Todos contra el reloj de arena

El reloj de Donald Trump tiene una fecha marcada: noviembre de 2026, mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero. No es casual que Trump haya vinculado recientemente la evolución de los precios del petróleo con el calendario electoral estadounidense.

Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y La Industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas.

El reloj de Delcy Rodríguez tampoco da tregua. La apertura petrolera y económica debe traducirse en algo que el ciudadano pueda tocar: electricidad, empleo, agua, servicios, ingresos; porque anunciar miles de millones de dólares es relativamente sencillo, pero lograr que el venezolano vea un cambio en su vida es otra historia.

El acuerdo petrolero con Washington, que contempla 17 campos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, revela hasta qué punto el petróleo está en el centro de esta transición.

Y mientras el petróleo cuenta barriles, la política cuenta días.

Boris Muñoz ha planteado una pregunta incómoda: si Washington necesita controlar las condiciones políticas para administrar la riqueza petrolera venezolana, ¿estamos ante una transición democrática o ante una fórmula de estabilidad que permita garantizar objetivos estratégicos? Es una interpretación, no una respuesta definitiva, pero merece ser discutida.

Y ahí entra María Corina Machado. Su regreso dejó de ser solamente una decisión personal. Hoy forma parte del tablero político.

La propia Machado ha reconocido que la posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en la decisión sobre cuándo volver. Cada día adicional fuera del país modifica el escenario, para bien o para mal, porque en política el vacío también hace política.

El reloj de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, en cambio, tiene fechas más concretas: octubre para derechos políticos y civiles; noviembre para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral.

Pero después del CNE viene la pregunta que nadie debería poder esquivar:

¿Cuándo votamos?

Porque renovar instituciones no es todavía devolverle al ciudadano su poder de elegir. Un CNE nuevo puede ser una condición necesaria; no es, por sí mismo, una elección.

Y aquí está la paradoja de esta transición: Washington tiene objetivos geopolíticos; Delcy necesita estabilidad y resultados; la oposición necesita preservar su capital político; los negociadores tienen cronogramas; los empresarios cuentan inversiones.

Mientras tanto, el venezolano cuenta apagones, cuenta días sin respuesta, cuenta presos políticos, cuenta salarios que no alcanzan; en fin, cuenta años esperando una elección libre.

Todos tienen un reloj, pero solo uno tiene 24 horas.

Y cuando caiga el último grano del reloj de arena, no bastará con explicar quién ganó tiempo, quién perdió influencia o quién consiguió el mejor acuerdo.

Alguien tendrá que responder la pregunta más sencilla de todas: ¿Cuándo podrá Venezuela volver a decidir por sí misma?

Porque una transición sin fecha electoral corre el riesgo de convertirse en otra espera.

Y Venezuela ya ha esperado demasiado.

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