La exclusión de la sucesora de Maduro de la lista de la OFAC tiene implicaciones económicas y políticas en medio del tutelaje de Trump, afirma especialista
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.
AFPMIAMI/ESPECIAL.-El gobierno de Donald Trump eliminó a la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de "la lista de Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés), una sección de las sanciones administrativas que impone el Departamento del Tesoro a mandatarios o personajes que desafían la seguridad de EEUU.
Pero la exclusión de la vicepresidente y sucesora del depuesto dictador Nicolás Maduro no implica una revisión de su desempeño en el régimen pasado para una exoneración jurídica, según el abogado Miguel Ángel Martín Tortabu, especialista en Seguridad y Defensa del WJP Center y en técnicas de resolución de conflictos.
“Al contrario, eso se mantiene intacto”, afirma. “Lo que hay es una modificación en la valoración de EEUU sobre el papel que desempeña Rodríguez, dentro de la estrategia americana”, dice al explicar la razón del borrón de las sanciones impuestas en 2018 con base en hechos de corrupción y violación de derechos humanos.
“Si ella un día deja de hacer caso o ya no es útil, sencillamente ella vuelve a su estatus normal, porque el tema de la responsabilidad que existe sobre las acciones que cometió permanece inalterable, no solo en EEUU sino en la comunidad internacional”, asegura Martín Tortabu.
Rodríguez, quien asumió el poder en Venezuela en enero pasado tras la captura de Maduro, queda ahora en libertad, bajo la tutela de Washington, de manejar contratos y activos en EEUU, mientras avanzan las negociaciones petroleras en plena fase de la estabilización planteada por el gobierno de Trump, en busca de una transición con elecciones proyectadas. Puede incluso viajar a Washington.
Pero no es una redención por parte de Washington.
La decisión, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 1 de abril, tiene explicaciones económicas y políticas que van más allá de las repetidas expresiones de Trump que sugieren un reconocimiento a la jefa del chavismo venezolano.
“Son palabras amables, casuales, del presidente ante cosas que están bien porque ella está haciendo caso”, acota Martín Tortabu, y explica que un mandatario estadounidense, según la doctrina norteamericana, reconoce formalmente a otro gobierno solo por su legitimidad constitucional y requiere una declaración formal del Departamento de Estado. “Y eso no ha ocurrido”.
“Es importante tener claro que no hay un reconocimiento formal, sino solo funcional; se necesita que ella obedezca y haga el trabajo”, añade el abogado. La capacidad legal para representar al Estado en los litigios internacionales fue lo que se impuso para la protección de Citgo, filial de PDVSA en EEUU, hasta mayo.
Tras definir una sanción como un instrumento de política exterior que ejerce el Estado en su facultad administrativa y está fundamentado en el marco jurídico estadounidense, señala que “no es una declaración de culpabilidad per se, sino una medida administrativa, preventiva y coercitiva”.
Según precisa, la finalidad de una medida como esta es restringir la capacidad de acción internacional de personas involucradas en estructuras de poder que EEUU considera amenaza, pero en el caso de Rodríguez fue una necesidad levantarla dentro de las facultades discrecionales de la OFAC “para promover una acción política dentro de una estrategia”.
“La exclusión de Rodríguez es personal principalmente, y esto se traduce en que EEUU, principalmente empresas norteamericanas, están firmando en este momento algunos acuerdos con Venezuela y ella está considerada como la persona que tiene la capacidad legal de representar de facto al país con la ausencia de Maduro”, dice.
Pero hay también un tema de coherencia, según su visión de analista.
“Al firmarse acuerdos con la Shell, con Chevron, con Repsol, con la Eni, se requiere la firma de Delcy Rodríguez y que esta no tenga ningún inconveniente legal dentro de la evaluación jurídica que hacen estas empresas. PDVSA continúa sancionada”, indica.
“Es solamente una estrategia del gobierno de EEUU para poder avanzar en la planificación de estabilidad de Venezuela”, agrega.
Pero así como el Departamento del Tesoro puede levantarlas también puede volver a imponerlas “si no cumplen las líneas de acción” estadounidenses, o viceversa, dentro de su facultad discrecional.
Según refiere, esto ocurrió con el caso caso de Erick Malpica —sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro y también procesada en EEUU—, quien salió de la lista negra de la OFAC y volvió a entrar.
“En el caso de Rodríguez, no significa que ella no pueda volver a entrar, eso no lo sabemos, eso solo lo decidirá el gobierno de EEUU”.
“Eso tiene que ver con una valoración estratégica que EEUU está haciendo dentro de lo que es el sistema político venezolano. Por ejemplo, Vladimir Padrino López (ministro de Defensa de Maduro) no estaba dentro de las sanciones y después lo incluyeron”, argumenta Martín Tortabu.
El levantamiento de sanciones a Rodríguez e incluso el tutelaje de EEUU no ha sido el único caso. La historia estadounidense registra “muchísimas” experiencias en otros países con contextos políticos similares al de Venezuela.
El abogado menciona a Cuba, Haití, Panamá, en los cuales EEUU procedió a crear un tutelaje, nombró protectores y gobernadores. El resultado en la mayoría de los casos fue positivo, especialmente en Alemania y Japón.
Relata que en este país asiático el pueblo “resurgió de sus cenizas” después de muchos años, con un tutelaje que hizo EEUU “a tal punto que el general MacArthur llegó a ser el gobernador de Japón. En Cuba también hubo una especie de gobernador, de presidente nombrado por EEUU”.
No obstante, aclara que con el tutelaje de EEUU sobre Rodríguez “no sabemos qué va a pasar”, es un caso distinto.
Venezuela se encuentra en una fase de estabilización al que debe seguir la recuperación, según el plan definido por el secretario de Estado, Marco Rubio, para alcanzar el proceso de transición.
“La ciencia política dice que la transición comienza cuando se cambia al régimen”, pero el hecho de que ya no estén presentes Maduro y su esposa en Venezuela “no significa que se haya salido del régimen”, advierte.
La exclusión de sanciones de Rodríguez se da mientras la líder opositora María Corina Machado promete regresar a Venezuela, tras su próximo recorrido por Europa, para participar en el eventual proceso electoral.
El experto insiste en que EEUU en ningún momento ha reconocido formalmente la presidencia encargada que ostenta Rodríguez, desde el punto de vista constitucional. Aunque Trump haya declarado que es presidenta electa.
No aprecia con claridad que el levantamiento de sanciones vaya en dirección a procurar las elecciones y el rescate de la democracia.
“Yo creo que es prematuro saberlo porque todavía no ha terminado la fase de estabilización que lleva apenas tres meses”.
Además, el chavismo, dice, “sigue jugando” en su tablero y “va a tratar de entrampar” a EEUU en su juego, pero “le va a ser muy difícil en estos momentos en que el gobierno de Trump tiene el control.
“Los barcos siguen enfrente del Mar Caribe, no se han ido”, advierte.
Sostiene que no es posible calcular el fin de la etapa de estabilización. Y señala con contundencia:
“Las elecciones se pueden producir solamente cuando el país empiece la fase de recuperación. Cuando tengamos un órgano electoral independiente y autónomo, cuando se les garantice la participación y el hacer política a los partidos políticos y a la gente. Mientras tanto, es muy difícil que haya un proceso electoral, aunque haya actores políticos que están vendiendo elecciones en los próximos meses, empezando por el mismo régimen”.
FUENTE: Entrevista a abogado Miguel Ángel Martín Tortabu, especialista en Seguridad y Defensa del WJP Center
Descarga LA APP