¿Cómo puede un fiscal liderar una investigación contra un régimen cuando su propia familia ha tenido vínculos millonarios con quienes se benefician de la impunidad?
El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
AFP Nicolás Maduro estrechando la mano del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante su visita al país, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 22 de abril de 2024.
AFPLa Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo, que el fiscal Karim Khan incurrió en un grave conflicto de intereses que obstaculizó por años la búsqueda de justicia contra Nicolás Maduro y sus cómplices en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La decisión, que obliga a Khan a apartarse del caso conforme a la Regla 35 del Reglamento de la Corte, no solo pone en entredicho la integridad de una investigación crucial, sino que resuena como un eco del clamor de un pueblo que exige verdad y reparación.
La noticia cayó como un centellazo en una Venezuela desgarrada por el dolor, la represión y la impunidad.
Durante demasiado tiempo, el país se preguntó por qué los organismos internacionales parecían incapaces de castigar a los responsables de tanto sufrimiento.
Nuestra patria, que ha visto morir a centenares de jóvenes y a millones de sus hijos huir del hambre, la violencia y la persecución, había depositado en la CPI la esperanza de que los perpetradores de crímenes atroces enfrentarían la justicia.
Por años, las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales habían esperado con el corazón en vilo, confiando en que la Corte emitiría órdenes internacionales de captura contra la banda de delincuentes que ha destruido una nación, saqueado sus recursos y asesinado y torturado a miles de compatriotas.
Sin embargo, la revelación de los vínculos entre Karim Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra —contratada por millones de dólares para defender al régimen de Maduro—, empañó esa esperanza, dejando un amargo sabor.
Era inaudito que Khan, el fiscal acusador, tuviera una relación familiar, profesional y jerárquica con la defensora del régimen y siguiera conociendo del caso como si nada.
La Fundación Arcadia, al presentar la solicitud de recusación, expuso esta verdad intolerable, demostrando que la imparcialidad, pilar fundamental de la CPI, estaba gravemente comprometida.
La justicia, para ser legítima, no solo debe serlo, sino parecerlo.
En este caso, la sombra de la duda era innegable, manchando un proceso que debía ser intachable.
La pregunta, lógica y profundamente humana, golpeaba el corazón de cada venezolano que ha sufrido la brutalidad de un sistema que silencia, reprime y destruye.
Esta decisión no es un simple revés administrativo; es un recordatorio de la fragilidad de la justicia en un mundo donde los intereses personales y políticos a menudo se entrelazan.
Para las víctimas, representa un nuevo capítulo de incertidumbre en una historia escrita con sangre y lágrimas.
Imaginen a una madre que perdió a su hijo en las protestas de 2014 o 2017, a un joven que lleva las cicatrices de la tortura en su cuerpo y alma, o a quienes aún sufren tratos crueles e inhumanos en las inmundas cárceles del régimen.
Para ellos, la CPI no es solo una institución lejana en La Haya; es un símbolo de redención, una señal de que el mundo no ha olvidado su sufrimiento.
La recusación de Khan, aunque necesaria para preservar la integridad del proceso, es también un doloroso recordatorio de que la justicia, incluso en sus más altas esferas, no está exenta de caer en la corrupción y la inmoralidad.
Sin embargo, la decisión de la Sala de Apelaciones demuestra que la CPI no es ciega a sus propios estándares éticos.
Al apartar a Khan, la Corte reafirma su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, valores esenciales para mantener la confianza de las víctimas y la comunidad internacional.
Este paso podría considerarse un acto de valentía institucional, una señal de que la justicia, aunque lenta y a veces tambaleante, sigue siendo una meta digna de perseguir.
El pueblo venezolano, resiliente y forjado en años de lucha, no debe perder la fe.
Exige, con justa razón, la inmediata emisión de órdenes de captura contra Maduro y sus secuaces.
Esta decisión es una oportunidad para que la CPI demuestre que su compromiso con las víctimas trasciende los errores humanos y los intereses personales.
Es un llamado al próximo fiscal asignado para que actúe con la integridad y la determinación que las víctimas merecen.
En cada expediente de la CPI, en cada testimonio de dolor, hay una historia humana que clama por ser escuchada.
Las madres, los hermanos, los amigos de aquellos silenciados por el régimen seguirán alzando su voz.
Aunque el camino hacia la justicia esté plagado de obstáculos, cada paso es un tributo a su resistencia.
La salida de Karim Khan no marca el fin de la lucha, sino un recordatorio de que la justicia, como la verdad, siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los tiempos más oscuros.
Descarga LA APP