El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró este viernes inconstitucional la ley con la que el Parlamento de ese país, controlado por los opositores, pretendía entregar la propiedad de los inmuebles de la Misión Vivienda, uno de los programas sociales del chavismo, a los beneficiarios.
La Sala Constitucional del TSJ "declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y otros Programas Habitacionales del Sector Público, sancionada por la Asamblea Nacional (AN; Parlamento) el 13 de abril del año en curso", informó el máximo tribunal en un comunicado.
El pronunciamiento de la máxima instancia del Poder Judicial se hizo tras la solicitud del presidente de Venezuela, el chavista Nicolás Maduro, que desde que se conoció la iniciativa legislativa manifestó su rechazo a la norma y posteriormente solicitó al TSJ que determinara su constitucionalidad.
La legislación, que fue aprobada en el pleno con el voto de los opositores, que ocupan 109 de los 163 escaños de la Cámara, permitiría a los beneficiados gozar de todos los deberes y derechos de propietarios, algo que, según los opositores, les es negado actualmente.
El proyecto de ley fue una promesa de campaña de los opositores, presentado por el jefe de la bancada parlamentaria opositora, Julio Borges, y aprobado solo con los votos de la oposición, cuyos representantes aseguraron que estas viviendas son entregadas bajo condiciones que prohíben la venta, el traspaso, alquiler o la hipoteca del inmueble.
EL TSJ concluyó que "la finalidad de la misma es otorgar gratuitamente la propiedad de las unidades habitacionales adjudicadas por el Estado (...) es decir, convertir el bien inmueble destinado a garantizar un derecho social en una mercancía susceptible de ingresar al mercado para ser transada (comercializada)", señala la sentencia.
Asimismo destacó la "usurpación de funciones" que, según el fallo, cometió la AN al "condonar las deudas contraídas por los beneficiarios de esta política pública", una de las decisiones tomadas por el Parlamento cuando aprobó la norma.
La GMVV, puesta en marcha en 2011, es uno de los programas bandera del Gobierno venezolano a través del cual, según cifras del Ejecutivo, se han otorgado un millón de viviendas a familias de bajos recursos.
Hasta ahora el TSJ ha anulado todas las leyes emanadas del nuevo Parlamento, menos una. Esto incluye la ley de Amnistía y las reformas a las leyes del Banco Central de Venezuela y del propio TSJ. La Ley de Bono para Pensionados fue declarada constitucional, pero el Poder Judicial exigió a la AN garantizar su viabilidad económica ante el Ejecutivo, que hasta ahora se ha negado a escuchar.
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