Continental Resources operará en la Faja del Orinoco y Heeney Capital, en las minas de oro del Chocó. Licencia General 52C permite negocios directos con PDVSA
Harold Hamm, presidente de Continental Resources y Joavanny Martínez, vicepresidente de PDVSA, firmaron el acuerdo. (AFP)
HOUSTON.- Las operaciones estratégicas de Estados Unidos y Venezuela marchan a todo dar y con mucha prisa, casi a diario se firman convenios petroleros y mineros con la anuencia de la administración Trump que da su aval e incluye las modificaciones de licencias que, si bien no eliminan del todo las sanciones sobre el país suramericano, por lo menos, la flexibilizan y abren campos para que empresas estadounidenses cierren tratos con Caracas.
Este miércoles, las autoridades venezolanas firmaron acuerdos para invertir en estos dos sectores con el respaldo del presidente Donald Trump.
Desde la captura en enero del derrocado Nicolás Maduro, Trump se alió con Caracas y pretende explotar los vastos recursos de Venezuela, que tiene la mayor reserva probada de petróleo en el mundo, de la cual 65 mil millones de barriles estarán bajo la órbita estadounidense mediante la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), cuyo propietario es el polémico y cuestionado empresario Alejandro Betancourt.
Estados Unidos aprovechó una reunión del G20 en Houston para hacer el anuncio de los nuevos inversores.
Continental Resources firmó un acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para operar y desarrollar el Bloque Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela.
Situado en el estado de Anzoátegui, este bloque contiene unas reservas estimadas de 30,000 millones de barriles, lo que equivale al 10% de las reservas del país, donde la compañía planea tener una participación del 100%.
“La decisión de una empresa de la escala de Continental de asociarse con PDVSA, envía una poderosa señal de confianza en Venezuela y demuestra que las principales compañías energéticas internacionales están listas para participar en la recuperación de nuestra industria energética”, dijo Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, durante la firma del acuerdo.
“Este acuerdo no es un hecho aislado. Se basa en el fuerte impulso generado por una serie de acuerdos importantes en los últimos meses, desde el histórico acuerdo petrolero binacional entre Venezuela y Estados Unidos hasta nuevas alianzas con algunas de las compañías energéticas más destacadas del mundo”, agregó.
Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos tomaría el control de campos petroleros con un potencial de producción estimado en 65 mil millones de barriles. Trump invitó a Venezuela, que no es miembro del G20, a la reunión de ministros de Energía en Houston.
Harold Hamm, fundador de Continental, dijo estar acostumbrado a los desafíos. “Lo hicimos con la perforación horizontal, que revolucionó el sector e impulsó el renacimiento en Estados Unidos, y sin duda creemos que podríamos hacer lo mismo aquí (en Venezuela)”.
Para el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, se trata de un “acuerdo histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela para convertir al hemisferio occidental en el centro del sistema energético global”.
Una estrategia que lleva adelante mientras la guerra que mantiene con Irán dispara los precios del combustible.
Por otro lado, Heeney Capital, que a principios de mayo ya había suscrito acuerdos con Caracas, anunció este miércoles un nuevo convenio para operaciones de oro en minas del Chocó.
“Nos entusiasma ser la primera empresa estadounidense en invertir en el sector minero venezolano, que consideramos el sector minero más dinámico del hemisferio occidental”, dijo Sean Pi, cofundador de la compañía con sede en Nueva York.
La Administración del presidente Donald Trump amplió significativamente la participación de compañías estadounidenses en la industria energética de Venezuela, al permitirles negociar directamente con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y comercializar crudo venezolano incluso fuera de Estados Unidos.
La decisión fue formalizada mediante la Licencia General 52C, emitida el 14 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El documento sustituye completamente la Licencia General 52B, aprobada el 27 de agosto de 2026.
El nuevo esquema no elimina las sanciones impuestas a PDVSA. En cambio, transforma su funcionamiento: las empresas estadounidenses podrán hacer negocios con la petrolera estatal, pero deberán cumplir condiciones contractuales, financieras y de información determinadas por Washington.
La apertura incluye la extracción, exportación, reexportación, venta, almacenamiento, transporte y comercialización de petróleo y productos petroquímicos venezolanos. También permite suministrar diluyentes, tecnología, bienes y servicios, firmar nuevos contratos de inversión y constituir empresas conjuntas vinculadas con los sectores de petróleo, gas y petroquímica.
También esta licencia beneficia a entidades constituidas bajo las leyes de Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025, ya que podrán realizar transacciones con PDVSA, así como con empresas en las que la petrolera venezolana posea directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%.
También quedaron autorizadas las operaciones con el Gobierno de Venezuela que sean necesarias para ejecutar los negocios permitidos por la licencia.
La medida no limita las ventas al mercado estadounidense. Las compañías podrán colocar petróleo y productos petroquímicos venezolanos en otros países, aunque estarán sometidas a estrictos requisitos de información.
Después de efectuar la primera operación internacional, deberán presentar un reporte ante los departamentos de Estado y Energía dentro de un plazo de 10 días.
Los informes posteriores tendrán que entregarse cada 90 días mientras continúen las operaciones e incluirán:
Aunque la licencia abre el mercado a compañías estadounidenses, Washington conservará el control sobre los recursos destinados a personas o entidades bloqueadas.
Los pagos dirigidos a sujetos sancionados deberán ser depositados en los denominados Foreign Government Deposit Funds, salvo aquellos relacionados con impuestos locales, permisos y determinadas tasas.
El Departamento del Tesoro también podrá ordenar que los fondos sean colocados en otras cuentas designadas por las autoridades estadounidenses.
FUENTE: Con información de AFP/La Estrella de Panamá
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