En España permiten continuar la construcción del campamento para migrantes en Ceuta

La decisión judicial permite al Gobierno español avanzar en la habilitación del recinto de 16.000 metros cuadrados, diseñado para dar atención humanitaria a más de mil personas llegadas a la ciudad autónoma tras los saltos masivos registrados a finales de julio.

El sindicato policial pretendía detener el proyecto hasta que el Ejecutivo garantizara documentalmente los planes de emergencia y las medidas de prevención laboral para los agentes asignados al recinto. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que la autorización emitida por el Ministerio de Transportes se limita a ceder el espacio físico del puerto, por lo que las condiciones operativas y de seguridad deberán ser reguladas directamente por el Ministerio del Interior.

Claves de la resolución judicial y plan de acogida

• Rechazo a la paralización inmediata: La justicia desestimó la vía de urgencia solicitada por los representantes policiales al considerar que, aunque la ocupación del terreno es inminente, la cesión del suelo portuario no vulnera por sí misma los derechos de seguridad laboral de los funcionarios.

• Competencias de seguridad: Los magistrados aclararon que Transportes solo autorizó el uso de la parcela, por lo que corresponde a Interior desplegar el personal, reforzar la vigilancia y garantizar que las instalaciones cumplan con las normas de protección laboral y emergencias.

• Capacidad del dispositivo: El terreno habilitado en la ampliación de Poniente del puerto busca descongestionar la infraestructura de atención en Ceuta, ofreciendo alojamiento temporal y asistencia básica al contingente de migrantes llegados durante el verano.

• Fallo inapelable: La decisión judicial no admite recursos en esta fase procesal, lo que despeja el camino para que el Gobierno continúe con la puesta en marcha del centro de acogida.

La disputa judicial se inició a mediados de septiembre, cuando el representante sindical acudió a los tribunales solicitando frenar tanto la puesta en marcha del recinto como cualquier posible ampliación de su capacidad.

Los agentes argumentaban la necesidad de revisar los planes de protección portuaria y la evaluación de riesgos para la salud de los policías antes de permitir el traslado de personas al lugar, petición que el tribunal frenó de forma temporal para revisar los documentos oficiales antes de emitir su postura final.

Con la recepción y examen del expediente administrativo remitido por las autoridades de Transportes, la Sala dio por concluido el incidente de suspensión urgente. Al determinar que el permiso administrativo no regula las condiciones del servicio policial sino únicamente el uso del suelo, la justicia dejó en manos del Ejecutivo la responsabilidad de acondicionar la zona y garantizar la cobertura policial necesaria en el perímetro.

 NULL

    

FUENTE: Con información de Europa Press