Chile y la erosión silenciosa del Estado de Derecho (2015–2025)

El índice no se basa únicamente en opiniones, sino que combina más de 100,000 encuestas a hogares (población general) y consultas a más de 3,000 expertos legales y prácticos para evaluar la experiencia ciudadana real.

Mide el Estado de Derecho a través de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

WJP invita periódicamente a la Unidad de Econometría y Estadística Aplicada del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea para realizar análisis de sensibilidad, con lo que confirma la coherencia estadística y robustez de la estructura del índice.

A pesar de su reputación, el propio WJP señala que los hallazgos deben ser interpretados considerando las limitaciones inherentes a la medición de conceptos complejos como la justicia y la percepción de la corrupción.

La historia reciente de Chile ofrece un caso, particularmente, sugerente para el análisis del Estado de Derecho. No se trata de una caída abrupta, ni de una ruptura institucional visible, sino de un proceso caracterizado por la progresiva disociación entre la arquitectura jurídica del Estado y su eficacia real en la vida cotidiana de los ciudadanos. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project permite observar este fenómeno desde un punto de vista empírico. Sus datos muestran que, entre 2015 y 2025, Chile ha transitado desde una posición de consolidación institucional hacia una situación de desgaste paulatino.

En 2015, el país se ubicaba, aproximadamente, en el lugar 26 de 102 países, con un puntaje cercano a 0,69 (la escala del índice es: 0 peor y 1 mejor). Diez años más tarde, en 2025, desciende al lugar 35 de 143 países, con un puntaje en torno a 0,66. La variación, en apariencia moderada, adquiere relevancia cuando se la interpreta en perspectiva comparada: no es simplemente que otros países hayan mejorado, sino que Chile ha perdido densidad institucional en dimensiones clave. El propio índice, que mide no declaraciones formales sino prácticas efectivas —es decir, hasta qué punto el poder se somete a la ley, la justicia funciona y los derechos se garantizan—, revela que la erosión chilena se concentra en aquellos ámbitos donde la legalidad se hace experiencia.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el país aún conservaba una inercia institucional fuerte. Sin embargo, ya se advertían tensiones que luego se profundizarían. El énfasis reformista de ese período, particularmente en materias como el sistema político y electoral, educacional, aborto y políticas de género, tributario, laboral y un proceso constituyente no acabado, implicó una expansión significativa del papel del Estado y de la regulación. Esta orientación, inscrita en una matriz progresista con componentes de ingeniería institucional, no produjo de inmediato una caída en los indicadores globales, pero sí comenzó a generar efectos en factores específicos. El índice del WJP muestra que, hacia el final de ese período, la percepción de corrupción y la calidad regulatoria comenzaban a mostrar signos de deterioro, anticipaba un fenómeno que se haría más visible en los años siguientes: el debilitamiento de la consistencia normativa y de la confianza en la imparcialidad del aparato estatal. En términos generales de un índice del 0.69 al comenzar el gobierno, desciende al 0.67.

El período siguiente, correspondiente al segundo gobierno de Sebastián Piñera, se vio atravesado por un hecho decisivo: la rebelión del 2019. Aunque el índice del WJP no es un instrumento coyuntural, sus datos posteriores reflejan el impacto estructural de ese acontecimiento. El factor “orden y seguridad” comienza a deteriorarse de manera sostenida, situándose ya en niveles bajos en el contexto internacional, 0.67 respecto de 0.72 promedio internacional. Este fenómeno no es meramente policial, sino institucional, pues el Estado pierde capacidad efectiva de garantizar el control de la violencia, lo que afecta directamente la vigencia del derecho. La seguridad, en términos clásicos, no es un bien más, sino la condición de posibilidad de todos los demás. Sin ella, la ley se transforma en una expectativa incierta.

Es, sin embargo, durante el gobierno de Gabriel Boric cuando la tendencia adquiere mayor nitidez. Los datos del WJP entre 2022 y 2025 son particularmente significativos. En el factor “orden y seguridad”, Chile se sitúa en el lugar 97 en 2022, 96 en 2023, 97 en 2024 y 98 en 2025, con puntajes en torno a 0,67. La estabilidad constante, signo del deterioro, es significativa: el país se ubica en este ámbito muy por debajo de su posición global. Se produce así una fractura entre institucionalidad formal y experiencia cotidiana, en la que el ciudadano percibe que la ley ya no garantiza su seguridad y comienza a tomar la justicia en sus manos, como lo demuestra el subfactor de orden y seguridad: las personas no recurren a la violencia para reparar agravios personales, que sitúa a Chile en el lugar 129 de 143 países, con un índice en rojo de 0.27 respecto del 0.49 global.

