Además, eliminaría 12 de las 13 funciones específicas de la junta LGBTQ, creada en 2020, que dejaría de tener entre sus competencias recomendar políticas públicas, estudiar problemas comunitarios y promover la participación económica de sus integrantes.
Estos cambios responden a la ley estatal SB 1134, firmada en abril por el gobernador Ron DeSantis y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027. La legislación restringe el uso de recursos públicos para determinadas iniciativas de diversidad, aunque contempla excepciones para organismos integrados por voluntarios no electos, como la junta asesora de Miami.
Los promotores de la ley sostienen que los gobiernos deben garantizar igualdad de trato sin conceder preferencias basadas en la raza, el sexo o la orientación sexual. El senador republicano Clay Yarborough, impulsor de la norma estatal, argumentó que los contribuyentes no deberían financiar programas que considera divisivos y defendió que las decisiones sobre las personas deben basarse en el mérito.
Por su parte, el gobernador DeSantis ha cuestionado el uso de fondos públicos para iniciativas que, a su juicio, promueven políticas de identidad y pueden resultar discriminatorias.
Entretanto, Pardo, quien anteriormente integró la junta asesora y fundó la organización de defensa LGBTQ SAVE, cuestionó que el Ayuntamiento avance con los cambios antes de explorar alternativas jurídicas y políticas.
Durante la conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, el comisionado sostuvo que las políticas de inclusión han contribuido al desarrollo de Miami y rechazó que acercar servicios gubernamentales a comunidades tradicionalmente marginadas constituya un privilegio.
-Usted anunció que votará en contra de la ordenanza que modificaría las políticas de diversidad y las atribuciones de la Junta Asesora LGBTQ de Miami. ¿Qué cambios considera más perjudiciales y por qué?
Creo que esta legislación va completamente en contra de todo lo que representa Miami. Esta ciudad se ha construido sobre la diversidad, la equidad y la inclusión. Esa es la base de lo que ha hecho de Miami lo que es hoy, lo que atrae al turismo y nos permite progresar económicamente, desde los bienes raíces hasta el comercio y muchas otras actividades. Y ahora vemos que se habla de la diversidad y la inclusión como algo negativo, como algo que no se debe promover de ninguna manera. Eso a una ciudad como Miami la perjudica muchísimo. Miami se conoce a nivel mundial como una ciudad que les grita a todos: Bienvenidos. Esta ley va en contra de ese espíritu, que es precisamente el espíritu de nuestra ciudad. Por eso estoy completamente en contra. Creo que se trata de algo político que surgió a nivel estatal. Quizás esto se pueda aplicar en alguna ciudad del norte de Florida, pero no en una ciudad como Miami, donde vivimos de esa diversidad. Eso es precisamente lo que nos hace especiales.
-El Ayuntamiento sostiene que debe adaptar sus normas a la SB 1134. ¿Considera que todos los cambios propuestos son obligatorios o existen alternativas legales para preservar algunas de las políticas municipales?
La Ciudad de Miami no tiene por qué apresurarse a cumplir completamente con esta ley de Florida dentro del plazo que establece. Hay muchas formas de presentar un desafío contra esta legislación. Ahora tenemos un nuevo gobernador y no sabemos exactamente qué va a pasar con ese cambio. También ha cambiado el panorama político a nivel estatal, porque los republicanos ya no tienen la supermayoría que tenían antes. Creo que eso también cambia la política cuando se trata de estas cuestiones. Por eso considero que es mejor esperar a ver qué sucede en esta nueva sesión legislativa. También vienen muchos pleitos relacionados con esta ley específica, porque considero que va en contra de las mismas regulaciones federales que exigen diversidad, equidad e inclusión. Así que estamos hablando de algo que todavía no está claro desde el punto de vista legal. Entonces, ¿por qué vamos a apresurarnos a aplicar una política o una ley cuando ni siquiera sabemos con certeza si es legal?
-Para un residente de Miami que desconoce estos programas, ¿qué servicios u oportunidades podrían desaparecer? ¿Puede ofrecer algún ejemplo concreto?
Pensemos en algo tan básico como una oficina de empleo que busca personas en diferentes barrios para conocer si están interesadas en conseguir un trabajo o en progresar. Ese esfuerzo de acercamiento a las comunidades, lo que en inglés llaman outreach, requiere personal que salga a hablar con los residentes y a buscar personas que puedan estar interesadas en esas oportunidades. Puede ser en la Pequeña Habana, en la Pequeña Haití o en cualquiera de nuestros barrios. Miami está llena de comunidades muy diferentes, con personas de distintos orígenes. Ahora ese trabajo ya no se va a hacer. Me refiero a salir a buscar personas, enseñarles las oportunidades de empleo, hablar con ellas y establecer ese acercamiento. Es una labor importante porque muchas veces esas mismas personas no saben cómo conectarse con el gobierno para conseguir un empleo o acceder a un servicio. Por eso me parece que eliminar ese tipo de iniciativas va completamente en contra de todo lo que significa Miami.
-Los defensores de la SB 1134 sostienen que el gobierno debe tratar a todos por igual, sin conceder preferencias por raza, sexo u orientación sexual. ¿Cómo responde a ese argumento?
