La firma por Gustavo Petro, presidente colombiano, de un decreto para convocar a la consulta popular que le negara el Senado de la República, está violentando el orden constitucional y democrático: pues la democracia no es solo el uso de mayorías, sino el hacerla valer a través del Estado de Derecho y con fines legítimos; lo que reclama de la república y sus instituciones una reacción severa y en contra. De no haberla, ni que dudarlo, Colombia se habrá montado sobre la deriva trágica de la que no alcanza a salir su vecina, Venezuela.
Se dice y repite, no por azar, que los venezolanos venimos del futuro. Y es que, ciertamente, tenemos nosotros a la vista esa guía de navegación aleccionadora que se ha tragado y ya frisa 26 años. La ausencia de reacción institucional en 1999 permitió que la democracia venezolana se acabase. Tras el golpe constitucional que significo la instalación y desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, no prevista ni autorizada por la Constitución de 1961 que rigiese durante la república civil de partidos y le gano al país su modernidad, hizo una caricatura de ambas. Desde ese punto liminar, en efecto, se fue desmaterializando al orden constitucional y a la nación se la pulveriza, se le rompen sus raíces antes de transformársela en diáspora hacia adentro y hacia afuera.
El territorio de lo que otrora fuese la Pequeña Venecia, es ahora un espacio vuelto camposanto y campo de concentración de secuestrados por el crimen organizado trasnacional y sus redes narcoguerrilleras y de terrorismo.
Lo peor de todo es que la comunidad internacional democrática, la de hace tres décadas, no la de ahora que es suerte peor de lo que con dejo de cinismo llama la academia anglosajona autoritarismos electivos o iliberales – reales satrapías y no simples dictaduras militares a pesar de la colusión de estos con aquellas – optó por normalizar al emergente déspota Hugo Chávez Frías. Es el ejemplo que, si bien con retraso, plagia el exguerrillero y gobernante Petro, vecino de Nicolas Maduro.
De allí que reavivar la memoria del pasado constituyente venezolano es útil y cada vez más urgente frente a las actuales generaciones, hijas de la deslocalización y la instantaneidad digital; residentes dentro de un ecosistema global donde todo queda en manos del doctor Google y la IA y se prosterna a la memoria viva. Las generaciones de Venezuela, por lo demás, son explicablemente ajenas a los orígenes de su actual tragedia, pues les dura casi dos generaciones. La mayoría de los venezolanos solo sabe de emigración, sin preguntarse sobre su porqué y verdadera realidad, pues le basta como justificación sobrevivir a la miseria patente y ante la expectativa de un futuro radicalmente rectificador que no les llega.
Lo primero de recordar es que, así como Petro sigue adelante en su empeño por sobre la gravedad del atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay – senador y dirigente del Centro Democrático que le controvierte desde cuando aquel fuese alcalde de Bogotá y este concejal y presidente del Concejo Municipal, y que ayer no más se le atraviesa desde el Senado con lo de la manida consulta popular – otro tanto hizo Chávez en 1999. Forzó la realización del referendo aprobatorio de su Constitución, en una hora de luto nacional. Entre 30.000 a 50.000 muertos se iban acumulando tras el deslave natural de Vargas, en el litoral central, mientras el país lloraba la más grave catástrofe que acusaba la nación en su historia: “Las montañas del estado Vargas, que llevaban semanas empapándose bajo unas lluvias de una intensidad inusual, comenzaron a vomitar ríos de agua, lodo y piedras hacia la costa”, recuerda la prensa escrita.
Entre tanto, este personaje, especie de animal político irracional que alcanzara a descender más abajo del nivel de la maldad haciéndola absoluta – los animales se protegen al advertir hasta los resfríos de la naturaleza – se ocupaba solo de alcanzar su ruptura con la democracia, a costa de lo que fuese. Los muertos podían esperar, pues muertos estaban muertos. Y una parte del pueblo le seguía mientras miraba la tragedia a distancia y cuando las instituciones de entonces – la Corte Suprema de Justicia y el Congreso bicameral electo en 1998 – se solazaban con el «sueño de la razón».
Hubo lugar, incluso, al desencuentro suyo con el fallecido e institucional General Raúl Salazar Rodríguez, su ministro de defensa, a quien desautoriza por haberle solicitado auxilio inmediato y de emergencia a Estados Unidos, para que ayudase en la contención y morigeración de la hecatombe humanitaria y atendiese a los otros miles de víctimas sobrevivientes, ayudando, además, al encuentro de los desaparecidos.
