Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

Donalds se pronunció durante una parada de campaña en el restaurante Las Vegas Cuban Cuisine, en Doral, acompañado por su compañero de fórmula, el senador estatal Bryan Ávila, autoridades condales y locales y un nutrido grupo de seguidores.

El aspirante a la titularidad de Tallahassee sostuvo que las operaciones financieras cuestionadas ya fueron examinadas por la Cámara de Representantes estatal y por un gran jurado en el condado Leon.

Según Donalds, las principales inquietudes de los electores están relacionadas con el costo de los alimentos, la electricidad y otros gastos cotidianos. “Lo que preocupa a la gente es cómo poner comida en la mesa”, afirmó al restar importancia electoral a la controversia.

Un informe sin acusaciones

El debate resurgió después de la divulgación de un informe confidencial concluido en enero por un gran jurado. El documento determinó que la administración del gobernador Ron DeSantis habría destinado indebidamente 10 millones de dólares procedentes de un acuerdo de 67 millones con Centene, contratista del programa Medicaid.

El dinero fue transferido a Hope Florida Foundation, brazo caritativo de la iniciativa promovida por la primera dama Casey DeSantis. Posteriormente, los fondos pasaron por dos organizaciones sin fines de lucro y terminaron, en su mayoría, en estructuras políticas vinculadas a la campaña contra la Enmienda 3 de 2024, que buscaba legalizar el uso recreativo de la marihuana.

El gran jurado cuestionó la falta de controles y de diligencia durante las transferencias, pero no formuló cargos. Los investigadores dijeron que no pudieron determinar quién tomó específicamente la decisión de utilizar los fondos con fines políticos.

DeSantis sostiene que ninguna ley fue violada y ha concentrado sus críticas en la filtración del documento, que debía permanecer sellado.

El caso entra en la campaña

Al respecto, Jolly prometió reabrir la investigación si gana las elecciones del 3 de noviembre. El demócrata argumenta que todavía existen interrogantes sobre la intervención de altos funcionarios y pidió a Donalds asumir el mismo compromiso.

Aunque Donalds no ocupaba un cargo en la administración estatal cuando ocurrieron las transferencias, la controversia alcanza a otras figuras republicanas que estarán en la boleta.

Ashley Moody era fiscal general cuando se aprobó el acuerdo con Centene, mientras James Uthmeier, actual fiscal general, se desempeñaba como jefe de despacho de DeSantis y controlaba el comité político que recibió parte del dinero.

El informe también ha provocado reacciones dentro del Partido Republicano. El senador Rick Scott calificó sus conclusiones como preocupantes, mientras los demócratas Angie Nixon y José Javier Rodríguez pidieron responsabilidades políticas.

Con su respuesta en Doral, Donalds intenta impedir que Hope Florida domine el debate electoral y orientar la contienda hacia la economía doméstica. Jolly, en cambio, busca convertir el episodio en una discusión sobre transparencia y el prolongado control republicano de Tallahassee.

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