La demanda del candidato Emilio González incluye a la Ciudad de Miami, al alcalde Francis Suárez y a los comisionados Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King
Emilio González, candidato por el puesto de alcalde de Miami.
D. CASTROPÉMIAMI.- El coronel (ret.) Emilio González, candidato a la alcaldía de Miami, presentó el lunes una demanda judicial ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial, que busca anular la controvertida ordenanza que canceló las elecciones municipales de noviembre de 2025 y las trasladó a 2026.
La acción judicial, liderada por el exjuez de la Corte Suprema de Florida Alan Lawson, incluye a la Ciudad de Miami, al alcalde Francis Suárez y a los comisionados Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King, quienes votaron a favor de la medida en una decisión 3-2.
La controversia surgió tras la ordenanza que además extiende los mandatos de funcionarios electos por un año adicional sin el consentimiento de los votantes. Lawson fue categórico al describir la acción como un acto que “eludió inconstitucionalmente la voluntad democrática del pueblo”.
Antes de la aprobación de la ordenanza, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, había emitido advertencias contundentes sobre la alegada ilegalidad de la medida.
En una carta oficial, Uthmeier declaró que la propuesta era “inconstitucional” y violaba la Carta de Autonomía de Miami-Dade, que requiere aprobación directa de los votantes para cambios en las fechas electorales.
“El Estado no tolerará tal desviación inconstitucional”, escribió Uthmeier, quien advirtió que su oficina “consideraría tomar todas las acciones disponibles” para prevenir que la violación de la ley ocurriera.
Los señalamientos del fiscal fueron respaldados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien calificó la medida como incorrecta y antidemocrática.
La demanda de González, exadministrador de Miami, busca lo que en derecho se conoce como un alivio declarativo e interdictal, lo que significaría una declaración judicial sobre la ilegalidad de la ordenanza y una orden para detener su implementación.
Si la acción judicial del candidato tiene éxito, las elecciones de 2025 procederían según lo programado originalmente.
El caso se perfila como una batalla legal prolongada que podría escalar hasta la Corte Suprema de Florida y establecer un precedente significativo para la autonomía municipal en todo el estado.
Los proponentes de la ordenanza, liderados por el comisionado Damián Pardo, argumentaron que alinear las elecciones municipales con los calendarios estatales y federales aumentaría la participación electoral del actual 10% al 65% y ahorraría aproximadamente un millón de dólares a la Ciudad.
Sin embargo, los críticos, entre ellos el comisionado Joe Carollo, quien votó en contra de la medida, la califican de “ilegal” y “moralmente incorrecta”.
Carollo declaró: “Voté en contra porque, primero, creo lo que el fiscal general de Florida dijo que es ilegal, pero incluso si no lo fuera, es moralmente incorrecto”.
La defensa de la Ciudad de Miami se basa en el caso Medina v. Ciudad de North Miami de 2023, en cuyo contexto un tribunal respaldó el derecho de North Miami a mover sus elecciones.
El abogado de la Ciudad, George Wysong, citó este precedente y el Estatuto de Florida 101.75(3), que permite a los municipios cambiar fechas electorales mediante ordenanza.
No obstante, el fiscal Uthmeier rechazó este argumento, señalando que el caso Medina fue una “decisión de tribunal de primera instancia” donde no se plantearon las protecciones de autonomía local de Miami-Dade bajo la Constitución de Florida.
La ordenanza que pasó para la firma o veto del alcalde Suárez afecta directamente a 18 candidatos que ya se habían registrado para las elecciones de noviembre, entre estos nueve aspirantes a la alcaldía.
La medida beneficia particularmente al edil Suárez, quien está limitado por términos y normalmente debería dejar el cargo en noviembre de 2025.
Gonzalez expresó su indignación tras declarar que “cancelar una elección programada regularmente y extender sus propios mandatos va en desafío directo a la ley de Florida. Hacerlo sin el consentimiento de los votantes es un abuso de poder indignante”.
La controversia ha generado ondas expansivas en otros municipios del condado Miami-Dade. En Coral Gables, la comisionada Melissa Castro presentó una legislación para revertir una decisión similar reciente que movió las elecciones locales para alinearlas con los comicios estatales y federales.
Castro, como lo hizo el comisionado de Miami Miguel Ángel Gabela previo a las reuniones de aprobación de la ordenanza en la Capital del Sol, también contactó la oficina de Uthmeier para obtener una opinión legal formal.
“Los residentes, no los políticos, deberían decidir cuándo se celebran sus elecciones y cuánto tiempo sirven sus funcionarios electos”, afirmó la legisladora de Coral Gables.
El 20 de mayo, la Comisión de la Ciudad Bonita votó 3-2 a favor de una ordenanza patrocinada por el alcalde Vince Lago para trasladar las elecciones municipales de abril en años impares a noviembre en años pares.
La recién iniciada batalla legal en Miami trasciende sus fronteras y se ha convertido en una especie de pulso entre los alcances de la autoridad estatal frente a la local.
El gobernador DeSantis expresó su expectativa por una “acción legal rápida” cuando este “esquema” sea implementado.
En medio de las tensiones, Uthmeier hizo referencia específica a los “miles de cubanoamericanos patrióticos que conocen mejor que nadie sobre regímenes que retrasan elecciones casualmente y prolongan sus términos en el poder”.
La disputa se centra en la interpretación de la Carta de Autonomía de Miami-Dade, adoptada en 1957, que otorgó a los ciudadanos del condado el poder de adoptar sus propias reglas de gobierno dentro de ciertas áreas.
La carta establece que los cambios solo pueden realizarse mediante “voto afirmativo del electorado”.
Esta protección de autonomía local, conocida como home rule, ha sido un pilar fundamental de la gobernanza de Miami-Dade durante décadas y ahora se encuentra en el centro de esta batalla legal sin precedentes.
La resolución de este caso no solo determinará el futuro inmediato de las elecciones de Miami, sino que también podría redefinir el equilibrio de poder entre los gobiernos municipales y el estatal en Florida.
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