de un local ubicado en San Bernardino, en el norte de Caracas.

“¿Por qué nosotros tenemos que pagarlos, después que han derrochado y robado tanto real y hasta una exmagistrada ha dicho que el hombre no es venezolano, que es colombiano? Además, ¿cómo vamos a saberlo si aquí ni siquiera se publica el presupuesto nacional desde hace años? ¡Es el colmo!”, se quejó.

Incertidumbre sobre los fondos

Según Estacio, la decisión de la OFAC liberó no solo fondos sino también “una gran tensión” que existía sobre el futuro del caso.

“Es perfectamente válido” en EEUU que un tercero, como la familia o una empresa, pague la defensa de un acusado, e incluso gobiernos pueden hacerlo en ciertos contextos y por tanto el concepto no es extraño en sí mismo”, señaló.

El penalista mencionó el caso contra el expresidente de Panamá, Manuel Noriega, capturado en 1990, en el que EEUU cubrió gastos mediante mecanismos internos, con base en la Sexta enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza al procesado el derecho a asistencia de un abogado.

“Hubo controversia sobre el financiamiento, pero no fue Panamá quien pagó formalmente la defensa bajo sanciones”, explicó.

El enigma en Venezuela es de dónde saldrán los fondos liberados por las licencias de la OFAC para la defensa de Maduro, a quien EEUU no reconoce su pretendido cargo presidencial, y de Flores.

Se conoció que la Procuraduría General venezolana envió a la OFAC un oficio en el que asegura que es una tradición en el país conseguir los recursos en casos similares, lo cual refutó Estacio. Allí no es común, como en EEUU, favorecer la asistencia letrada”, subrayó.

“Delcy Rodríguez tendrá que revisar de cuál partida saca el dinero, porque partida genérica no hay. Además, el Estado venezolano tendría que contratar formalmente a los abogados y los contratos tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez”.

Pago en medio de relaciones

El penalista explicó además que cuando un régimen de sanciones como el administrado por OFAC impide el acceso a dichos recursos, “el ordenamiento se ve compelido a flexibilizar su aplicación mediante licencias específicas, a fin de evitar una infracción constitucional estructural”.

El restablecimiento oficial de relaciones entre EEUU y Venezuela el 5 de marzo y la confirmación “legal y formal” de Trump de reconocer la administración de Rodríguez, durante su discurso en la cumbre Escudo de las Américas, en Miami, fue el marco adecuado.

“Los recursos que obtenga Rodríguez son legales para EEUU y por ello Venezuela puede pagar los cuestionados honorarios de los defensores de Maduro”, señaló.

Horas antes de la decisión de la OFAC, el nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barret y la gobernante encargada de ese país, Delcy Rodríguez, mantuvieron su primera reunión oficial en la que conversaron sobre el plan de tres fases del presidente Donald Trump en busca de la transición política.

Honorarios con restricciones

Sin embargo, el pago de honorarios a los abogados de Maduro y Flores tiene restricciones de la Administración Trump.

“El Gobierno (de EEUU) entiende que las licencias enmendadas han resuelto los problemas subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva (de Maduro y Flores)”, indicó la carta de la OFAC en la que se señalan las limitaciones para usar dinero de Venezuela.

Entre ellas, se indica que los pagos autorizados deben hacerse “con fondos disponibles” para el régimen después del 5 de marzo de 2026”, es decir, no antes de la fecha del restablecimiento de relaciones entre EEUU y Venezuela, tiempo en el cual el dinero proveniente de la venta del petróleo y oro ha estado bajo supervisión y en cuentas de EEUU.

También ordenó que los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.

Exigió también que los acusados retiren sus mociones por improcedentes, sin perjuicio volver a presentarlas si surgieran problemas similares en un futuro.

El tribunal debe programar una audiencia de seguimiento en un plazo de 60 días, solicitó la OFAC

Estacio afirmó que en la jurisprudencia Caplin & Drysdale y Monsanto, la Corte Suprema de EEUU señaló que las restricciones de activos “no pueden eviscerar funcionalmente el derecho a elegir el defensor de confianza del acusado”.

Similar principio establece también el sistema europeo (Convención Europea sobre los Derechos Humanos, art. 6º) en relación con el derecho a la defensa.

¿Por qué la controversia?

La financiación de la defensa privad

a de Maduro y Flores fue motivo de varias mociones de los abogados en las que se alegó supuesta violación del derecho a la defensa de los encausados venezolanos, basados en la Sexta Enmienda de la Constitución.

El 25 de febrero, el abogado de Maduro denunció ante el juez Hellerstein que la OFAC había revocado sin explicación la licencia que había emitido horas antes, la cual permitía al régimen venezolano pagar los costos de su defensa legal.

Según el escrito, al cual se adhirió el representante legal de Flores, la licencia fue aprobada el 9 de enero, pero posteriormente enmendada, dejando así sin efecto la posibilidad de que el régimen cubriera los gastos de la defensa.

Tras la reciente audiencia de marzo pasado, el juez cuestionó la posición del equipo del fiscal del caso, Jay Clayton, de ratificar el criterio inicial de la OFAC que impedía pagar los honorarios de la defensa legal con dinero venezolano, en el contexto del restablecimiento de relaciones comerciales.

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FUENTE: Entrevista con el abogado Omar Estacio, penalista