Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

El anuncio del grupo de trabajo Condominium and Homeowners Association Advisory Task Force (CHAT) realizado por el alcalde en rueda de prensa frente al ayuntamiento tiene el propósito de ofrecer orientación y herramientas a miles de residentes que afrontan disputas internas, decisiones financieras complejas y procesos legales poco claros.

La medida llega en un momento en que varias comunidades de condominios atraviesan tensiones relacionadas con reparaciones estructurales, préstamos millonarios, aumentos en las cuotas de mantenimiento y la obligación legal de realizar reformas por motivos de seguridad.

Uno de esos casos ocurre en un edificio de 132 apartamentos en Hialeah, donde los propietarios mantienen posiciones enfrentadas sobre la gestión de la asociación y el estado actual de las obras en el inmueble.

Ese conflicto, que incluye denuncias de falta de transparencia en la gestión administrativa y un edificio parcialmente paralizado en medio de obras de instalaciones y estructuras, ilustra precisamente el tipo de situaciones que la nueva iniciativa municipal pretende prevenir.

Iniciativa para educar

Durante la conferencia de prensa del miércoles 11 de marzo, Calvo anunció la firma de la orden ejecutiva 26-7, mediante la cual se creó el grupo de trabajo CHAT.

El alcalde calificó la decisión como un paso importante para enfrentar un problema que afecta a miles de familias en la ciudad.

“Hoy es un día histórico en la ciudad de Hialeah”, afirmó Calvo.

“Durante años a los residentes se les dijo que esto no se podía hacer, que no era nuestro problema. Pero estamos enfrentando directamente una crisis que afecta a miles de personas”.

Según explicó el alcalde, más de 26.055 unidades residenciales en Hialeah están organizadas bajo el modelo de condominios o asociaciones de propietarios. Muchos de estos inmuebles tienen varias décadas de antigüedad y enfrentan retos estructurales, financieros y administrativos.

“Muchos de estos edificios han sufrido el paso del tiempo y necesitan toda la asistencia posible”, señaló el edil.

La nueva task force tendrá dos objetivos fundamentales: educar a los residentes sobre el funcionamiento de las asociaciones y facilitar el acceso a los reguladores estatales encargados de supervisar estos organismos, explicó el edil.

El primer evento público de la iniciativa se celebrará el lunes 16 de marzo a las 5:00 p.m. en el Milander Center, ubicado en Palm Avenue y la calle 49.

En el encuentro participarán funcionarios del Departamento de Regulación Profesional y Empresarial de Florida (DBPR), personal de la ciudad de Hialeah y representantes de la unidad de delitos económicos del Departamento de Policía de la ciudad. El evento será gratuito, abierto al público y los propietarios de condominios pueden acercarse para obtener información sobre cómo solucionar conflictos vigentes en sus asociaciones.

Los conflictos administrativos en las asociaciones de condominios deben resolverse ante el DBPR. No obstante, cuando existen presuntos delitos como fraude o apropiación indebida de fondos, la policía municipal y su unidad de delitos económicos pueden intervenir, afirmó una fuente policial.

Reflejo del sistema

La creación del grupo de trabajo coincide con disputas internas en algunos condominios de la ciudad que han generado preocupación entre los propietarios e inquilinos.

Uno de esos casos ocurre en un edificio de 132 unidades, donde varios propietarios alegan presuntas irregularidades relacionadas con préstamos, manejo de fondos y trabajos de construcción que aseguran, permanecen inconclusos.

Según la propietaria María Nieto, quien reside en el edificio desde hace 26 años, el conflicto comenzó el año pasado cuando la presidenta de la asociación solicitó un préstamo de 1.2 millones de dólares para realizar reparaciones al inmueble.

"Nos enteramos cuando convocaron una reunión virtual para aprobar el préstamo”, explicó Nieto. “Pero los residentes exigimos una reunión presencial para discutir algo tan importante”.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos de demolición comenzaron en mayo del año pasado, pero hasta ahora no han sido completados.

“El edificio está prácticamente destruido”, aseguró. “Levantaron las baldosas de los pasillos, quitaron las barandas de los balcones, cortaron plantas del patio y destruyeron la piscina”, describió.

La propietaria sostuvo que muchos residentes del edificio son jubilados o personas mayores, por lo que cualquier incremento en los gastos representa una carga económica considerable.

