Sentencian a prisión federal a excomisionada Sophia Lacayo por fraude electrónico

Lacayo, exfuncionaria municipal de Sweetwater entre 2019 y 2020, deberá cumplir la pena en una institución del Buró Federal de Prisiones y, una vez concluida la condena, permanecerá tres años bajo supervisión judicial.

El cargo de fraude electrónico, tipificado en el Código 18 U.S.C. § 1343, contempla penas de hasta 20 años de prisión por el uso de comunicaciones interestatales para defraudar a entidades financieras o programas federales.

La acusación estableció que la exfuncionaria presentó cuatro solicitudes con información falsa sobre la nómina y la actividad real de empresas vinculadas a su nombre, con el fin de acceder a fondos del PPP. Ese programa, supervisado por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) bajo la Ley CARES de marzo de 2020, fue diseñado para sostener el empleo durante el cierre económico provocado por la pandemia.

Antecedentes

Lacayo fue elegida comisionada de Sweetwater en 2019, pero renunció el 31 de agosto de 2020 después de declararse culpable de perjurio por haber afirmado falsamente que residía en los límites del municipio. Recibió entonces un año de libertad condicional y quedó inhabilitada para ocupar un cargo público durante ese período.

La Ciudad le reclamó después la devolución de 68.887 dólares por concepto de salario y beneficios percibidos en el cargo.

En julio de 2023, Lacayo fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami por más de una veintena de cargos estatales relacionados con presuntas violaciones a las leyes de financiamiento electoral durante su campaña fallida por el distrito 12 de la Comisión de Miami-Dade, en la que fue derrotada por el entonces alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle señaló el uso de cuentas bancarias para presuntamente eludir los topes legales a las contribuciones.

“Creemos que se trató de pasos deliberados para evadir nuestras leyes de financiamiento de campaña en la búsqueda de un escaño en la Comisión del Condado Miami-Dade”, declaró Fernández Rundle, quien precisó que más de 450.000 dólares habrían sido canalizados a la cuenta de campaña mediante transferencias entre cuentas personales y empresariales.

Empresas vinculadas y próximos pasos

Documentos públicos consultados durante la campaña por la Comisión condal habían advertido sobre la procedencia de fondos otorgados a empresas registradas a nombre de Lacayo, varias de las cuales recibieron préstamos del PPP por millones de dólares.

La excomisionada sostuvo que esas compañías atravesaban dificultades por la pandemia. El caso federal que culminó el lunes se concentró en cuatro de esas solicitudes ante entidades autorizadas por la SBA.

La condena se suma a una creciente lista de procesos federales en el sur de Florida por fraudes contra los programas de ayuda pandémica, dentro de los esfuerzos del Departamento de Justicia por recuperar fondos públicos desviados durante la emergencia sanitaria.

El tribunal deberá fijar la fecha de ingreso de Lacayo a prisión y podrá ordenar restitución y decomiso de bienes adquiridos con esos recursos.

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