La Cámara y el Senado retomarán el martes las negociaciones para aprobar el plan de gastos del año fiscal 2026-2027, tras dos sesiones regulares consecutivas sin acuerdo presupuestario
Capitolio de Florida.
AFPMIAMI.- Los legisladores de Florida regresan este martes a Tallahassee para iniciar una sesión especial de 18 días convocada con el propósito de aprobar el presupuesto del año fiscal 2026-2027, después de que por segundo año consecutivo el ciclo regular concluyera sin acuerdo.
La sesión extraordinaria se extenderá del 12 al 29 de mayo y concentrará el trabajo en tres ejes: la Ley General de Apropiaciones, el proyecto de implementación y el paquete tributario.
Según el reglamento, los comités de conferencia encargados de reconciliar las diferencias entre cámaras sesionarán hasta el mediodía del 15 de mayo, con la Cámara de Representantes como anfitriona.
Cualquier discrepancia que no se resuelva en ese plazo pasará a los jefes presupuestarios, el senador Ed Hooper, republicano por el condado de Pasco, y el representante Lawrence McClure, republicano por el condado de Hillsborough, junto con los líderes de ambas cámaras a puerta cerrada.
El grueso de los legisladores permanecerá en la capital florida apenas tres días antes de retornar a sus distritos. La votación final se llevará a cabo después del Día de los Caídos, con el 27 o 28 de mayo como fechas tentativas, en cumplimiento del periodo constitucional de 72 horas de espera previo al voto.
El pacto alcanzado el 23 de abril entre el presidente del Senado, Ben Albritton, republicano por Wauchula, y el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, republicano por Miami, fija las asignaciones conjuntas en 51.980 millones de dólares en ingresos generales.
La cifra es superior a los 50.600 millones del ejercicio en curso, pero consistente con un presupuesto global inferior al actual de 114.800 millones, en el que más del 54 por ciento proviene de fondos federales.
La Cámara aprobó un plan de 113.600 millones y el Senado uno de 115.000 millones, con una brecha de 1.400 millones que arrastraba la disputa.
Las mayores asignaciones se destinarán a salud y servicios humanos, educación PreK-12, justicia y educación superior.
Persisten diferencias sobre el programa universal de vales escolares, los aumentos salariales para empleados estatales, un déficit proyectado de 362,2 millones en el fondo de seguros médicos del personal público, los programas de conservación y vivienda asequible.
Albritton enmarcó el acuerdo como un ejercicio de disciplina fiscal en el memorando que envió a los miembros del cuerpo legislativo.
“Nuestro presupuesto final será inferior al presupuesto estatal del actual año fiscal, lo que facilitará la estabilidad financiera a largo plazo y mantendrá nuestro enfoque en bajos impuestos, pago de la deuda y ahorro para el futuro”, declaró el presidente del Senado.
Pérez, por su parte, precisó que los proyectos a discutir serán idénticos a los aprobados por la Cámara durante la sesión regular.
“Me complace anunciar que, por segundo año consecutivo, nuestro presupuesto reducirá el gasto general del gobierno mientras dirige responsablemente los dólares del contribuyente hacia prioridades esenciales”, escribió el presidente de la Cámara.
La sesión llega marcada por la pugna con el gobernador Ron DeSantis, quien impulsa una reforma para eliminar el impuesto a la propiedad sobre residencias principales.
La Cámara aprobó en febrero la resolución HJR 203, pero el Senado no la tramitó. DeSantis ha anticipado que convocará otra sesión especial en verano, posiblemente entre julio y agosto, con la propuesta reformulada en formato de eliminación gradual a seis años. Hooper resumió las reservas del Senado.
“Hay 67 condados totalmente diferentes en este estado, y una cuestión de impuestos a la propiedad que sea excelente para un condado podría aplastar a 31 condados pobres”, advirtió el presidente del Comité de Asignaciones del Senado.
La sesión extendida de 2025 le costó al contribuyente más de 259.000 dólares, según cifras oficiales.
Una vez aprobado el presupuesto, el documento pasará al despacho del gobernador, quien conserva la facultad del veto línea por línea sobre partidas específicas antes del 1 de julio.
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