Farmacéutica de Broward, culpable de convertir dos farmacias en puntos de distribución ilegal de oxicodona

La farmacéutica Olushola Yusuf, de 60 años y residente de Tampa, administraba Striderite Pharmacy, en Margate, y Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines. De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía federal, ambos establecimientos funcionaban como centros de expendio del opioide para personas que carecían de una necesidad médica legítima para recibir ese tratamiento.

Durante el proceso, los fiscales demostraron que Yusuf dispensó al menos 335.351 tabletas de oxicodona de 30 miligramos, la presentación de mayor potencia del fármaco, utilizada habitualmente para tratar dolores intensos asociados a enfermedades graves o lesiones traumáticas. Según la evidencia expuesta ante el jurado, la propietaria abastecía con la sustancia a prácticamente todos los compradores que acudían a sus negocios.

Las pruebas presentadas por el Gobierno federal también mostraron que Yusuf cobraba aproximadamente diez veces el precio habitual del opioide y exigía que todas las transacciones se realizaran en efectivo.

La investigación estableció además que numerosos compradores recorrían largas distancias desde distintos puntos de Florida porque ninguna otra farmacia aceptaba surtir esas recetas. Algunos pagaban hasta 1.000 dólares mensuales, mientras que otros, identificados por la acusación como traficantes de drogas, retiraban tabletas supuestamente a nombre de decenas de pacientes que ni siquiera estaban presentes.

Varios testigos declararon ante el jurado que Yusuf mantenía las puertas de sus establecimientos cerradas durante el horario laboral y que el personal solo permitía el ingreso de determinados clientes previamente identificados.

A juicio de los funcionarios públicos, el volumen de las operaciones, la modalidad de pago, el perfil de quienes acudían a ambos negocios y la forma en que funcionaban evidenciaban una actividad incompatible con el ejercicio legal de la profesión farmacéutica.

“La acusada abusó de la confianza del público al utilizar sus farmacias para distribuir ilegalmente opioides mortales”, afirmó Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Fraude del Departamento de Justicia. “Esta condena envía un mensaje inequívoco: ya sea que alguien trafique drogas en una esquina o detrás del mostrador de una farmacia, será responsabilizado conforme a la ley”, añadió.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, aseguró que Yusuf continuó dispensando el medicamento pese a las reiteradas advertencias de sus propios empleados y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El funcionario sostuvo que la propietaria abastecía tanto a traficantes como a personas que viajaban desde distintos puntos del estado para obtener el opioide, priorizando las ganancias económicas por encima de la seguridad pública y de las responsabilidades inherentes a su profesión.

El jefe de Operaciones de la DEA, Matthew W. Allen, recordó que los farmacéuticos ocupan una posición de confianza pública y afirmó que Yusuf renunció a esa responsabilidad al dispensar cientos de miles de tabletas de oxicodona a prácticamente cualquier persona dispuesta a pagar elevados precios en efectivo.

La investigación fue desarrollada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.

“Al distribuir narcóticos peligrosos y altamente adictivos, la acusada demostró un claro desprecio por su comunidad y puso en riesgo a innumerables residentes que debían haber podido confiar en su farmacéutica”, expresó Christopher Raia, subdirector adjunto del FBI.

El jurado declaró a Olushola Yusuf culpable de conspiración para distribuir sustancias controladas y de otros cinco cargos relacionados con esa operación ilícita.

La audiencia de sentencia quedó programada para el 14 de octubre y la implicada podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos, aunque será un magistrado quien determine la condena tras evaluar las directrices federales de sentencia y otros factores previstos por la ley.

Su coacusado, Saman Giménez, se declaró culpable previamente del cargo de conspiración y también será sentenciado en octubre.

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