Al contrario que el Gobierno, la institución monárquica goza de un extraordinario prestigio entre los españoles. Tenemos unos reyes inteligentes y divertidos, y unas princesas educadísimas y simpáticas. Pero es que además, son todos guapos, da gusto verlos en las fotos de familia, aman a España y es un amor recíproco. Comprendo que los republicanos estén en su momento de máxima frustración: sería un verdadero drama dar al pueblo a elegir entre Felipe VI y Doña Letizia, y Pablo Iglesias e Irene Montero. No hay ningún debate real en España. No hay ninguna revolución del pueblo en España. Por un lado porque lo de la guillotina nos parece una grosería, y por otro porque la experiencia nos dice que nuestros republicanos son solo comunistas frustrados por no poder tener sangre azul. No es que no quieran privilegios, es que los quieren para ellos. En el último siglo, si alguien ha demostrado amor y entrega al pueblo español han sido sus reyes. Y si alguien ha demostrado desprecio, han sido sus líderes republicanos, casi todos obsesionados con el poder y la sangre. Hasta el español más republicano sabe que España hoy es una democracia porque es una monarquía.
Nadie se acordará de vosotros
Don Juan Carlos es alguien que recibió en herencia todo el poder desde una dictadura y decidió impulsar la Transición a la democracia, y limitar hasta el infinito su propia capacidad de mando, para que ahora tipos como la banda de espontáneos que okupa el Gobierno puedan pasearse en el coche oficial como matones de discoteca, mancillando el honor del propio Rey, y presentándose como los inventores de la democracia. A ver. Que cuando el rey don Juan Carlos heredó la jefatura de Estado de Franco en 1975, es decir, cuando el monarca tuvo todo el poder de España en sus manos y decidió entregarlo a los españoles, Pedro Sánchez tenía tres añitos y a Pablo Iglesias ni siquiera lo habían empezado a proyectar en la comuna. Y los dos se nos presentan como los inventores de la democracia. A lo mejor os lo han contado mal. Pero no fue Carrillo el que hizo la Transición sino don Juan Carlos, y no fueron los socialistas sino los franquistas. Un drama para ellos: ni siquiera juntando a todos los dirigentes socialistas y comunistas de la Historia lograrían sumar la mitad de la prosperidad, el prestigio y el bienestar que don Juan Carlos trajo a los españoles.
En los últimos meses, el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha estado presionando a la Casa Real para que se produjera este absurdo movimiento de don Juan Carlos, que con sus 82 años estaba ya por propia voluntad retirado de la vida pública. Era una insistencia vana pero eficaz según su propósito: humillar al padre y al hijo para debilitar toda la institución. En síntesis, el Gobierno busca abrir una crisis institucional porque como todo animal revolucionario necesita la excepcionalidad para desplegar su apuesta totalitaria.
No hay ninguna acusación contra don Juan Carlos. No hay nada. Como tampoco había nada contra Rajoy cuando Sánchez e Iglesias lanzaron la moción de censura. Y no es don Juan Carlos el problema, como tampoco lo era el lugar donde estaba enterrado Franco cuando decidieron pasear su momia por todos los telediarios en un espectáculo de necrofilia ciertamente patológico. El problema del Gobierno es España. España, su Historia, y los españoles, en el caso de Iglesias; y en el de Sánchez, lo es también la adicción al Falcon, y esa agotadora necesidad de ser el perejil de todas las salsas.
Desprecian a España y a los españoles tanto como don Juan Carlos y Felipe VI aman a España y aman a los españoles. Todo el mundo lo sabe. Van a por don Juan Carlos como irán a por Felipe VI. Porque la monarquía es en 2020 el último bastión contra el totalitarismo –“¿por qué no te callas?”– y por la libertad en España, como quedó claro tras el golpe de Estado secesionista en Cataluña. De modo que pueden fingir fervor popular justiciero, y sacarle brillo a todas las guillotinas que deseen, pero han perdido la batalla antes de empezar, precisamente por aquello que dejó escrito Gómez Dávila y que tanto les molesta: “El pueblo, al cabo de unos años, olvidaría el nombre de los demagogos ilustres, si sus sucesores no obligaran al contribuyente a costearles ritos conmemoratorios. La memoria popular sólo hospeda nombres de reyes”.
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