Una demanda del candidato Emilio González, quien aspira a la posición de alcalde, se convierte en el primer desafío legal para la nueva legislación municipal
Emilio González, candidato a la alcaldía de Miami.
D. CASTROPÉMIAMI. - La Comisión de Miami dio luz verde a una ordenanza que aplaza las elecciones municipales de noviembre de 2025 a noviembre de 2026, aunque la medida ya enfrenta una primera demanda judicial que amenaza con bloquear su implementación.
El coronel (retirado) Emilio González, exadministrador de la Ciudad y candidato a la alcaldía de Miami, presentó el lunes 1 de julio una acción jurídica contra el proyecto legislativo votado 3-2 en segunda y definitiva lectura, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial.
La demanda, interpuesta por un equipo de letrados liderado por el exjuez de la Corte Suprema de Florida Alan Lawson, incluye a la Ciudad de Miami, al alcalde Francis Suárez y a los comisionados Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King.
El recurso legal busca lo que en derecho se conoce como un alivio declarativo e interdictal, lo que significaría una declaración judicial sobre la ilegalidad de la ordenanza y una orden para detener su implementación.
Los asesores jurídicos de González califican la medida como un acto que “eludió inconstitucionalmente la voluntad democrática del pueblo”. Si la acción judicial del candidato tiene éxito, las elecciones de 2025 procederían según lo programado originalmente.
La ordenanza objeto de la demanda también amplía por un año los mandatos del alcalde Suárez y de los comisionados Joe Carollo y Christine King. El comisionado Pardo, principal impulsor de la iniciativa, defendió la norma por dos aspectos que considera primordiales.
A juicio del legislador municipal, el cambio electoral elevaría la participación en los comicios municipales del rango actual de 10-15% hasta un estimado de 65-70%, además de representar un ahorro de aproximadamente un millón de dólares.
En ese contexto de polarización, el abogado de la Ciudad de Miami, George K. Wysong III, sostuvo que la municipalidad sí tendría autoridad legal para cambiar la fecha de sus elecciones mediante una ordenanza. Wysong citó tres estatutos estatales principales:
Asimismo, el estatuto de Florida 101.75(3) establece específicamente: “Sin perjuicio de cualquier disposición de la ley local o carta municipal, el cuerpo gobernante de un municipio puede, mediante ordenanza, trasladar la fecha de cualquier elección municipal a una fecha que coincida con cualquier elección estatal o del condado”.
No obstante, el fiscal general de Florida, James Uteimer, argumenta que Miami-Dade opera bajo disposiciones constitucionales especiales que exigen el voto ciudadano para alterar fechas electorales o extender mandatos.
La carta del Condado Miami-Dade requiere que cualquier cambio en una fecha de elección o en un término de funcionarios electos se realice mediante una votación de los electores.
El abogado municipal también citó el caso Medina v. City of North Miami (2023), en cuyo marco un tribunal avaló cambios de fechas electorales. Sin embargo, el fiscal general desestimó este precedente como inválido, señalando que está apelado y actualmente suspendido.
Varios candidatos a la alcaldía han expresado su oposición a la medida. Michael Hepburn, uno de los aspirantes a suceder a Suárez, amenazó con presentar una demanda contra la Ciudad, advirtiendo que recurriría al abogado de derechos civiles Ben Crump “y otros para traer una demanda contra esta acción”.
Hepburn señaló que la medida podría alejar aún más a los votantes que ya se sienten desconectados del gobierno local.
Ken Russell, excomisionado de la ciudad y también contendiente por la alcaldía, calificó la “maniobra” como “power grab from people who can't seem to let go of power” (una jugada de poder de personas que no pueden soltar el poder).
Algunos candidatos creen además que el cambio representaría una desventaja a los candidatos “no incumbentes” y de base popular, mientras “entierra” los temas y candidatos locales bajo una avalancha de contiendas de mayor perfil, como los comicios estatales y federales.
