Organizaciones de derechos civiles acusan al gobierno de Trump de violar la Constitución al impedir asistencia legal a inmigrantes detenidos en un polémico centro en los Everglades.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida demanda al gobierno de Trump.
Pixabat Un camión con combustible sale de "Alligator Alcatraz" en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
AFP MIAMI.- Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra la administración Trump por la falta de acceso a asistencia legal y presuntas violaciones al debido proceso en el nuevo centro de detención migratoria ubicado en los Everglades, una instalación temporal construida sobre una pista aérea abandonada en Ochopee y conocida como “Alligator Alcatraz”.
El demanda fue interpuesta este 16 de julio en el Tribunal de Distrito de EEUU, Distrito Sur, por un grupo de detenidos, proveedores de servicios legales y bufetes con clientes retenidos en la instalación, entre ellos Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South, U.S. Immigration Law Counsel, Sanabria & Associates y Law Offices of Catherine Perez, PLLC. Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Florida y Americans for Immigrant Justice, alegando violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución.
Según la querella, el gobierno habría prohibido las visitas legales presenciales, restringido comunicaciones telefónicas y videollamadas confidenciales, así como el intercambio seguro de documentos. Además, la dirección electrónica provista por el estado para coordinar contactos, [email protected], no funciona.
“Los abogados han intentado sin éxito ubicar a sus clientes mediante el localizador de ICE o a través del Centro de Procesamiento de Krome en Miami. El personal de Krome dice no tener información”, señala la demanda. También denuncia que abogados fueron bloqueados en el punto de control por miembros armados de la Guardia Nacional y la policía estatal.
Eunice Cho, abogada sénior del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, calificó la instalación como “otro capítulo oscuro en la historia de nuestra nación”, afirmando que “el gobierno no puede encerrar a personas sin permitirles hablar con un abogado ni presentar recursos para su liberación. Estas restricciones son ilegales”.
Por su parte, Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU Florida, fue más contundente.
“El estado ha erigido una prisión en la sombra costosa y mortal en medio de los Everglades, aislando a los detenidos de abogados y familias, negándoles dignidad y debido proceso. Pero la Constitución no desaparece en los Everglades”.
Sui Chung, directora de Americans for Immigrant Justice, alertó que la instalación “opera casi en secreto, niega derechos fundamentales y representa una amenaza para los valores estadounidenses”.
La demanda también solicita información precisa sobre la ubicación de los detenidos y acceso confidencial a abogados por teléfono y en persona. Además, denuncia condiciones “deplorables”: temperaturas extremas, inundaciones, baños colapsados, falta de agua, alimentos insuficientes y negación de derechos religiosos.
En contraste, el director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, defendió las condiciones ante Fox News:
“Cada persona tiene unos 200 pies cuadrados en esta instalación segura. En un refugio para víctimas de huracán solo hay 20. Las críticas son exageradas y responden a intereses políticos”.
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