CARACAS.- REDACCIÓN
“Yo aplaudo esa decisión. Sabemos que muchos hechos punibles se hacen desde los centros penitenciarios"
CARACAS.- REDACCIÓN
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este miércoles que bastaba una orden del presidente Nicolás Maduro para aplicar la ley que regula el uso de celulares en cárceles.
“Yo aplaudo esa decisión. Sabemos que muchos hechos punibles se hacen desde los centros penitenciarios. Una cárcel donde se necesita mayormente esta ley es Tocorón” (cárcel de máxima seguridad en el estado Aragua, zona central de Venezuela) , expresó la fiscal en una entrevista para el canal de televisión Venevisión.
Informó que el Ministerio Público (MP) en los primeros seis meses del año ha recibido 3.855 acusaciones en temas relacionados con drogas ilícitas. “Lo que significa que la persecución del Estado venezolano ha sido consistente en comparación al año pasado”.
La Dirección Contra las Drogas del MP ha incautado durante 2016 más de 30 toneladas de drogas. Ortega Díaz aclaró que los narcóticos son incinerados inmediatamente.
Critíca operativos policiales implementados por Gobierno
Luisa Ortega, opinó este miércoles que los despliegues policiales denominados Operación de Liberación del Pueblo (OLP), implementados por el Gobierno durante el último año, han "impactado negativamente en la colectividad".
"Nos preocupa las OLP por la cantidad de denuncias que hemos recibido en el Ministerio Público sobre todo por las violaciones de derechos humanos", dijo la fiscal al ser consultada al respecto durante entrevista con el canal privado Venevisión.
Las jornadas OLP son el más reciente plan de seguridad del presidente del país, Nicolás Maduro, para intentar combatir la inseguridad en la nación con altos índices de criminalidad.
Los operativos consisten en redadas con allanamientos a viviendas, áreas residenciales, inspecciones, y detenciones en medio de fuertes despliegues policiales y militares en zonas especiales elegidas por las autoridades.
Ortega aseguró que los venezolanos están en presencia de niveles de inseguridad que "han venido creciendo", y que, a su juicio, "eso tiene que ver con los planes que se han implementado" en esa materia.
La funcionaria venezolana aseguró que han recibido denuncias por destrucción de viviendas, hurtos por parte de funcionarios y por la supuesta participación de particulares en estas redadas.
Según la fiscal hay un alto número de funcionarios procesados penalmente por la supuesta violación a los derechos humanos en estas actuaciones.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó la semana pasada una declaración contra el plan policial por supuestamente poner en práctica ajusticiamientos extrajudiciales y detenciones arbitrarias, entre otras acciones ilegales.
El acuerdo en rechazo a "la inefectividad en el combate del crimen y las graves violaciones de los derechos humanos" presentadas en el marco de los operativos OLP fue aprobado con el voto de los opositores después de que un grupo de madres contara que sus hijos fueron ajusticiados bajo estas actuaciones.
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