No creo que sea algo especial entender que diferentes comunidades necesitan distintas formas de integrarse a una sociedad más amplia. Eso no debería considerarse algo extraordinario. Se trata simplemente de comprender a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es como decir que no vamos a hablar español, que solamente vamos a hablar inglés, porque comunicarnos en otro idioma sería conceder algún tipo de tratamiento especial. Claro que no. Somos una comunidad, tenemos que entendernos unos a otros y todos estamos aquí para ayudarnos. Esta legislación hace que ese espíritu de trabajar juntos, de progresar juntos, parezca algo inaceptable o, como usted acaba de mencionar, una preferencia especial. Yo pienso todo lo contrario. Es algo muy básico, muy humano, querer que aquellas personas que a veces han estado excluidas también tengan un asiento en esa mesa para poder contribuir y progresar.
-¿Cuánto le cuestan estos programas al Ayuntamiento y qué resultados concretos han producido para justificar su continuidad?
Basta con mirar cuántas oportunidades de empleo han tenido personas que vienen de otros lugares y que quizás nunca habrían podido trabajar para la ciudad o participar en determinados programas. No sé exactamente cuántos dólares cuestan estos programas, pero lo que no estamos viendo, y parece que tampoco hay interés en verlo, son todos los beneficios que recibimos por ser una comunidad diversa e inclusiva. A nivel mundial, las personas quieren venir a Miami porque aquí se sienten como en su propia casa. Pueden llegar y hablar su idioma. Pueden lucir diferentes, tener otro color de piel, otras costumbres. Pueden llegar con todas esas diferencias y sentirse en casa. Eso no se puede decir de muchas otras ciudades de Florida, pero de Miami sí.
-¿Tiene previsto presentar alguna enmienda o propuesta alternativa en la Comisión?
Es posible. Lo estamos estudiando en este momento.
-¿Ha conversado con la alcaldesa Eileen Higgins sobre esta iniciativa? ¿Conoce cuál es su posición?
No lo sé. Ella no ha hablado, no ha tocado ese tema.
-¿Qué mensaje les enviaría a sus compañeros de la Comisión Municipal antes de la votación?
Todos nosotros en la Comisión pertenecemos a alguna minoría. Todos hemos llegado a nuestros puestos después de luchar y de buscar oportunidades. Todos nos hemos beneficiado de los mismos programas que ahora estamos eliminando. Por eso encuentro que existe cierta hipocresía en esta situación, hasta cierto punto. Porque si estos programas han funcionado durante los últimos 50 años, ¿por qué ahora no van a funcionar para nuestro futuro?
Ley de diversidad desata controversia en Florida
La ley SB 1134, que restringe determinadas políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Florida, ya ha provocado enfrentamientos entre autoridades estatales y municipales, advertencias de posibles impugnaciones constitucionales y movilización de organizaciones civiles, cuando faltan menos de dos meses para su entrada en vigor.
La controversia alcanzó recientemente a Delray Beach, donde el Ayuntamiento anunció que dejaría de organizar el tradicional desfile de San Patricio y de patrocinar las celebraciones del Orgullo en 2027. El gobernador Ron DeSantis cuestionó esa interpretación y acusó a las autoridades municipales de aplicar deliberadamente restricciones que, según sostuvo, la legislación no exige.
Entretanto, la ACLU de Florida, Equality Florida y Community Justice Project enviaron una carta a 156 ciudades y condados en la que advierten sobre posibles conflictos constitucionales y solicitan que no eliminen anticipadamente programas que podrían mantenerse dentro de las excepciones legales.
En Broward, representantes de organizaciones civiles comparecieron ante los comisionados para defender la continuidad de organismos asesores, entre ellos la Comisión sobre la Condición de la Mujer y el Grupo de Trabajo de Equidad Racial. El condado aplazó hasta diciembre una decisión sobre su posible eliminación.
La SB 1134, denominada oficialmente Official Actions of Local Governments, fue impulsada por el senador republicano Clay Yarborough y firmada por DeSantis el 22 de abril de 2026. Entrará en vigor el próximo 1 de enero.
La norma prohíbe a municipios y condados financiar, promover o adoptar determinadas iniciativas DEI, incluyendo programas diseñados en función de raza, color, sexo, origen étnico, identidad de género u orientación sexual. También impide destinar recursos públicos a oficinas especializadas en esas políticas o contratar funcionarios encargados de coordinarlas.
Sus promotores sostienen que los gobiernos deben garantizar igualdad de trato y evitar que los fondos públicos se utilicen para conceder preferencias basadas en características personales.
No obstante, la legislación mantiene excepciones para cumplir las leyes contra la discriminación, determinadas conmemoraciones oficiales y actividades de organismos integrados por voluntarios no electos.
La SB 1134 permite que cualquier residente demande a su municipio por presuntas infracciones, mientras que determinadas actuaciones de funcionarios podrían constituir incumplimiento indebido de funciones o mala conducta oficial.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos civiles han cuestionado la constitucionalidad de algunas disposiciones y planteado posibles acciones legales, aunque hasta ahora no se ha podido confirmar una demanda presentada específicamente contra la ley.
En Miami, la controversia llega a la Comisión Municipal, que examinará una ordenanza para eliminar programas de diversidad y reducir las atribuciones de su Junta Asesora LGBTQ, en medio del debate sobre cuáles restricciones exige realmente la legislación estatal.