A este deterioro se suma el de la justicia civil. El índice muestra que Chile pasa del lugar 40 en 2022 al 49 en 2025. Este descenso indica dificultades crecientes en el acceso a la justicia, en los tiempos de resolución y en el cumplimiento de las decisiones judiciales, así lo demuestra el lugar 81 de 143 países, con un índice de 0.37. La justicia deja de ser un mecanismo eficaz de resolución de conflictos y comienza a percibirse como un sistema lento e incierto. La justicia penal, por su parte, no muestra una caída tan pronunciada, pero sí un estancamiento persistente en torno al lugar 48, con puntajes cercanos a 0,54. Este estancamiento es igualmente problemático, pues refleja una incapacidad estructural para mejorar la persecución del delito y garantizar el debido proceso con eficacia, pues el subfactor: el sistema de investigación criminal es eficaz, sitúa a Chile en el mediocre lugar 103 de 143 países.

El factor “ausencia de corrupción” también muestra un deterioro progresivo. Chile pasa del lugar 23 en 2015 al 32 en 2025, con una importante y consistente disminución de su puntaje. Lo mismo ocurre con el cumplimiento regulatorio, que desciende hasta el lugar 37 en 2025. Estos datos indican una pérdida de calidad en la acción estatal: la regulación se vuelve menos predecible, la aplicación de normas menos consistente y la percepción de arbitrariedad más extendida.

En contraste, los factores relativos a derechos fundamentales y límites al poder gubernamental se mantienen relativamente estables, con posiciones en torno a los lugares 29 y 23 respectivamente en 2025, y puntajes cercanos a 0,74–0,75. Esta estabilidad, sin embargo, no debe inducir a error. El problema no es la desaparición de las garantías formales, sino su progresiva desconexión respecto de la realidad social. La paradoja chilena consiste precisamente en esto: un orden jurídico que permanece en pie mientras sus condiciones de eficacia se erosionan.

Desde una perspectiva filosófico-política, este fenómeno puede interpretarse como una crisis de la relación entre norma y praxis. La tradición clásica entendía la ley no como un enunciado abstracto, sino como una ordenación racional al bien común, efectiva en la vida de la comunidad. Cuando la ley deja de garantizar orden, justicia y seguridad, su validez formal no basta para sostener su legitimidad.

La evolución del Estado de Derecho en Chile sugiere, además, una relación no trivial entre orientación ideológica y desempeño institucional. Tanto en el segundo gobierno de Bachelet como en el de Boric se observa una tendencia a la expansión del Estado como agente de transformación social, acompañada de una creciente densidad regulatoria. Este enfoque, inspirado en diversas corrientes del progresismo contemporáneo, tiende a privilegiar la redefinición normativa de derechos y estructuras por sobre el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado. El resultado, a la luz de los datos del WJP, es una paradoja: mayor producción normativa coexistiendo con menor eficacia en seguridad, justicia y cumplimiento.

La evidencia comparada de la OCDE y del Banco Mundial refuerza esta interpretación. Ambos organismos han señalado que el desarrollo institucional depende no solo de la existencia de normas, sino de la capacidad del Estado para implementarlas eficazmente. La seguridad pública, la eficiencia judicial y la calidad regulatoria aparecen sistemáticamente como condiciones esenciales del Estado de Derecho. Cuando estas dimensiones se debilitan, el orden jurídico pierde su capacidad de proteger la vida social.

Lo que los datos del World Justice Project muestran para Chile no es, por tanto, una crisis terminal, sino una advertencia. El país sigue contando con una base institucional significativa, pero su trayectoria revela una tendencia clara hacia la pérdida de eficacia en aquellos ámbitos donde la ley se convierte en experiencia concreta.

El riesgo mayor no es la ruptura, sino la habituación al deterioro. Cuando la inseguridad se vuelve cotidiana, cuando la justicia se demora sistemáticamente y cuando la regulación pierde consistencia, el Estado de Derecho no desaparece, pero pierde eficacia.

La cuestión decisiva, en consecuencia, no es si Chile mantiene instituciones formales, sino si estas siguen siendo capaces de cumplir aquello que las justifica, es decir, hacer que la ley sea efectiva, que la justicia sea oportuna y que el poder permanezca realmente sometido al derecho.

A la luz del diagnóstico que ofrecen los datos del World Justice Project para el período 2015–2025, los desafíos del actual gobierno de no pueden formularse como un simple programa de reformas sectoriales, sino como una tarea de recomposición del Estado de Derecho en su dimensión práctica. El problema que muestran los indicadores no es la inexistencia de instituciones, sino su pérdida de eficacia. Por ello, el desafío sería devolver a las instituciones su capacidad de garantizar orden, seguridad y justicia.

El primer desafío es, sin duda, la restitución del orden y la seguridad como bien primario de la comunidad política. Los datos del WJP son concluyentes. Chile se ha situado en torno al lugar 98 en este factor hacia 2025, muy por debajo de su posición global. Esta brecha indica que la experiencia cotidiana del ciudadano —la posibilidad de transitar sin temor, de no ser víctima de violencia, de confiar en la presencia efectiva del Estado— se ha debilitado. Un gobierno que aspire a revertir esta tendencia deberá comprender que la seguridad no es una política más, sino la condición de posibilidad de todas las demás. En términos clásicos, sin paz no hay justicia, ni libertad, ni prosperidad. La dificultad radica en que la recuperación de la seguridad no depende solo de voluntad política, sino de reconstruir capacidades estatales que han sido erosionadas: inteligencia policial, control territorial, coordinación institucional y legitimidad en el uso de la fuerza.

