El proyecto legislativo ofrecería un permiso de trabajo, número de Seguro Social y protección contra la deportación a inmigrantes indocumentados con más de cinco años en el país
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FREEPIK / CANVA Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
DANIEL SLIM / AFP
La congresista republicana María Elvira Salazar
CARLOS ARMANDO CABRERAMIAMI. – Las congresistas María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-TX) presentaron una vez más la Ley Dignidad, un proyecto legislativo que intenta romper con cuarenta años de estancamiento en materia migratoria en el país.
La iniciativa combina fuertes medidas de control fronterizo con un programa que otorga un nuevo estatus legal, renovable, pero sin una vía directa a la ciudadanía, para millones de inmigrantes indocumentados que residen desde hace años en el país.
El proyecto, que cuenta con el respaldo inicial de legisladores de ambos partidos, representa uno de los esfuerzos más completos de la última década para abordar de manera integral la inmigración.
Sin embargo, su aprobación enfrenta obstáculos significativos en un Congreso polarizado y necesita el aval del liderazgo republicano y de la Administración actual para avanzar.
El pilar fundamental de la Ley Dignidad es una inversión de 150.000 millones de dólares en seguridad fronteriza. Estos fondos, que procederían de tasas y multas del propio programa, financiarían barreras físicas, tecnología de vigilancia y la contratación de 22.000 nuevos agentes.
Además, la ley endurece las penas para los colaboradores de carteles y los reincidentes en cruces ilegales.
A la par, la propuesta crea el ‘Programa Dignidad’. Este mecanismo ofrecería un permiso de trabajo, número de Seguro Social y protección contra la deportación por siete años a los inmigrantes indocumentados que demuestren su presencia en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020.
Los solicitantes deben carecer de antecedentes penales graves y pagar un total de 7.000 dólares en multas a lo largo del programa.
Este estatus se puede renovar de forma indefinida, pero no concede acceso a beneficios federales. El proyecto también exige la implementación obligatoria del sistema de verificación laboral E-Verify a nivel nacional en un plazo de dos años.
La iniciativa ya suma respaldos de sectores clave de la sociedad estadounidense. Más de 175 empresas de la agricultura, la construcción y la hostelería expresaron su apoyo, pues necesitan una fuerza laboral estable.
La Coalición de Negocios por la Inmigración Estadounidense (ABIC) afirmó que el programa podría generar hasta 70.000 millones de dólares en sueldos y capacitación sin costo fiscal.
Asimismo, importantes organizaciones evangélicas ven en la propuesta una solución que combina la seguridad con la "legalización basada en la restitución", un enfoque que, según encuestas, respaldaría la mayoría de sus fieles.
Entretanto, el caucus bipartidista ‘Problem Solvers’, que integra a 60 congresistas, también otorgó su aval, lo que supone el primer gran respaldo interno a una reforma migratoria desde 2013.
A pesar de su enfoque centrista, la Ley Dignidad ha recibido críticas tanto de la derecha como de la izquierda. Organizaciones conservadoras como NumbersUSA y la Heritage Foundation la califican de "amnistía disfrazada" que premia la inmigración ilegal y abaratará los salarios.
La congresista Salazar salió al paso de los cuestionamientos y afirmó que “aquí no se va a dar amnistía a nadie”.
Por su parte, el ala más dura del Partido Republicano, el Freedom Caucus, exigió una frontera completamente segura antes de considerar cualquier tipo de regularización.
Desde el lado progresista, se han expresado temores de que los "campus humanitarios" propuestos para procesar solicitudes de asilo en la frontera alarguen las detenciones.
A su vez, activistas y abogados criticaron que la falta de un camino a la ciudadanía perpetuaría una clase de trabajadores de segunda categoría. También señalaron que las multas y la obligación de contratar un seguro médico privado podrían dejar fuera a los inmigrantes con menores ingresos.
El destino de la Ley Dignidad es incierto. Aunque su patrocinio inicial es bipartidista, el número de apoyos aún es insuficiente para forzar una votación en el pleno de la Cámara de Representantes.
En realidad, la propuesta depende de manera crucial del respaldo del presidente Donald Trump, a quien la congresista Salazar instó a que "sea quien arregle el sistema".
Sin un gesto afirmativo del mandatario, según analistas políticos, el proyecto tendría pocas posibilidades de superar la resistencia del ala conservadora. En el Senado, la barrera de los 60 votos necesarios para cualquier reforma migratoria se presenta como un obstáculo aún mayor.
Los analistas coinciden en que, en el actual clima electoral, el texto probablemente sirva más como base para futuras negociaciones.
El escenario más factible es que algunas de sus partes, como las reformas a las visas de trabajo o el E-Verify, se incorporen en otros paquetes legislativos, mientras que el ambicioso ‘Programa Dignidad’ completo espera un momento político más favorable.
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