El acto electoral de Delcy

En realidad, lo del pasado lunes 20 de julio fue un acto electoral, un grotesco intento de procurar la interrupción del duelo, como si la dádiva fuese a borrar el dolor de los seres queridos desaparecidos, de los mutilados, de todo lo perdido.

El evento estuvo envuelto en claro populismo con una Delcy Rodríguez vestida de blanco protagonizando un inútil esfuerzo de parecer angelical.

Fue la presunta entrega -presunta, porque con ellos nunca se sabe- de las llaves de 240 apartamentos que, según comentarios previos de Jorge Rodríguez, venían siendo usufructuados con la complacencia oficialista por militantes del ala roja, nadie sabe a cuenta de qué. Bueno es recordar que esta entrega no es una dádiva: es su obligación. El Estado debe reparar a quienes han perdido su hogar.

En todo caso, el evento fue el desarrollo de un planificado relato de normalización del régimen que trata como asunto secundario las cifras de desaparecidos, la identificación de víctimas, la investigación de responsabilidades y los mecanismos de reparación a las viviendas, y donde una vez más, Delcy desplegó su ausencia de empatía aun cuando armó un escenario para apoyar su histrionismo escenificado como compasión.

Sin embargo, Delcy no logra ocultar su prisa por saltar la tragedia, por eso se apresura a hablar de futuro, a prometer para el próximo año, saltando por encima de los muertos y del dolor de sus familiares, en una especie de borrón y cuenta nueva.

Pero limpiar la sangre no anula la culpa. Las víctimas saben muy bien que ella es la jefa responsable de quienes los han abandonado, que nada hizo para evitarlo y que conoce además cómo funcionarios militares y civiles han despreciado a las víctimas, premiando y condecorando a los que bloquearon a rescatistas, obstaculizando el traslado de donaciones como alimentos y ropa, secuestrando equipos imprescindibles para recuperar vivos y muertos, y menospreciando a los heridos dejándolos en abandono.

Por eso Delcy no se refirió al número de desaparecidos, ni a un cronograma de identificación de fallecidos, ni a procesos de entierro; tampoco informó sobre la investigación de lo sucedido considerando las dimensiones de una tragedia. Ella en su discurso minimiza el número de víctimas, ignorando cualquier rendición de cuentas de lo que significa semejante tragedia. Mucho menos informa sobre mecanismos de reparación distintos a los de la vivienda, cuya efectista entrega quedará en número muy alejado de la cantidad de damnificados.

Por eso los familiares en La Guaira insisten: “Nos han dejado solos. Los del oficialismo nos dicen: nosotros no tocamos muertos; sáquenlos ustedes y nos llaman para cerrar las bolsas”.

El régimen también procura que no se escarbe sobre la génesis de la tragedia que mantiene a los venezolanos en un duelo colectivo. Incluso para quienes vivimos fuera del país.

Según Delcy para fin de año habrá entregado 4 mil viviendas, cifra muy superior a las supuestamente otorgadas en este evento. Se trata de claras promesas que conforman el plan de transformar el sentimiento humano en escenografía política.

Como si la desaparición del dolor se pudiese decretar. Tratando Delcy de ocultar su ausencia de empatía, evidenciada entre otras circunstancias al negar apoyo para rescatar los cuerpos sepultados bajo escombros, tal vez esperando que se conviertan en un riesgo ambiental y de salud pública, y con esa excusa, llevarlos a cremar en vertederos.

Bueno es recordar que, en el terremoto de 2023 en Hatay, Turquía -país amable aliado del régimen- la dictadura trasladó rápidamente los escombros a enormes vertederos sin suficientes controles. El proceso fue ejecutado a pesar de las críticas de médicos, abogados y ambientalistas que advirtieron que el problema podía convertirse en una crisis sanitaria y ambiental a largo plazo.

En esto hay un aspecto fundamental porque no solo se trata de salud pública; y es que desde la perspectiva de derechos humanos existe la potestad de recuperar e identificar a sus seres queridos. Entonces es válido sospechar de un régimen que, saboteando el rescate de víctimas, pareciera apostar al argumento de riesgo sanitario.

Una tragedia no concluye con el paso de los días. Las víctimas sobrevivientes tienen derecho a la verdad, a conocer qué ocurrió y que sea investigado. También tienen derecho a la reparación. La entrega de viviendas puede formar parte de una indemnización, pero nunca sustituye al esclarecimiento, la rendición de cuentas y que se haga justicia.

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