Según Nieto explicó, en una reunión reciente se planteó un aumento de 97 dólares en la cuota mensual de mantenimiento, además de un nuevo préstamo cuyo monto no quedó claro para varios propietarios.

Falta de transparencia

Por su parte, Luis Pedraza, quien asegura ser propietario de dos apartamentos en el condominio, afirmó que los residentes han solicitado repetidamente documentos financieros y detalles sobre los préstamos aprobados por la asociación.

Sin embargo, aseguró que no han recibido respuestas claras.

“Hay cheques firmados por la presidenta dirigidos a su esposo y hasta a su hijo de 15 años por trabajos realizados en el condominio”, aseguró Pedraza.

El propietario también cuestionó la efectividad del préstamo inicial aprobado por la asociación.

“Se pidió cerca de un millón de dólares y no se ven resultados en el edificio”, afirmó.

Según Pedraza, la eficiencia de la empresa constructora contratada para realizar las obras ha generado dudas entre algunos propietarios. Aunque la compañía opera en Hialeah, algunos propietarios señalan que también aparece vinculada a operaciones en Los Ángeles.

Pedraza también mencionó que una persona asociada con la empresa constructora se presentó ante varios propietarios como inspectora municipal y advirtió que el edificio podría ser cerrado si no se realizaban ciertos pagos. Un hecho que Pedraza consideró de cuestionada legalidad.

Por su parte, los propietarios Andy Morejón y José Tame alegaron que la asociación pagó 700.000 dólares a una empresa contratista cuyo trabajo, aseguraron, fue “destruir el edificio” y también se quejaron del aumento de la cuota mensual de 323 dólares a 471 dólares, así como lo que calificaron de “falta de transparencia en los procesos”. Estos propietarios sostuvieron que desconocen qué sucede con los depósitos retenidos a los inquilinos que, según afirmaron, “nunca son devueltos, cuando termina el contrato de alquiler”.

Versión de la junta

Además de conversar con los propietarios descontentos, DIARIO LAS AMÉRICAS visitó el inmueble donde entrevistó a la presidenta de la asociación, Lissy Canino, quien rechazó las acusaciones y sostuvo que las reparaciones eran necesarias para garantizar la seguridad del edificio.

Según explicó Canino, cuando la nueva junta asumió la administración descubrió problemas estructurales acumulados durante años.

“El edificio tiene más de 50 años y la recertificación nunca se había hecho”, aseguró.

De acuerdo con el testimonio de Canino, la asociación también enfrentaba multas municipales y demandas legales relacionadas con la falta de cumplimiento de las normas de seguridad.

La presidenta indicó que la obtención del préstamo por 900.000 dólares aprobado por la junta fue indispensable para iniciar las reparaciones y cumplir con los requerimientos de ingeniería que establece la ley.

También aseguró que todos los gastos cuentan con documentación necesaria y que fueron aprobados por la junta propietarios.

En cuanto a los pagos realizados a su esposo como conserje, explicó que se trató de una solución temporal.

“Estuvimos un mes sin personal de limpieza y el edificio estaba lleno de basura. Él hizo el trabajo durante un tiempo mientras encontrábamos a alguien”, dijo.

Sobre los pagos que aparecen a nombre de su hijo, afirmó que se hicieron en concepto de reembolso. Es decir, ella pagó determinados trabajos de recogida de basura y escombros con el dinero extraído de la cuenta de su hijo y después solicitó el reembolso. “Todo está documentado con fotos de los trabajos realizados, facturas de pagos, e emails con la solicitud del dinero”, constató.

Imposibilidad de reuniones

Las reuniones de propietarios también se convirtieron en otro foco de conflicto. Según Canino, los intentos de convocar asambleas terminaron en ambientes de alta tensión debido a la hostilidad de algunos residentes molestos por la situación del edificio y el aumento de los costos. En al menos una reunión reciente, la discusión se tornó tan acalorada que fue necesaria la presencia de agentes de seguridad para evitar altercados mayores. “Los gritos, acusaciones y enfrentamientos entre vecinos impidieron que se desarrollara la agenda prevista”, lo que a su vez retrasó decisiones clave sobre financiamiento, reparaciones y presupuesto. Esta atmósfera de confrontación terminó bloqueando los mecanismos normales de gobernanza de la asociación, apuntó Canino.

