CARACAS.- LEÓN HERNÁNDEZ
Especial
Con la premisa “ordene, presidente”, el pasado domingo la mayoría chavista en el parlamento facilitó a Nicolás Maduro una nueva Ley Habilitante que le otorgó poderes especiales para gobernar por decreto.
Culminada la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asomó la posibilidad de solicitar, en el marco de las medidas “antiimperialistas” que pretende el oficialismo, la repatriación de bienes y capitales de funcionarios venezolanos en el extranjero.
La propuesta encontró eco el lunes en el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien indicó que solicitará a Maduro incluir en el marco de los decretos leyes de la Habilitante, una Ley de Repatriación de Bienes, para que todo el dinero "que tengan los venezolanos fuera del país y no puedan justificar” sea llevado a Venezuela.
El instrumento ha generado desconfianza en sectores de la población, por la discrecionalidad y alcance que podría tener. La doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y la internacionalista Beatriz de Majo, desestimaron la eventual aplicación de esta propuesta de ley, en entrevistas exclusivas para DIARIO LAS AMÉRICAS.
Sin poder
“Esto de que un país le ofrezca a otro la repatriación de capitales corruptos, yo no lo considero una oferta seria. Esto simplemente es una reacción visceral de la gente del Gobierno venezolano, porque Estados Unidos ha emprendido unas medidas dentro del adecentamiento de las relaciones bilaterales y de alguna manera ha culpado a Venezuela de estar participando en blanqueo de capitales”, señaló la especialista en temas internacionales Beatriz de Majo.
Para que exista una ley que otro país cumpla hace falta que los dos países estén de acuerdo”, advirtió De Majo.
Pero en caso de que, en efecto, el presidente Nicolás Maduro decrete la Ley de Repatriación de capitales, ésta “no producirá ningún efecto”, señaló la jurista Cecilia Sosa Gómez.
“El Gobierno no tiene ningún mecanismo coercitivo en el exterior para que ese decreto pueda cumplirse. Estamos hablando de una ley que tendría efectos extraterritoriales. ¿Cómo saben, dónde, cuánto, qué cantidad?, ¿qué mecanismo tengo coercitivo en el exterior? ”, de ese modo Sosa Gómez desestimó los efectos de la medida que propuso el oficialismo.
“Los Estados Unidos, ¿qué hizo con los bienes de los funcionarios sancionados? No dispuso de esos bienes, independientemente del origen. Los congeló. Decir desde Venezuela que yo obligo a la gente a que devuelva, por ejemplo a un particular que tiene una cuenta en dólares ¿Por qué no lo puede tener en Estados Unidos? Y el Estado Venezolano no tiene potestad para decir que le devuelvan ese dinero. No la tiene“, indicó la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia venezolana.
La jurista aclaró que en el caso de que el Estado venezolano tenga presunción de que alguna persona posea una cuenta en el exterior con fondos provenientes de fuentes ilícitas, tiene que presentar la denuncia en el país donde está la cuenta, en ningún caso ordenar la repatriación por un decreto ley.
¿Lavarse la cara?
Para Cecilia Sosa, la postura del Gobierno con respecto a los capitales mal habidos de venezolanos en el exterior, tiene una doble moral. “Cuando el Gobierno no dice nada sobre problemas de montos impresionantes de funcionarios en el exterior, entonces, ¿va a dictar un decreto para qué, para lavarse la cara?, ¿para decir que los que se robaron el dinero del país fueron particulares, privados? Es una cosa verdaderamente absurda”.
Otros casos
En Latinoamérica ha habido antecedentes positivos de repatriación de capitales, pero en contextos muy disímiles al de la Venezuela actual. “Son experiencias en las cuales un país le ofrece a su ciudadanía tratos preferenciales a sus capitales en el exterior, en caso de que decidan traerlos al país y regularizarlos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, eso se hizo hace unos cuantos años y fue sumamente útil para ese país, porque hubo cantidades de capitales no fugados, propiedad de colombianos que estaban en el exterior, que decidieron regresar a Colombia para ser invertido dentro de su país y ganaron una cantidad de beneficios que el Estado le estaba ofreciendo”, señaló de Majo.
En el caso de Colombia, la repatriación aplicada en 2008 por el entonces presidente Álvaro Uribe fue voluntaria, potestad de cada persona que tenía su capital en el exterior. Los fondos fueron retornados al país y reconocidos como capitales legales, sin ningún tipo de penalización.
“Fue una facilidad que se dio a los inversionistas para retornar sus capitales al país. Ojalá Venezuela hiciera algo similar: dar facilidades a las personas para que repatrien los capitales que tienen en el exterior. Pero para eso hace falta que las garantías económicas que haya dentro del país sean verdaderamente serias. Que un venezolano que lo haga no se vaya a ver envuelto en un proceso de decomiso o incautación de sus capitales. Lo primero que hace falta para eso es que los venezolanos tengan confianza en su país”, destacó De Majo.