El fiscal general de Florida emitió advertencias contundentes sobre la alegada ilegalidad de la medida. En una carta oficial fechada el 25 de junio, Uthmeier declaró que la propuesta era “inconstitucional” y violaba la Carta de Autonomía de Miami-Dade.
“El Estado no tolerará tal desviación inconstitucional”, escribió Uthmeier, quien advirtió que su oficina “consideraría tomar todas las acciones disponibles” para evitar una violación de la ley.
El fiscal argumentó que la iniciativa conculcaría la carta del Condado Miami-Dade y la Constitución del estado, particularmente una disposición del artículo VIII de la Constitución de 1885, que prohíbe modificar las cartas municipales sin la aprobación de los votantes.
Uthmeier también apeló al contexto político de la ciudad, describiendo a Miami como “hogar de miles de cubanoamericanos patriotas que conocen mejor que la mayoría los regímenes que retrasan displicentemente las elecciones y prolongan sus mandatos en el poder”.
El gobernador Ron DeSantis coincide con el fiscal general y condenó firmemente la medida, calificándola como “antidemocrática”. DeSantis expresó en redes sociales que “no es correcto que los políticos cancelen elecciones y extiendan mandatos sin aprobación” de los votantes.
En una publicación en X (anteriormente Twitter), DeSantis declaró: “Es incorrecto que los políticos en el cargo cancelen elecciones y extiendan unilateralmente sus mandatos. Además, esto viola los límites de mandato. Espero una respuesta legal rápida a este plan si llegara a promulgarse”.
Aunque el alcalde Suárez respaldaría la propuesta, según reportes de medios locales, el edil no ha proferido comentarios públicos sobre si firmará o vetará la ordenanza tras su aprobación final. Tiene un plazo legal de 10 días para tomar una determinación.
La situación es particularmente significativa para Suárez, quien está por alcanzar el límite de su mandato y, de aprobarse el cambio, podría permanecer un año más en funciones. Esto extendería su permanencia en la alcaldía a 9 años consecutivos y en cargos municipales a 17 años.
El caso de Miami encuentra un espejo en la vecina Coral Gables, que cambió sus elecciones municipales de abril a noviembre en años pares para coincidir con las elecciones estatales y federales.
La modificación fue aprobada por la nueva mayoría de la Comisión municipal formada tras las elecciones recientes en esa localidad de Miami-Dade, con una votación que acortó los mandatos de todos los funcionarios electos en cuatro meses.
El alcalde Vince Lago había hecho de este cambio una prioridad durante los últimos dos años. La medida fue aprobada mediante ordenanza, con la primera lectura en una reunión especial de la comisión el 6 de mayo.
La comisionada municipal de Coral Gables Melissa Castro solicitó formalmente una opinión legal del fiscal general de Florida sobre si ese municipio podía cambiar sus elecciones municipales sin un referéndum de los votantes. Castro argumentó que los funcionarios actuaron de manera “no ética e inconstitucional” cuando aprobaron la ordenanza.
Castro patrocinó una medida para derogar la decisión de cambiar la fecha electoral de abril de 2027 a noviembre de 2026.
Otros comisionados de Coral Gables censuraron a Castro por buscar la opinión del fiscal general sin consultar primero con sus colegas. El alcalde Lago declaró que era “profundamente preocupante” enterarse de que Castro contactó la oficina de Uthmeier sin discutirlo primero con sus pares de la Comisión municipal.
La controversia en Miami marca un momento decisivo para la gobernanza local, poniendo en tensión la participación democrática, la legalidad constitucional y los intereses políticos de quienes se mantienen en el poder. Se anticipa un escenario de litigios que definirá la constitucionalidad de la extensión de mandatos sin realizar consulta popular.
Según expertos, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Florida y establecer un precedente significativo para la autonomía municipal en todo el estado. La disputa legal entre las autoridades locales y estatales continuará desarrollándose mientras los tribunales determinan la validez constitucional de estas medidas.
Descarga LA APP