Un informe obtenido por CBS News Miami revela cómo fondos recuperados por cobros excesivos a Medicaid terminaron en actividades políticas en Florida
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida.
collage IA
MIAMI.- Un gran jurado de Florida concluyó que funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis desviaron indebidamente 10 millones de dólares de un acuerdo relacionado con Medicaid hacia Hope Florida Foundation y que el dinero terminó financiando actividades políticas contra la legalización de la marihuana y beneficiando al Partido Republicano de Florida.
El informe, obtenido por el periodista Jim DeFede, de CBS News Miami, calificó la transferencia como parte de “un plan sofisticado para financiar actividades políticas”. Sin embargo, el jurado determinó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos criminales contra una persona en particular.
El documento fue presentado bajo sello en la oficina del secretario de los tribunales del condado de Leon el 28 de enero. Su contenido permaneció protegido por el secreto del gran jurado mientras se desarrollaban procedimientos judiciales cerrados relacionados con su posible publicación.
El caso comenzó en 2021 cuando funcionarios de Florida conocieron que Centene Corporation, uno de los gigantes nacionales de la atención médica, había cobrado de más por medicamentos y servicios relacionados con Medicaid.
Centene operaba como intermediario entre el Estado y beneficiarios de programas públicos, incluido Florida Healthy Kids, que ofrece cobertura médica a niños de familias de bajos ingresos. Esto no sucedió solo en Florida, investigaciones en distintos estados detectaron sobreprecios relacionados con la administración de beneficios farmacéuticos, que resolvieron con acuerdos con los distintos proveedores de servicios de salud.
El 7 de febrero de 2023, Centene ofreció pagarle a Florida 67.048 millones dólares para resolver cualquier reclamación por esos cobros excesivos. El propósito original era compensar al estado y a los contribuyentes por dinero pagado de más dentro del sistema público de salud.
Durante septiembre de 2024, funcionarios estatales reactivaron las negociaciones que habían permanecido estancadas durante años. Una versión inicial contemplaba devolver los 67 millones de dólares al estado. El 12 de septiembre, la propuesta cambió, 62 millones irían a las arcas públicas y 5 millones a la fundación Hope Florida.
Un día después, la cantidad destinada a la fundación se duplicó hasta 10 millones de dólares, mientras la recuperación directa del estado se redujo a unos 57 millones dólares.
La fundación Hope Florida es una iniciativa impulsada por la primera dama Casey DeSantis. Su propósito declarado consiste en conectar a personas necesitadas con iglesias, organizaciones caritativas y empresas privadas, mediante los llamados “navegadores de esperanza”, para reducir su dependencia de programas gubernamentales.
Jason Weida, entonces secretario de Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (AHCA), declaró que existía una relación entre Medicaid y Hope Florida porque la iniciativa buscaba ayudar a personas a dejar la asistencia pública. Afirmó, además, que la contribución caritativa fue idea suya, aunque dijo no recordar quién propuso específicamente seleccionar a Hope Florida.
No obstante, el gran jurado consideró que esa conexión no quedó demostrada y subrayó que el dinero permaneció apenas unos días en la cuenta de la fundación.
Funcionarios de AHCA, sostuvieron posteriormente que alrededor de 56.2 millones de dólares correspondían directamente a daños de Medicaid, mientras otros 10.8 millones constituían una compensación adicional o incentivo para alcanzar el acuerdo.
El gran jurado rechazó esa explicación. Determinó que la totalidad del acuerdo constituía un reembolso a los contribuyentes y recordó que Florida decidió calcular la parte correspondiente al Gobierno federal sobre los 67 millones de dólares completos, no solamente sobre los 56.2 millones.
El gran jurado concluyó que reducir de 10.8 millones de dólares a exactamente 10 millones la parte separada del acuerdo buscaba evitar los controles establecidos en el Estatuto de Florida 45.062. Esa ley exige notificar a los principales líderes de la Legislatura sobre determinados acuerdos que impliquen más de 10 millones de dólares en devolución o pérdida futura de ingresos estatales. También dispone que el dinero pagado para resolver una reclamación del estado debe ingresar al Fondo General o al fondo público correspondiente.
Los abogados de AHCA sostuvieron que esas reglas no se aplicaban porque el acuerdo se había alcanzado antes de presentar una demanda y los 10 millones de dólares fueron pagados directamente a Hope Florida, sin entrar primero en las cuentas estatales. El gran jurado rechazó ese razonamiento y concluyó que la estructura de la operación pretendía eludir el propósito de la ley.
John Guard, entonces fiscal general adjunto principal, recibió el acuerdo porque se necesitaba la aprobación de la oficina de la entonces fiscal general Ashley Moody.
Guard declaró que inicialmente esperaba que el dinero recuperado fuera depositado en una cuenta estatal y que una parte pudiera corresponder al Gobierno federal. También explicó que, conforme al procedimiento habitual, la Legislatura debía decidir cómo se gastaban los fondos recibidos mediante acuerdos gubernamentales.
