Cuestionan nueva ley que restringe el aborto en la Florida

La controversial propuesta de ley que fue aprobada por el Senado de la Florida el miércoles para prohibir el uso de fondos públicos y aumentar las restricciones a los abortos podría ser cuestionada en los tribunales, antes que el gobernador Rick Scott la firme o incluso decida si la firmará.

De cualquier manera, la ley existe para prohibir el uso de fondos públicos, federales o estatales, para pagar las interrupciones de embarazos, pero esta nueva ley, que lleva por nombre Termination of Pregnancies, prohíbe la entrega de dinero a cualquier organización que provea servicio de aborto.

Según legisladores que estudiaron la propuesta de ley, las nuevas restricciones afectarían a una docena de clínicas en el estado, además de las sucursales de Planned Parenthood, que prestan atención a las más necesitadas a través de Medicaid.

En otras palabras, la medida prohibiría el pago de unos 200.000 dólares a clínicas que, además de proveer el servicio de interrupción de embarazos, conducen exámenes de HIV y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, así como detención de cáncer y cuidado preventivo.

La ley aprobada el miércoles exige a los médicos contar con servicio autorizado de admisión en un hospital cercano o prestar servicio en una clínica que tenga un acuerdo similar de traspaso de pacientes.

Además, la nueva medida estatal redefine el tiempo permitido de gestación, que afecta la posibilidad de realizar abortos, al mismo tiempo que aumenta los requisitos de inspección de la clínica y derechos de licencia.

“No se trata de una ley que restringe el derecho de la mujer a elegir. Se trata de obtener el mismo nivel de cuidado que obtendría en otras clínicas”, manifestó la senadora estatal republicana Kelli Stargel, de la zona de Lakeland.

Quienes se oponen al aborto en la Legislatura aseguran que la ley equivale al reconocimiento de la interrupción del embarazo, pero prefieren que el dinero sea utilizado en otro tipo de servicio, como centros de atención a embarazadas y clínicas reconocidas por las autoridades federales.

“No podemos tolerar que el dinero proveniente de los contribuciones vaya a parar a organizaciones que realizan abortos”, declaró el senador republicano Rob Bradley, del noroeste de la Florida.

Expectativas

La propuesta, que fue aprobada por el Senado 25 a 15, y antes reconocida por la Cámara  76 a 40, no ha tenido respuesta del gobernador Scott.

Un vocero de la máxima autoridad del estado advirtió que la propuesta aprobada sería analizada.

Mientras tanto, la organización American Civil Liberties Union (ACLU), que vela por los derechos civiles, que la nueva ley podría afectar a más de 7.000 pacientes de Medicaid y otros programas especiales.

La senadora demócrata por Tampa, Arthenia Joyner, opinó que la nueva ley es una especie de “cacería de brujas” contra Planned Parenthood, luego que fuera acusada el pasado verano sobre la supuesta venta de tejidos fetales.

Entre tanto, ACLU continúa demandando al Estado sobre a ley aprobada el año pasado, que requiere la espera de 24 horas para realizar un aborto, luego que la mujer en cuestión lo solicite.

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