CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial

“Ofrecimos que en un lapso de seis meses contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional propondríamos un método, un sistema para cambiar el Gobierno por la vía constitucional. Eso lo haremos”. El hecho de que el nuevo presidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Allup, colocara esta oferta de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entre las tres tareas prioritarias del Legislativo que el 5 de enero se instaló, no ha dejado a nadie indiferente. Sectores antichavistas lo han recibido con alegría y los oficialistas con alarma.

“Ellos mostraron sus rostros y ellos tienen su agenda y la primera agenda que lanzaron fue la demagogia, y la otra agenda que lanzó Ramos Allup en contacto con factores de Estados Unidos y de grupos que dirigió las guarimbas (protestas) asesinas es sacar al Presidente de la República, él tiene un objetivo, sacarme como Presidente”, declaró el presidente Nicolás Maduro el mismo día 5.

¿El planteamiento opositor representa un golpe de Estado o no? “Desde el punto de vista constitucional no puede llamarse golpe al anuncio de Ramos Allup, en el que propone buscar una vía para salir del actual Gobierno, siempre y cuando esa vía respete los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución”, afirmó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, José Vicente Haro, quien agregó: “La Constitución abre mecanismos para cambiar el Gobierno antes de que cumpla su período”.

1) Referendo revocatorio. El artículo 72 de la Carta Magna establece que todos los cargos de elección popular son “revocables” y que el referendo para someter a votación la continuación de los funcionarios en su cargo se puede celebrar una vez que hayan cumplido la mitad de su período.

“Ya estamos en este escenario y yo creo que debería comenzar a debatirse sobre la conveniencia o no de recurrir a esta vía para lograr el cambio político”, afirmó Haro, quien recordó que el 9 de enero de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia donde declaró que el entonces convaleciente Hugo Chávez no debía juramentarse, estableció que el período constitucional comenzaba el 10 de enero y por tanto ya pueden comenzar a buscar las firmas para activar este mecanismo.

Sin embargo, el también constitucionalista Carlos Ayala Corao advirtió que su realización no sería fácil. ¿La razón? “La Asamblea no puede activarlo, es necesario que lo soliciten el 20% de los electores registrados para votar y las normas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha aprobado en esta materia son muy obstruccionistas, porque fijan un tiempo y unos lugares para recoger las firmas e impone unas condiciones para hacerlo (…) Además para revocar a Maduro hay que sacar más votos que los que lo eligieron en abril de 2013”.

 Haro respaldó esas objeciones y agregó otra más: “Habría que vencer el miedo a firmar, visto que en 2004 fueron difundidas las firmas y se utilizaron para despedir a funcionarios públicos (Lista Tascón)”.

2) Renuncia. Tras recordar que el artículo 233 de la Carta Magna la prevé, Haro mencionó que la dimisión del mandatario es una de las opciones que podrían abrir las puertas al cambio, porque de materializarse en lo inmediato obligaría a celebrar comicios en 30 días.

Ramos Allup ya ha dejado en claro que es partidario de esta alternativa, por considerarla la más fácil y así lo dejó en claro en diciembre pasado, cuando en una entrevista televisada afirmó: “Considerando todos los factores de dentro y fuera del Gobierno, la situación económica y la situación política, yo no veo a este Gobierno llegando a su término, que serían las próximas elecciones presidenciales (…) Si Maduro tuviera conciencia y renunciara tendríamos elecciones en 30 días”.

Sin embargo, la posibilidad de que se produzca son escasas, porque el Jefe del Estado ya ha dicho que no tiene pensado renunciar y su entorno difícilmente lo permitiría

3) Constituyente. La convocatoria a una Asamblea para “transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” sería la última opción. El artículo 348 del texto fundamental faculta al Parlamento a convocarla, con el voto de sus 2/3 partes, justo lo que tiene la oposición. No obstante, Ayala es menos partidario a este método, por considerarlo el “más engorroso y radical, aunque contra una Constituyente ningún poder constituido puede actuar”.

Esta visión no es compartida por Haro, quien dijo “Chávez nos dejó una mala concepción de la Constituyente, porque la utilizó para guillotinar a todos los demás poderes públicos. Si la oposición hiciera lo mismo la conflictividad aumentaría, pero si se limita, como ha ocurrido en todos los países de la región, en redactar una nueva Constitución mientras los demás poderes trabajan a la par”.

El experto justificó la necesidad de recurrir a esta vía diciendo: “No basta con cambiar al Gobierno, se necesita hacerle ajustes a la Constitución porque si no los problemas que tenemos hoy por culpa de la reelección indefinida, por la falta de control de la Asamblea sobre los militares y su politización se repetirán con otros gobiernos”.

4) Juicio/Insania/Abandono del cargo. El artículo 233 de la Constitución prevé otros tres supuestos en los que el sillón presidencial quedaría vacante. Sin embargo, Haro descartó que cualquiera de las tres se produzcan.

“Tanto el enjuiciamiento como  la declaratoria de la insania mental son improbables que ocurran, debido ambas requieren del concurso del TSJ y de la Fiscalía y ambas están controladas por el oficialismo”, afirmó Haro.

La última, por su parte, requiere que el Jefe del Estado esté ausente de sus funciones por más de 90 días continuos sin permiso de la Asamblea Nacional, lo cual luce improbable igualmente.

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