Miami.- JOSÉ PERNALETE/DLA
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En junio de 2014, la posibilidad del despido de 400 agentes del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade despertó las alertas de los oficiales tras una propuesta de la oficina del alcalde Carlos Giménez para la búsqueda de recursos en 25 direcciones del Condado y reparar “un hueco” en el presupuesto actual de 208 millones de dólares.
Antes este lamentable escenario, la directora ejecutiva del sindicato de policía del Condado (PBA), Blanca Greenwood, alertó sobre el riesgo de que se materializara esa medida de desincorporaciones masivas.
“Existe un déficit de 400 agentes en comparación con cifras de 1998 y quieren recortar igual número, eso sin tomar en cuenta que otros 300 policías deben irse a retiro”, precisó en ese entonces la dirigente sindical.
A su juicio. el alcalde Giménez no estaba tomando en cuenta la seguridad de la ciudadanía como prioridad, “además –advitió- quiere sacar a detectives de las oficinas a patrullar”.
De acuerdo con un informe del PBA, estas reducciones planteadas por la oficina de Giménez habrían dejado a la jurisdicción con sólo 1.615 agentes, lo que representaría una disminución de 41,4% de esa fuerza del orden público.
Las estadísticas actualizadas confirman que este organismo de seguridad recibe dos millones y medio de llamadas a través del servicio de emergencia 911. Para Greenwood, una decisión así hubiese reducido la capacidad y efectividad de respuesta, tomando en cuenta que “el Condado tiene una población de 2.6 millones de residentes documentados”.
Decisiones críticas
Las negociaciones para resolver el recorte presupuestario sugirieron desmantelar unidades especiales dentro de la Policía de Miami-Dade, entre ellas la Unidad de delitos médicos, Unidad de robos de transporte carga, Unidad contra falsificación, Unidad de robo de autos, Unidad de patrulla montada y la Unidad de corrupción pública.
Otra de las decisiones críticas que fueron anunciadas fue la movilización de algunos oficiales de la Unidad antinarcóticos. De manera sorpresiva, 38 oficiales de cuatro equipos estratégicos fueron notificados en octubre de 2014 a través de un correo electrónico sobre la instrucción de escoger hacia qué distrito querían ser trasladados.
Esta medida implicaba la reducción de casi la mitad el número de policías que integraban la unidad antinarcóticos y de delitos económicos. También afectaba a las oficinas de crimen organizado y la dedicada a desmantelar a las bandas callejeras.
En el formulario enviado a los agentes se solicitaba la selección de una de las siete opciones contempladas de acuerdo con la distribución de operaciones policiales. El documento participaba también que el despacho policial elegido informaría al oficial que suscribe si existe disponibilidad.
Se conoció que en el año 2006 se produjo una movilización de personal similar cuando el buró intergubernamental fue desarmado por presuntas irregularidades administrativas. Las autoridades decidieron anular este equipo luego de la compra no autorizada de dotación no calificada de acuerdo con el fondo federal que financiaba al grupo. Investigaciones de mala praxis médica, así como la logística de operaciones policiales de envergadura eran parte de sus obligaciones.
Respecto a estas medidas, Jonh Rivera, presidente de la PBA, dijo que este tipo de reducción de grupos estratégicos es perjudicial para la seguridad en el Condado.
“Sabemos que en el puerto y aeropuerto se mueve cocaína, sabemos que hay sembradíos de marihuana y que se están extendiendo, también en los barrios se venden sustancias prohibidas y drogas farmacéuticas de manera ilegal y eso no se va a investigar ahora”, fue la sentencia del presidente del sindicato policial ante esas decisiones.