Intento de “recall”

En medio de la creciente desconfianza, un grupo de propietarios descontentos encabezados por Anthony Alayón impulsó un proceso revocatorio contra la presidenta, el mecanismo legal que permite destituir a miembros de la junta directiva de un condominio. Los promotores de la medida argumentaron que la junta había actuado sin suficiente transparencia en el manejo de los préstamos, contratos y gastos del edificio. Incluso ponen en duda la legalidad de sus acciones. Sin embargo, desde el lado de la junta se cuestionó la validez del procedimiento, alegando que algunas firmas se recogieron sin seguir los pasos establecidos por la ley o sin la documentación completa requerida para formalizar la destitución. El intento de remover a la directiva terminó profundizando la división entre propietarios y contribuyó a un clima de enfrentamiento que hoy mantiene paralizada la gestión del condominio.

Edificio paralizado

Actualmente las obras en el inmueble se encuentran detenidas. A partir de una visita realizada por DIARIO LAS AMÉRICAS, pudimos observar que el edificio presenta áreas comunes incompletas y daños visibles provocados por las demoliciones iniciadas durante el proceso de reparación.

Entre los problemas señalados por los propietarios se encuentran pisos removidos, barandas desmontadas, áreas comunes sin terminar, una de las piscinas que fue demolida y la otra rota por completo.

Según coinciden todos, los contratistas habrían suspendido los trabajos debido a pagos pendientes.

Se estima que la deuda con contratistas podría superar los 200.000 dólares. Tras una nueva inspección de la ciudad donde señalaron nuevas irregularidades el costo total de las reparaciones podría alcanzar dos o tres millones. De ahí la necesidad de solicitar un nuevo préstamo para concluir las obras, explicó Canino.

Una muestra de la tensión entre los propietarios es que, durante los últimos cuatro años, el condominio ha tenido dos juntas de propietarios, y tres compañías administrativas.

En medio de la crisis administrativa y la hostilidad entre propietarios, Canino comunicó a este rotativo que la noche anterior había renunciado a la presidencia del board, lo que podría dejar a la asociación sin liderazgo formal.

Problema por solucionar

El conflicto en esta asociación de propietarios refleja los desafíos que la legislación estatal ha intentado abordar en los últimos años. La ley 913 de Florida conocida como “Ley de Condominio”, vigente desde julio de 2025 y promovida por la entonces representante estatal Vicki López, introdujo nuevas reglas para las asociaciones de condominios.

La legislación permite que las juntas impongan special assessments cuando existen reparaciones estructurales urgentes respaldadas por informes de ingenieros.

El objetivo de la norma es evitar que la falta de conocimiento o los desacuerdos entre propietarios impidan realizar trabajos necesarios para garantizar la seguridad de los edificios.

También la norma exige que las asociaciones publiquen en línea documentos esenciales del condominio para garantizar transparencia en las cuentas de estas organizaciones. La Ley de Condominio fortaleció el proceso contable y electoral, reguló el rol de proveedores, prohibiendo que empresas encargadas de inspecciones participen luego en las reparaciones derivadas, a fin de evitar conflictos de interés. Además, obliga a que más allá de los gastos operativos anuales, el presupuesto de la asociación incluya cuentas de reserva para gastos de capital y mantenimiento diferido, como trabajos de sustitución de techos o pintura del edificio.

Desafío para miles de propietarios

Para el alcalde Calvo, situaciones como la de este condominio demuestran que muchos residentes no cuentan con la información necesaria para participar en decisiones clave dentro de sus asociaciones.

“Muchos residentes no conocen sus derechos ni cómo funcionan las asociaciones”, señaló.

La nueva task force CHAT busca precisamente llenar ese vacío.

A través de talleres educativos, asesoría directa y acceso a investigadores estatales, la ciudad espera ayudar a los propietarios a comprender mejor cómo funcionan las asociaciones de condominios y qué mecanismos existen para denunciar irregularidades.

Entre los temas que se abordarán se encuentran los procesos de elección de juntas directivas, la revisión de estados financieros, los procedimientos para presentar quejas ante el DBPR y las herramientas legales disponibles para los propietarios.

La primera prueba de esta iniciativa será el encuentro programado para el lunes 16 de marzo a las 5:00 p.m. en el Milander Center.

Para muchos residentes de condominios en Hialeah, ese espacio podría convertirse en el primer paso para prevenir conflictos administrativos que, como el de este edificio de 132 apartamentos, han terminado paralizando comunidades enteras y generando incertidumbre y roce entre sus propietarios.

cmenendez@diariolasamericas.com

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