MIAMI — El Gobierno de Florida mantiene conversaciones preliminares con la Administración del presidente Donald Trump para cerrar el centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', según un reporte publicado este jueves por el diario The New York Times.
La polémica instalación —ubicada en el corazón del humedal de los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida— fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y le ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el Gobierno federal.
Un eventual cierre ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de supuesta insalubridad para los detenidos, según grupos proinmigrantes.
El mes pasado, un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.
Costoso e ineficiente
De acuerdo con el reporte del periódico neoyorquino, las negociaciones surgen tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que considera que el centro es demasiado costoso e ineficiente para seguir operando.
Hasta el momento, el estado de Florida no ha recibido el reembolso federal de 608 millones de dólares que había solicitado para su operación.
Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El centro está situado en un aeropuerto abandonado en los humedales de los Everglades, en el corazón de una extensa red de manglares y pantanos, un ecosistema subtropical que alberga más de 2.000 especies de animales y plantas.
"Solo hay una carretera que lleva a él y es la única salida. Es un vuelo de ida. Está aislado y rodeado de fauna peligrosa y un terreno implacable", explicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca en junio de 2025.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han argumentado que la infraestructura debió someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción en los Everglades, una zona natural con especies protegidas.
Sin embargo, el mes pasado, los jueces concluyeron que no se probó que el centro estuviera bajo jurisdicción federal, por lo que no era obligatorio dicho estudio ambiental.
Argumento jurídico
La mayoría de los magistrados subrayó que la responsabilidad de la obra recae sobre el Estado y no sobre el gobierno federal.
“Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación. Controlan el terreno y construyeron la instalación por completo con fondos estatales”, escribieron los jueces.
El tribunal añadió que, al momento de la orden cautelar, Florida no había recibido reembolso federal alguno, lo que descartó la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Con ese razonamiento, los magistrados consideraron que la jueza federal Kathleen Williams se excedió al ordenar el cierre escalonado del complejo en un plazo de 60 días.
FUENTE: Con información de EFE y DLA