Cuando descubrió que 10 millones serían enviados a Hope Florida, planteó objeciones a Moody. Según el informe, le preocupaba especialmente que los legisladores interpretaran la operación como una invasión de su autoridad presupuestaria.
El acuerdo fue modificado para que AHCA, y no la Fiscalía General, apareciera como la entidad principal encargada de la negociación y como responsable de ordenar el pago a Hope Florida. Guard consideró entonces que cualquier dificultad legal o política correspondería a AHCA.
Después de consultar con Moody, esta autorizó a Guard a firmar el documento final. El gran jurado concluyó que Guard lo hizo sin realizar la debida diligencia para garantizar el manejo adecuado del dinero público.
Katie Strickland, entonces subjefa de gabinete de DeSantis para las agencias de salud, intervino según los testimonios, en mantener conversaciones con Weida y solicitar la firma de Cassandra Pasley, entonces jefa de gabinete del Departamento de Salud. Pasley declaró que Strickland le aseguró que el documento había sido revisado.
James Uthmeier era jefe de gabinete de DeSantis y tenía autoridad sobre funcionarios relacionados con la negociación. El gran jurado no determinó quién tomó la decisión inicial de enviar el dinero a Hope Florida, pero encontró testimonios que vincularon a Uthmeier con su distribución posterior.
Hope Florida repartió los 10 millones de dólares en dos subvenciones iguales. Secure Florida’s Future recibió cinco millones y Save Our Society from Drugs obtuvo los otros cinco millones.
Uthmeier contactó a Amy Ronshausen, directora de Save Our Society from Drugs, y le recomendó solicitar una subvención. La organización presentó su petición el 18 de octubre de 2024, fue aprobada ese mismo día y recibió el dinero cuatro días después.
Las solicitudes de ambas entidades afirmaban que los fondos no serían utilizados para actividades electorales. No obstante, Secure Florida’s Future transfirió 3.75 millones de dólares y Save Our Society from Drugs otros 4.75 millones a Keep Florida Clean, un comité político presidido por Uthmeier.
El análisis bancario citado por el gran jurado determinó que Keep Florida Clean recibió en total 8.5 millones de dólares de ambas organizaciones. Posteriormente envió 7 millones al Partido Republicano de Florida. Parte de los fondos restantes fue transferida a Florida Freedom Fund, otro comité presidido por Uthmeier.
El informe apunta que Keep Florida Clean encabezaba la campaña contra la Enmienda 3, iniciativa electoral de 2024 destinada a legalizar el uso recreativo de la marihuana en Florida. La propuesta no consiguió el 60% necesario para ser aprobada.
El representante estatal republicano Robert “Alex” Andrade, presidente del Subcomité de Presupuesto de Atención Médica de la Cámara, denunció públicamente el caso, como informó DIARIO LAS AMÉRICAS en abril.
Andrade comenzó a investigar al encontrar referencias a Hope Florida en documentos gubernamentales y descubrir que la Legislatura no había sido informada del acuerdo. Ante el gran jurado, expresó su convicción de que Hope Florida había sido utilizada para canalizar fondos hacia la campaña política.
El jurado concluyó que las solicitudes de Secure Florida’s Future y Save Our Society from Drugs describieron incorrectamente el destino del dinero y que los 10 millones de dólares fueron desviados indebidamente. No obstante, señaló que nadie asumió la responsabilidad de haber ordenado la transferencia inicial y que esa falta de evidencia impedía formular cargos criminales.
Uthmeier, actual fiscal general de Florida, y Moody, senadora federal designada por DeSantis en 2025, competirán para conservar sus cargos en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.
En este contexto, la candidata demócrata al Senado Angie Nixon reiteró su petición de renuncia contra Moody. Afirmó que la entonces fiscal general permitió que parte del dinero destinado a la atención médica de niños necesitados terminara en organizaciones políticas y sostuvo que los votantes deberían destituirla si no abandona el cargo.
Por su parte, José Javier Rodríguez, candidato demócrata a fiscal general, exigió la renuncia de Uthmeier y que se entregue a las autoridades. Rodríguez afirmó que el informe lo identificó como una figura clave en la distribución del dinero y acusó al actual fiscal general de insistir durante meses en que no había ocurrido ninguna irregularidad.
Uthmeier ha negado haber cometido delitos y anteriormente calificó la controversia como un asunto sin importancia. El gobernador DeSantis dijo no haber participado en el acuerdo, defendió la operación y volvió a describir el caso como un “engaño”. Mientras Moody ha evitado responder a preguntas sobre Hope Florida realizada por distintos reporteros.
El gran jurado recomendó que la Legislatura obligue a depositar en el Fondo General todo dinero recuperado por el estado y establezca reglas claras para controlar cómo las organizaciones de apoyo directo utilizan fondos públicos.
Al final, el gran jurado no presentó cargos porque no pudo determinar quién ordenó originalmente enviar los 10 millones a Hope Florida. Según el informe, ningún involucrado asumió esa responsabilidad y varios dijeron no recordarlo, lo que impidió reunir pruebas suficientes para procesar penalmente a una persona.
FUENTE: CBS News Miami; Informe de Gran Jurado
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