Fidel Castro exigió evitar el auxilio norteamericano y el presidente venezolano asintió, sin titubear. Hasta el ministro del interior, Ignacio Arcaya, recién fallecido y emblemático diplomático de la democracia, entro en crisis, dadas las gravosas circunstancias. El gendarme emergente y su tutor, ciertamente, se mostraban como lo que fueron, personajes sin alma ni espíritu. La muerte de inocentes no les arredraba, la sangre les estimulaba en la búsqueda del poder que les servía sin obligarles a servir.
El desmantelamiento democrático
Pero volvamos a lo central. En 1998, los partidos democráticos venezolanos vivían su crisis, pero no habían desaparecido de la escena. En la elección parlamentaria de ese año, previa a la de Chávez como candidato presidencial, el movimiento político de este alcanzó a ser una primera minoría. El resto de los diputados y senadores de las otras varias minorías – los del Pacto de Puntofijo y sus desprendimientos – tenían los votos suficientes para controlar a las Cámaras y defender la existencia del Congreso de la Republica como institución representativa de la soberanía popular. Prefirieron no hacerlo.
La Constituyente se auto declara titular del poder soberano originario y elimina al Congreso. Instala en su defecto un «congresillo» integrado por diputados escogidos a dedo por el mismo Chávez y sus constituyentes. Entre tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia optan por no confrontar a la Constituyente. Y esta, antes bien, procedió a destituir a todos los jueces de Venezuela sin que pudiesen ejercer sus derechos a la defensa. Los sustituyó por jueces nombrados a dedo, provisionales, afectos a la revolución, nombrados para legalizar las ilegalidades de la naciente dictadura.
Que, si Chávez y el chavismo eran una mayoría, y como mayoría cabía respetarla en su voluntad por ser regla de la democracia, se decían para si los gobiernos extranjeros, tolerantes y hasta cómplices, en esa la época, incluidos los democráticos. Pero era falsa la consideración y lo sabían, incluso Estado Unidos. Pero resumamos esta perorata.
En 1999 se forma la constituyente con el voto de 5 millones de venezolanos por sobre un registro poblacional de 23 millones. Vota a favor de esta el 46 %. El chavismo obtiene el 65% de los votos y se queda con 121 escaños, dejándole a la oposición y otros partidos no alineados, sólo 7 escaños. La correlación de 1998 desapareció, extrañamente. Sucesivamente, la Constitución que se aprobara en dicho seno, contó con la aprobación popular de un 71% de votos, pero del magro 44% de la población que acudiera a votar para constituirse como república ex novo; luego de lo cual Chávez se llevó el texto hasta su escritorio, suspendió su publicación inmediata, dejó derogada a la anterior constitución para que gobernase de facto su constituyente, reconstituyó a todos los poderes públicos para que estuviesen en sincronía con la revolución, mientras se encargaba de ajustar el documento introduciéndole más de un centenar de modificaciones. Lo hace publicar en 2000.
Al termino nos quedó a los venezolanos una constitución que le permite al presidente ser legislador por decreto; cuya Justicia pasa a depender de los poderes a los que esta debe controlar; se le retiran las autonomías a los estados y municipios; se transversaliza a la Constitución con el elemento militar y de la seguridad nacional; y el venezolano común quedó en lo adelante sujeto, para desarrollar su personalidad, al criterio del Estado distribuidor de derechos a su arbitrio. Por si fuese poco, se ha de leer el texto constitucional en consonancia con la doctrina de Simón Bolívar: ¿la del poder vitalicio boliviano de 1826?
Así se transformó Venezuela en una dictadura despótica criminal, de falsas mayorías, que no cesa pasados más de cinco lustros, y que las democracias de Occidente han aceptado en proporción a sus posibilidades petroleras y los negocios que pudo impulsar, corrompiendo a no pocos actores externos. Nadie se quejaba hasta ayer, cabe decirlo, mientras Chávez y Maduro expandían su modelo hacia la región, para que sus gobernantes permaneciesen en el poder alegando el «derecho humano» a la reelección perpetua.
La consecuencia ominosa está a la vista. La conoce el mundo. Venezolanos emigrando por el planeta y tocando a puertas que no se les abren esta vez es lo común, mientras el terrorismo de Estado y los carteles siguen luchando por los espacios de impunidad. Poseen a Venezuela y van por Colombia. Los venezolanos venimos del futuro, cabe machacarlo.
