La letrada Aramis Ayala anunció que no solicitaría más la sentencia capital por considerarla "inefectiva y causante de dolor a los familiares de las víctimas".
FACEBOOK MIAMI.- La fiscal estatal Aramis Ayala, que atiende los condados de Orange y Osceola, fue privada por el gobernador de Florida, Rick Scott, de 21 casos de asesinato en primer grado debido a su negativa de considerar la pena de muerte.
El pasado 16 de marzo el gobernador prescindió de Ayala para atender el caso de Markeith Loyd, acusado de matar a su exnovia embarazada y a una mujer policía, luego que la fiscal anunció que no solicitaría más la temida sentencia capital contra ese ni ningún otro acusado por considerarla “inefectiva y causante de dolor a los familiares de las víctimas”.
La declaración de Ayala, que es demócrata y es la primera mujer afroamericana en ocupar el puesto de fiscal estatal en la Florida, luego de ser elegida por el pueblo hace apenas cuatro meses, desató una fuerte protesta de legisladores del Estado, quienes molestos pidieron al gobernador Rick Scott reemplazar a la fiscal del caso de judicial de Markeith Loyd, acusado de la muerte de una teniente de la Policía de Orlando, Debra Clayton.
De hecho, la ley en la Florida establece la solicitud de la pena capital para que quienes asesinen a un oficial de la Policía pero Ayala declaró que solicitaría una condena menor.
Scott, quien reasignó los 21 casos al fiscal estatal Brad King, dijo en un comunicado que cada uno de ellos "representa una pérdida horrible de la vida", según reportó la agencia de noticias EFE.
La negativa de Ayala a la pena de muerte ha levantado el repudio del gobernador Scott, del presidente de la cámara baja estatal, Richard Corcoran, y de autoridades policiales, entre otros, pero también el apoyo entre el público y las organizaciones civiles que manifiestan su oposición a las ejecuciones.
Antecedentes
Según la encuestadora Gallup, las cifras de quienes apoyan la pena capital en el país, incluyendo a la Florida, han disminuido significativamente desde 1972, cuando la Corte Suprema reinstauró la sentencia.
Por ejemplo, el último sondeo realizado por Public Policy Polling tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando Gallup reportó que el 62% de los encuestados se oponen a la controvertida sentencia y piden otro tipo de pena menor, como cadena perpetua.
De hecho, el jueves pasado una decena de grupos civiles protestó frente a la sede del congreso estatal, el Capitolio, en la capital política de la Florida, Tallahassee, en el norte del estado, donde apostaron por resaltar el "valor" de la fiscal Ayala.
Mientras tanto, la letrada acusó al gobernador Scott de "amenazar la integridad del sistema judicial de Florida", después de que el juez Frederick J. Lauten apoyó la decisión de removerla del caso de Loyd.
La pena de muerte en Florida estuvo suspendida más de un año, luego que el Tribunal Supremo de la nación falló en enero de 2016 la "inconstitucionalidad" del método seguido en la Florida, cuando se requería mayoría simple, 7 a 5, para el jurado recomendar la sentencia de muerte.
Para ajustarse al fallo del Supremo, el Legislativo aprobó este año una ley que ordena la decisión "unánime" del jurado para decidir la sentencia de pena de muerte, que ya fue firmada por el gobernador Scott.
Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime para sentenciar con la pena de muerte.
Actualmente, 389 individuos aguardan ser ejecutados en la Florida, entre los que destacan unos 200, cuyas condenas no alcanzaron la mayoría absoluta.
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