WASHINGTON.-SONIA SCHOTT
@schottv
Cuando en el año 2013 salieron a la luz los detalles de un sistema masivo de vigilancia secreta de teléfonos e internet, realizado por la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, el malestar creció entre los estadounidenses que se preguntaban si el “uso de las puertas traseras”, era la nueva normalidad.
La Casa Blanca en ese entonces, atajó el reto y dijo que el presidente Obama estaría dispuesto a debatir sobre la fina línea entre el interés de seguridad nacional y los derechos ciudadanos.
No es nada nuevo que en un mundo tan interconectado, los eventuales escenarios de conflicto internacional, caracterizados por altos niveles de incertidumbre, obliguen a los Estados a utilizar sofisticados recursos de inteligencia, para asegurarse la libertad en sus decisiones, aunque nos hayan puesto a elegir entre la seguridad colectiva o la privacidad individual.
El argumento que rescata la “razón de Estado” para defender la seguridad nacional como garantía de estabilidad social, es difuso para definir el alcance de “interés de seguridad nacional’ , especialmente cuando los potenciales enemigos operan fuera del del contexto de la guerra convencional.
Para el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), Gregory Treverton, los desafíos globales de los próximos cinco años y que formarán parte de la agenda de inteligencia del nuevo inquilino o inquilina de La Casa Blanca, continuarán con los acertijos sobre China y su futuro económico; Estados Unidos luchando por mantener su rol de influencia mundial a largo plazo; el enredo por los flujos de inmigración en una Unión Europea que está perdiendo progresivamente poder; una impredecible Rusia con un Putin aislado y víctima de apresuradas decisiones por errores de cálculo, el profundo impacto en América Latina por la pérdida de valor de las materias primas y que la hará una socia aún menos interesante para Norteamérica y por supuesto los conflictos ocasionados por la guerra civil, el terrorismo y Daesh en el Medio Oriente.
Con este panorama de continuo reacomodo de fuerzas, es difícil saber si el derecho a la privacidad del individuo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mantendrá su vigencia o sufrirá modificaciones.
Y aunque la Constitución de Estados Unidos, no menciona expresamente este derecho, sí refleja la preocupación de James Madison por la protección de aspectos relativos a la privacidad como: la protección a indagaciones y detenciones arbitrarias, las creencias, la propiedad y los bienes personales, por ejemplo.
En todo caso, un reciente estudio del Pew Research Center busca ponerle el cascabel al gato al revelar que un 51% de norteamericanos apoya la institucionalidad del Departamento de Justicia al mostrarse a favor de que Apple libere al iPhone para ayudar al FBI a descifrar las claves del ataque terrorista en San Bernardino, aun cuando les siga preocupando cualquier interferencia en sus datos personales cuando proviene de la confusión de no saber quién, cuándo y dónde se observan las actividades.
Si ponemos la mirada a unos 20 años, conciliar posiciones internacionales para lograr acciones colectivas será más difícil, por el creciente enfrentamiento entre valores y culturas, por eso es indispensable comenzar la discusión hoy y promover el diálogo por la puerta grande de las instituciones, porque la confianza es un arma que bien vale la pena.