Vinculado a ello, aparece el segundo desafío, quizás menos visible pero igualmente relevante: la reforma de la justicia. El deterioro de la justicia civil —que desciende del lugar 40 al 49 entre 2022 y 2025— y el estancamiento de la justicia penal en torno al lugar 48 reflejan una crisis de eficacia. El ciudadano no solo enfrenta mayor inseguridad, sino que encuentra mayores dificultades para resolver sus conflictos conforme al derecho. Aquí el desafío no es meramente normativo. No se trata de dictar nuevas leyes, sino de hacer funcionar las existentes. La experiencia comparada recogida por la OCDE muestra que los sistemas judiciales eficaces no son necesariamente los más complejos, sino los más rápidos, accesibles y previsibles. El gobierno debería, por tanto, orientar su acción a reducir tiempos procesales, fortalecer la independencia judicial y mejorar la ejecución de las decisiones, evitar la tentación —frecuente en contextos de crisis— de subordinar la justicia a objetivos políticos inmediatos.

Un tercer ámbito de desafío se sitúa en la calidad del Estado y la integridad pública. Los datos del WJP muestran un retroceso en ausencia de corrupción y cumplimiento regulatorio. Aunque Chile mantiene niveles relativamente altos en comparación regional, la tendencia es descendente. Esto sugiere que el problema no es aún estructural, pero sí incipiente. La dificultad aquí es de orden más profundo. La corrupción no solo se combate con sanciones, sino con una cultura institucional de responsabilidad. La evidencia del Banco Mundial ha subrayado que la calidad regulatoria y la transparencia son condiciones para la eficacia del Estado. Un gobierno orientado a restaurar el Estado de Derecho deberá, por tanto, evitar dos extremos igualmente nocivos: el de la sobrerregulación —que genera arbitrariedad y discrecionalidad— y el de la desregulación desordenada —que debilita la capacidad del Estado para actuar.

A estos desafíos se suma uno de carácter más delicado: la preservación de los derechos fundamentales y de los límites al poder. Los datos muestran que estos factores se han mantenido relativamente estables, con puntajes cercanos a 0,74–0,75. Sin embargo, esta estabilidad es frágil. La experiencia internacional muestra que los procesos de restauración del orden pueden derivar, si no son cuidadosamente conducidos, en una expansión indebida del poder estatal. Aquí se juega una tensión clásica de la filosofía política: la relación entre seguridad y libertad. El gobierno, cuyo discurso enfatiza la autoridad y el orden, deberá demostrar que es posible fortalecer la seguridad sin erosionar los derechos. De lo contrario, correría el riesgo de sustituir una forma de debilitamiento del Estado de Derecho por otra distinta.

Existe, además, un desafío de carácter más estructural, que remite a la orientación del Estado. El análisis de la última década sugiere que la expansión normativa —característica de los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric— no se ha traducido en una mayor eficacia institucional. Por el contrario, ha coexistido con el deterioro de factores clave como seguridad y justicia. El gobierno deberá decidir si mantiene esa lógica de proliferación normativa o si opta por una estrategia distinta: reducir la complejidad regulatoria y concentrarse en el cumplimiento efectivo de las normas existentes. La evidencia comparada sugiere que los países con mejores resultados en el índice del WJP no son aquellos con más leyes, sino aquellos donde las leyes se cumplen.

Finalmente, se plantea un desafío de naturaleza más profunda, que no puede resolverse únicamente mediante políticas públicas: la reconstrucción de la confianza en las instituciones. El Estado de Derecho no es solo un sistema de normas, sino una realidad vivida que descansa en la convicción de que la ley es justa y se aplica efectivamente. Cuando esa convicción se debilita, el derecho pierde su fuerza integradora. La restauración de la confianza exige coherencia, estabilidad y ejemplaridad en el ejercicio del poder. No basta con gobernar eficazmente; es necesario gobernar de modo tal que el ciudadano perciba que la autoridad está sometida a la misma ley que pretende hacer cumplir.

En suma, los desafíos del gobierno, no consisten en redefinir el Estado de Derecho desde sus fundamentos, sino en restituir su eficacia allí donde ha sido erosionada. Seguridad, justicia, calidad institucional y respeto a los límites del poder constituyen los ejes de esta tarea. El desafío consiste, por tanto, en realizar una tarea que es a la vez política y moral: reconstruir el orden sin sacrificar la libertad, y fortalecer la autoridad sin debilitar el derecho.

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FUENTE: Juan Carlos Aguilera