Dos semanas después de anunciarse investigaciones por supuestas operaciones de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, la Fiscalía General de Venezuela pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos, informó este martes la titular de esa entidad, Luisa Ortega Díaz.
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"Ya solicitamos, a través de la Cancillería, que se nos informe de los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos", declaró la fiscal general a los periodistas, en alusión especialmente en la sede suiza del banco británico HSBC y filiales de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
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El líder democristiano venezolano Roberto Enríquez exigió la semana pasada que el presidente Nicolás Maduro gestione la repatriación de depositados sin justificación y aseguró que fuentes de organismos internacionales los calculan en unos 350.000 millones de dólares, monto unas 17 veces mayor a los 20.000 millones de dólares de la reserva monetaria internacional del país.
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La cifra, añadió Enríquez, le fue revelada en una reciente reunión que, dijo, mantuvo con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
"Nosotros estamos investigando eso, no por la denuncia que hayan consignado recientemente factores de la oposición al Gobierno, sino porque el Ministerio Público desde antes lo está haciendo", añadió al respecto la fiscal general.
Desde las filas oficialistas también se ha requerido que Maduro actúe y en ese sentido el gobernador del estado Táchira (oeste), José Gregorio Vielma Mora, le pidió sancionar una ley que permita repatriar bienes no justificados de venezolanos en el exterior.
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Vielma Mora sugirió a Maduro que aproveche que la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) le ha concedido poderes legislativos especiales hasta el 31 de diciembre próximo para proceder a dictar normas que garanticen que regresarán a las arcas públicas todos los bienes "mal habidos".
